El Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del Comité de los Derechos del Niño del Uruguay (CDNU) y la Asociación Nacional de ONG Orientadas al Desarrollo (Anong) presentaron este miércoles un diagnóstico general sobre distintos tipos de violencia que son ejercidas contra niñas, niños y adolescentes, los dispositivos e instrumentos para su prevención, detección y denuncia, y las fallas y debilidades en la respuesta del Estado. El informe aborda en específico cuatro tipos de violencia: abuso sexual, embarazo forzado, explotación sexual y violencia sexual en entornos digitales.
La elaboración del diagnóstico se enmarca en el programa “Defendiendo nuestros derechos sexuales y reproductivos” de la Red de Coaliciones del Sur y organizaciones aliadas en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Venezuela y Uruguay e incluye un apartado con el estado de situación de estas violencias en cada uno de estos países.
El capítulo ampliado sobre Uruguay recopila y sintetiza la información obtenida a través de 18 entrevistas con profesionales vinculados al tema ‒tanto del sector público como de la sociedad civil–, el análisis de cinco casos específicos y el estudio de la normativa nacional, las políticas públicas y los datos estadísticos oficiales.
Políticas y presupuesto insuficientes
Durante la presentación del diagnóstico, Tamara Samudio, representante de Anong, reveló algunos de los hallazgos que plantea el informe en materia de la normativa vigente, presupuesto destinado a políticas públicas y sistematización de situaciones de violencia sexual en las infancias y adolescencias.
Con relación a las leyes y normas, Samudio señaló que Uruguay adhirió a acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y relacionados al abordaje de la violencia hacia niñas, niños y adolescente y, además, “ha ajustado” la normativa nacional en consonancia con esos acuerdos ratificados, aunque con “significativas demoras”. En ese sentido, destacó la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia en 2004, la Ley 17.815 de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el mismo año y la Ley 19.580 de violencia basada en género aprobada a fines de 2017, que “avanzan o, por lo menos, abordan este tipo de temas”.
Sin embargo, sostuvo que en la implementación de estas normas los obstáculos han sido “muy notorios”. Entre ellos, resaltó el hecho de “no contar con una asignación presupuestal específica” y las dificultades en “efectivizar y establecer distintos espacios institucionales en el abordaje de estas temáticas”. Añadió que a la puesta en práctica “parcial” de estas normas, se suman “las interpretaciones jurídicas y procesos judiciales” que “no toman en cuenta la normativa vigente, que son de corte conservador y vulneran derechos”, que a su vez “instalan” una mirada contra los derechos de las infancias y adolescencias.
Asimismo, Samudio apuntó que los servicios territoriales desplegados no están presentes en todos los departamentos del país, sino que están concentrados en zonas urbanas y además no cuentan con la calidad que deberían. Los servicios “no cumplen con ciertos criterios básicos, como disponibilidad y accesibilidad equitativa”, dijo, y agregó que en “muchos casos” no se respeta la confidencialidad ni se promueve “una mirada que respete y valore a las niñas, niños y adolescentes como sujetos y no como objetos de intervención”.
Por otra parte, planteó que el sistema de registro es “un problema” que se observa en distintos ámbitos. “Uruguay carece de un sistema de información que sea integral y que ponga en relieve y en evidencia las distintas situaciones de violencia general y sexual que atraviesan niñas, niños y adolescentes”, manifestó. Además, dijo que la información se releva de “forma fragmentada” y sin una periodicidad que permita obtener una evaluación de las situaciones en un momento particular y a lo largo del tiempo.
De todas formas, destacó que en los últimos años se ha realizado un “esfuerzo” desde distintos organismos del Estado para “promover el procesamiento y sistematización de información”, entre los que se destaca el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) o estudios como la Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia basada en Género y Generaciones.
En cuanto al presupuesto, Samudio comentó que la distribución del gasto público en Uruguay tiene una perspectiva “adultocéntrica” y no acompaña en “términos reales” las necesidades de las niñeces y las adolescencias. Mientras que en esta población se invierten 25 pesos cada 100 del gasto público, a los adultos mayores de 65 años se destinan 31 pesos cada 100, señaló. “Hay una diferencia importante y sustancial en el porcentaje destinado a niñas, niños y adolescentes, pero además pensemos en la situación, por ejemplo, de pobreza que existen en las distintas etapas etarias. La niñez y la adolescencia se encuentran en peores circunstancias y enfrentan mayores dificultades para salir de esta situación”, manifestó. Samudio subrayó que un punto “fundamental” a tener en cuenta es que las niñas, niños y adolescentes no participan ni tienen voz activa en “ningún ámbito y aspecto normativo, ni de desarrollo en implementación de la política pública”. También destacó la “falta de formación a nivel de operadores en territorio y en diferentes ámbitos estatales de abordaje o que tienen vínculo con las infancias y adolescencias sobre las formas de violencia sexual”.
A su vez, dijo que en las entrevistas con profesionales surgió más de una vez la preocupación en torno a conceptos sociales vinculados a estos temas, como la idea de que se trata de “algo privado” y que, por lo tanto, de “eso no se habla”. “Hay pautas culturales que reproducen esas violencias y, en la medida en que no se aborden como problema o como política, continuarán los obstáculos”, expresó.
Violencias sexuales en la niñez y la adolescencia
Por su parte, Fabiana Condon, también representante de Anong, se detuvo en la presentación de algunos obstáculos específicos en la prevención, atención y respuesta a cada una de las formas de violencia analizadas en el informe. Destacó así la incorporación de testimonios en el análisis de las situaciones de abuso sexual, embarazos forzados, explotación sexual y violencias en entornos digitales, porque a través de las experiencias concretas “se materializa si existe una respuesta efectiva o no”.
En la atención al abuso sexual, el informe determinó que, si bien se han desarrollado acciones puntuales para la prevención de esta forma de violencia, no existen servicios especializados en todo el país ni capacidad de respuesta para todas y todos quienes la necesitan. “El organismo que respondió tener servicios especializados fue el INAU [Instituto del Niño y Adolescente], que tiene nueve servicios distribuidos en 19 departamentos”, expresó Condon, y señaló que entre todos disponen de “poco más de 500 cupos”, cuando en 2020 el Sipiav reportó cerca de 1.000 situaciones de abuso sexual.
Además, “no existe un sistema coordinado de registro” de las situaciones de abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes, dijo Condon, y agregó que existen barreras en el acceso a información y datos concretos al respecto. En ese sentido, subrayó la falta de registro de estas situaciones en algunos departamentos del país.
En relación con los embarazos forzados, en comparación con otros países de la región, destacó que Uruguay “avanzó en la posibilidad de tener normativa para la interrupción voluntaria del embarazo” y “normas con una mirada sobre este problema”. No obstante, dijo que se identificaron “obstáculos importantes” en el cumplimiento de estas leyes y la falta de reconocimiento del embarazo forzado en niñas y adolescentes como una forma de violencia sexual. El diagnóstico determinó la existencia de varias dificultades en la respuesta, atención y protección de las niñas y adolescentes que transitan estas situaciones, que se concentran en su mayoría en el interior del país.
Con respecto a la explotación sexual y la trata de personas, se observaron las mismas dificultades: aplicación parcial y desconocimiento de las normas e inequidades territoriales.
Respecto de este tipo de violencia sexual, Condon señaló que, en la identificación de este problema, “hay vacíos muy importantes para garantizar la protección” de las niñas, niños y adolescentes, “sólo hay un servicio especializado en el abordaje de la explotación sexual y su respuesta se concentra en Montevideo” y “hay problemas en el acceso a la Justicia”.
Además, dijo que se registraron “retrocesos” a nivel normativo por disposiciones incluidas en la ley de urgente consideración, específicamente en el capítulo vinculado a la justicia penal de adolescentes. “Las y los adolescentes que están siendo utilizados y explotados sexualmente en el marco de redes criminales de explotación sexual y tráfico de drogas, no son reconocidos como víctimas”, expresó Condon en ese sentido.
Por último, se refirió a la violencia sexual en entornos digitales. Sobre este tema, señaló que existe “una carencia” en la respuesta al problema por la falta de políticas públicas específicas. También dijo que la falta de normativa y de información supuso una dificultad para dar cuenta del aumento de estas situaciones debido a la pandemia.