El 9 de enero de 2013, las activistas kurdas Sakine Cansiz, Fidan Doğan y Leyla Şaylemez fueron asesinadas de un disparo en la cabeza en la sede del Centro de Información del Kurdistán de París. Tenían 55, 30 y 24 años. La investigación en Francia reveló que el responsable fue Ömer Güney, un hombre que –según las pistas de la Fiscalía– habría actuado bajo las órdenes de la inteligencia turca.
Los rostros de Cansiz, Doğan y Şaylemez son los primeros que aparecen en un mosaico de imágenes de 100 mujeres que, según el Movimiento de Mujeres Kurdas en Europa (TJK-E), fueron “directa o indirectamente” asesinadas por las “políticas femicidas” del gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), que lidera el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Ellas son el centro de la campaña 100 razones, que la plataforma lanzó con el doble objetivo de “enjuiciar al dictador” y lograr que el femicidio sea reconocido como un crimen de lesa humanidad.
La iniciativa fue lanzada el 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y pretende reunir 100.000 firmas para el 8 de marzo. Las organizadoras aseguran que, en esta primera etapa, la idea es recolectar las adhesiones y publicar cada día “una razón”, es decir, la historia de una mujer asesinada. Si bien recopilan las historias de mujeres que vivían en distintas regiones del Kurdistán, quieren visibilizar todos los casos de “violencia contra las mujeres que se cometen en la República de Turquía a escala femicida, donde cada día una mujer es asesinada por la violencia machista”.
Las firmas constituirán “el primer paso para sentar las bases de los trabajos jurídicos, sociales, políticos y de acción” que emprenderá la organización con el fin de procesar a Erdogan. En la segunda fase, las activistas llevarán “las firmas, los incidentes registrados y todas las pruebas” a la Organización de las Naciones Unidas y a otros organismos internacionales “para exigir el inicio del proceso de reconocimiento del femicidio como un crimen de lesa humanidad” y “similar al genocidio”.
El TJK-E afirma que hubo un “aumento constante” de asesinatos de mujeres en Turquía desde que asumió el AKP, hace casi dos décadas. Según la plataforma “Vamos a terminar los femicidios”, en 2003 se registraron 83 femicidios y en 2020 hubo 300, a los que se suman las muertes de otras 171 mujeres en “condiciones sospechosas”.
La organización kurda denuncia además que “en muchos casos” los asesinatos de las mujeres “no son los suficientemente investigados ni los perpetradores son llevados a la Justicia”, lo que alimenta la impunidad. También asegura que, bajo el gobierno de Erdogan, fueron cerrados distintos refugios y centros de atención para mujeres en situación de violencia. A esto se suma la amenaza del mandatario de retirar al país del Convenio del Consejo de Europa para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres, también conocido como el Convenio de Estambul.
“Con el aumento del carácter agresivo de las políticas internas y externas del gobierno de Erdogan, también se han incrementado las políticas femicidas, con las que el AKP también lleva a cabo una política de ‘sociedad ácida’”, explicó Meliké Yasar, portavoz del Comité de Relaciones Internacionales del TJK-E, al periódico italiano Il Manifesto. “El fascismo, un sistema dominado por los hombres más que otros, sólo puede perpetuarse a través de la posición colonizada de las mujeres. Turquía es el país con el mayor número de presos políticos, y la violencia de género ha aumentado en un 1.400% bajo el gobierno del AKP”, aseguró.
Para la activista kurda, este crecimiento exacerbado “no es casual, ni está desvinculado de las políticas estatales”. “En las regiones ocupadas por el Estado turco, las mujeres son secuestradas, violadas, vendidas y masacradas. Es un asalto al poder y la acción de las mujeres, hechas objetos y empujadas hacia roles de género conservadores, constantemente reprimidas por el Estado y la sociedad patriarcal. Como en todo el mundo, las mujeres son una fuerza importante de resistencia en Turquía”, agregó Yasar.
Distintas leyes y decretos muestran esa tendencia conservadora del gobierno que, para las kurdas, promueve y perpetúa la violencia patriarcal. Un ejemplo es el proyecto de ley que presentó el partido de Erdogan en 2016 para reducir la pena a los violadores si se casan con sus víctimas, incluso si se trata de niñas. Desde entonces, el oficialismo busca aprobarlo sin éxito, aunque volvió a ponerlo en la agenda a principios de 2020, asegura el TJK-E en el dossier informativo que respalda la campaña.
Otros gestos que podrían parecer más sutiles marcan el tono conservador y tradicional del gobierno, dice la organización, como haber cambiado el nombre del Ministerio de la Mujer a Ministerio de Política Familiar y Social, o haber implementado un mecanismo de “consejeros familiares” para evitar los divorcios.