Este sábado se cumple un año de aquel 13 de marzo en que fueron confirmados los primeros casos de covid-19 en Uruguay. La declaración de la emergencia sanitaria activó, en ese entonces, una serie de medidas para contener el avance del virus que incluía la suspensión de las clases en todos los niveles de enseñanza, el cierre de centros de cuidados, la paralización de actividades económicas y la exhortación a un confinamiento voluntario.
La estrategia cumplió con el objetivo sanitario, pero provocó graves consecuencias económicas que afectaron de manera desigual a las mujeres, quienes antes de la pandemia eran las más perjudicadas por la precarización laboral, la informalidad y la sobrecarga de las tareas de cuidados.
Para la economista feminista Alma Espino, presidenta del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo y coordinadora del área Desarrollo y Género, faltó una perspectiva de género en el diseño de las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la crisis.
A un año de la llegada de la pandemia al país, la experta habló con la diaria sobre el impacto en la autonomía económica de las mujeres y sugirió algunas herramientas posibles para enfrentar la pospandemia.
¿Cómo impactaron las primeras medidas que se tomaron para frenar el avance del coronavirus en la vida cotidiana de las mujeres? ¿Qué evaluación, en términos generales, se puede hacer un año después?
Los efectos de la pandemia, en todas sus dimensiones, tuvieron cierta agudización entre las mujeres. Desde el punto de vista económico, los sectores más afectados fueron los que suelen tener muchas mujeres y, además, en ciertas condiciones de informalidad, que a lo mejor les impedían acceder a algunos beneficios que se establecían desde las políticas públicas. Pienso, por ejemplo, en el turismo o el trabajo doméstico. Desde el punto de vista sanitario, hay un altísimo porcentaje de mujeres en el sector de la salud y estas son las que están en la primera línea. Ahí también tenemos una sobrerrepresentación de mujeres y precisamente en los puestos de trabajo que están más en contacto con la enfermedad. Si lo miramos desde una perspectiva de género que tenga que ver con los procesos de empoderamiento y de autonomía de las mujeres, esto de instar a quedarse adentro de casa, como se dio aquí en Uruguay, fue particularmente sensible para los temas relacionados con la violencia de género. Este ya era un tema complejo y el confinamiento, justamente, genera las condiciones en las que la violencia se desarrolla con mayor amplitud, como la soledad, la pérdida de redes, la pérdida de relaciones familiares y de amistad. Además de eso, se sumó la no presencialidad en los centros educativos y de cuidados. Se podría decir que esto obligó a un trabajo adicional para las mujeres que son madres y para los varones que son padres, y es probable que haya sido así, pero hay una cosa que es real y es que, en general, en América Latina hubo retrocesos de participación laboral de las mujeres, porque hubo una vuelta a los hogares. Entonces, cuando las mujeres nos quedamos adentro de casa lo más probable es que aumentemos nuestra carga de trabajo no remunerado o de cuidados. Por otro lado, hubo una proporción importante de la población que tuvo que realizar teletrabajo, pero para poder realizar teletrabajo tenés que tener una ocupación que te permita hacerlo. Además, algunos datos que están en un trabajo que hicimos con Daniela de los Santos muestran que, aun cuando tu ocupación te permite realizar teletrabajo, las condiciones de tu vivienda, el acceso a internet o el hacinamiento, entre otras cosas, te impiden realizar eso de forma satisfactoria. Aun aquellas mujeres que lo realizan de forma satisfactoria desde el punto de vista profesional tienen el impacto del estrés y de la sobrecarga de trabajo, y esto parece haber sido bastante transversal a todas las clases socioeconómicas.
La sobrecarga de los cuidados que se agravó con la pandemia puso en la agenda, quizás por primera vez, un problema que han enfrentado las mujeres históricamente. ¿Cómo estaba posicionado Uruguay antes de la covid-19 en esta materia y cómo se para ahora?
Es cierto que a nivel del planeta el tema de los cuidados se puso sobre la mesa. Previo a la pandemia, Uruguay tenía una situación casi ejemplar en términos de haber pensado en forma colectiva y social cómo ofrecer soluciones a los cuidados. Sin embargo, y puesto en desarrollo todo el tema de la pandemia, se han dado pasos atrás. En términos, por ejemplo, de la implementación del Sistema Nacional de Cuidados [SNIC], que se ubicó en un lugar dentro del Ministerio de Desarrollo Social que no parecería ser el adecuado, porque no se están entendiendo los cuidados como un tema generalizado de desarrollo económico, social, político de un país. En nuestras sociedades, el tema de los cuidados está colocado sobre una base de importantes desigualdades. Con esto quiero decir que las personas que tienen la capacidad de resolver el tema de los cuidados en el mercado –pagando a instituciones o a personas, es decir, tercerizándolos– evidentemente liberan parte de su tiempo tanto para tareas laborales como para la participación social, política, la recreación, el estudio. Las que no pueden hacerlo o ven muy limitadas todas las demás formas de participación recurren a las mujeres de la familia o a otras mujeres que tienen condiciones similares. La pandemia obliga a tomar medidas y a darse a cuenta de la importancia de los cuidados como base de la sostenibilidad de la vida. Entonces llama la atención que, justamente en este período, en Uruguay estemos dando marcha atrás.
Un estudio de la Cepal publicado el mes pasado asegura que, durante la pandemia, la participación de las mujeres en el mercado laboral de América Latina retrocedió el equivalente a diez años. ¿Cómo es la situación actual de las mujeres en el mercado laboral de Uruguay?
La participación laboral la conocemos a partir de los datos que brinda el Instituto Nacional de Estadística (INE), teniendo como fuente la Encuesta Continua de Hogares. Esta encuesta se realizaba de manera presencial hasta 2019 y en 2020 se realizó de manera telefónica. De acuerdo a las propias recomendaciones del INE, por ahora no sería demasiado conveniente establecer comparaciones entre 2019 y 2020, entonces no podría afirmar que ha habido una caída en la tasa de actividad, pero sí parece evidente que ha habido un aumento en la tasa de desempleo. Esto quiere decir que las personas que por diferentes razones han perdido su empleo están buscando recuperarlo y no logran hacerlo. En ese sentido, la tasa de desempleo de las mujeres es superior a la de los varones. La vuelta al hogar o la imposibilidad de salir al mercado laboral en estas sociedades supone la pérdida de los ingresos. Cuando se pierden los ingresos propios se comienza a depender económicamente de otras personas y esto no supone solamente dependencia económica, supone una dependencia en términos más generales, entonces existe una pérdida de autonomía. Vi el estudio de Cepal y ellos tienen cifras como para decir eso en términos de promedio. Si en Uruguay se está dando esta pérdida de ingresos propios y esta pérdida de participación, estaríamos frente a un retroceso. La participación laboral de mujeres en Uruguay ya estaba estancada: después de unas décadas de gran incremento, se comenzó a estancar.
¿Qué medidas se podrían haber adoptado desde la política pública para amortiguar el impacto de la crisis en la autonomía económica de las mujeres?
Lo primero es poner de relieve en las políticas de comunicación del Estado el tema del trabajo no remunerado de las mujeres y la importancia de la corresponsabilidad al interior de los hogares, con una perspectiva de género. Al mismo tiempo, contar con políticas de comunicación que den difusión a la problemática de la violencia de género y, sobre todo, destinar recursos para prevenir la violencia y evitar el resurgimiento de casos, que sabemos que durante la pandemia pueden haberse incrementado. Esto incluye destinar más recursos a la Justicia para trabajar los casos de violencia. Por otro lado, destinar recursos al SNIC y colocarlo en un lugar de importancia, es decir, darle la importancia que tiene. En ese sentido, creo que hubiera sido necesario mantener, con las recomendaciones que los científicos marcaran, los entes de cuidado y los entes educativos con una mayor presencialidad.
“El mundo entero muestra que para enfrentar la pandemia no se trata de ahorrar, sino de invertir y de mejorar las condiciones, porque todos los retrocesos que vivamos ‒incluido el de las mujeres, en términos de autonomía económica‒ nos va a costar muchos años superarlos”.
¿Faltó perspectiva de género a la hora de pensar las acciones para mitigar los efectos de la crisis sanitaria?
Sí, faltó. Porque faltó en el discurso ‒y no es poco importante que falte en el discurso‒ y porque no se le ha dado al SNIC la importancia que tenía, más bien al contrario. El Instituto Nacional de las Mujeres necesita tener mayor protagonismo y un lugar institucional de mayor jerarquía. Necesita tener recursos y siempre los necesita, porque una de las principales desigualdades de la sociedad es la desigualdad de género, mucho más durante la pandemia, y realmente eso no lo hemos visto. No lo hemos visto porque, como hemos escuchado en los discursos, hay una satisfacción por parte de las autoridades de lograr ahorrar y de no aumentar los déficits. Sin embargo, el mundo entero muestra que para enfrentar la pandemia no se trata de ahorrar, sino de invertir y de mejorar las condiciones, porque todos los retrocesos que vivamos ‒incluido el de las mujeres, en términos de autonomía económica‒ nos va a costar muchos años superarlos. Estas crisis no se superan de la noche a la mañana, entonces necesitamos políticas con perspectiva de género y políticas que atiendan a las problemáticas más agudas.
Pensando en el escenario de la pospandemia, ¿qué acciones puede tomar el Estado para apoyar a las mujeres que están en mayor situación de vulnerabilidad económica?
Aunque se tomaron muchas políticas para mitigar el impacto de la pandemia, no hubo específicamente políticas enfocadas a garantizar los cuidados. Por ejemplo, medidas que compensen el cierre de las escuelas y guarderías, como se han adoptado en otros países de la región, así como licencias parentales, como se hizo en Trinidad y Tobago, o mantener los servicios de cuidados para las trabajadoras de servicios esenciales, que también se vieron con el doble mandato de tener que seguir trabajando y hacerse cargo de los cuidados. Es decir, políticas para asegurar que los servicios de cuidados sean considerados prioritarios, tanto durante esta crisis como después para la recuperación. Por otro lado, es necesario el reconocimiento del derecho básico de las mujeres a percibir un ingreso propio, ampliando y expandiendo las medidas orientadas a garantizar ingresos de las mujeres más vulnerables. En ese sentido, se puede articular con lo que es el debate de lo que se ha llamado renta básica en otros países, o ingreso ciudadano acá, que para las mujeres resultaría una herramienta fundamental en términos del reconocimiento y la valorización de las múltiples actividades de reproducción social no remuneradas que realizan. Hay un tema también muy importante que tiene que ver con la asistencia a pymes [pequeñas y medianas empresas] lideradas por mujeres para la recuperación, el reforzamiento de servicios de cuidados para adultos mayores, transferencias monetarias que vayan destinadas específicamente a resolver temas de cuidado. En lo que refiere al mercado laboral, todo el teletrabajo debería regularse y esa regulación debería tener una perspectiva de género. En ese sentido, hay ejemplos de las leyes de Argentina y Costa Rica, que son las únicas que están regulando el teletrabajo y que observan esta perspectiva. Si nos convencemos de que es necesario combatir las desigualdades para poder construir sociedades fuertes y plenas, entonces se trata de establecer medidas que contribuyan desde el discurso y los presupuestos, y que incluyan la perspectiva de género en las diferentes instancias de la formulación de las políticas públicas. Esta no es sólo una tarea para el Estado. Hay que seguir trabajando, por ejemplo, en los Consejos de Salarios, para que la corresponsabilidad se extienda tanto al sector privado, al empresariado, como a los sindicatos.
“Es necesaria una redistribución que nos permita superar los impactos de la crisis sin que quede tanta gente en el camino”.
¿Qué rol puede jugar el sector privado en la recuperación económica de las mujeres?
La carga de la crisis deberíamos llevarla un poquito todos sobre los hombros, porque esta crisis ha sido para todos, entonces me parece que el sector privado ‒entendiendo por esto el sector empleador, por ejemplo- ‒tiene que asumir parte de los costos de la crisis, que seguramente está asumiendo los propios, porque las pérdidas que han sufrido las micro y pequeñas empresas han sido muy grandes. Se trata de salir entre todos y de entender que, aunque a todos les pega la crisis, siempre a unos les pega más que a otros. Es necesaria una redistribución que nos permita superar los impactos de la crisis sin que quede tanta gente en el camino. Las crisis siempre dejan mucha gente en el camino, es posible pensar que nosotros todavía estamos visualizando los impactos y las secuelas de las crisis de los primeros años de los 2000, porque las economías se recuperan, pero las personas no siempre se recuperan. El hombre que perdió el trabajo, la mujer que se volvió al hogar, las habilidades que se pierden, los niños que no pudieron acceder a internet fácilmente y perdieron el año escolar. Eso está perdido. La economía va a seguir funcionando, el sistema educativo va a seguir funcionando y a lo mejor dentro de un año o dos todo mucho mejor, ¿y las personas?
En las distintas movilizaciones que hubo el 8M, el reclamo común de los colectivos feministas fue la profundización de la “precarización de la vida” durante el último año. ¿Qué características tiene?
Es precarización de la vida porque es aumentar la sobrecarga de trabajo remunerado y no remunerado, perder condiciones de autonomía económica, perder también, en algunos casos, la posibilidad de tomar decisiones para evitar ser objetos de violencia. Las mujeres viven con mayor precariedad a partir de los impactos de las crisis, es decir, teniendo que ocuparse de las tareas que antes ocupaban, desde luego, pero también de otras más, habiendo perdido en paralelo posibilidades de lograr su propio bienestar y su propia independencia.
Durante este año, y ante la ausencia del Estado, en muchos barrios volvieron a organizarse ollas populares, que en su gran mayoría son gestionadas por mujeres. ¿Cómo ves estas iniciativas comunitarias que resurgieron?
En todas las crisis las iniciativas de carácter comunitario son muy importantes y vienen a llenar los vacíos que deja una distribución injusta de los ingresos como la que tenemos, donde hay personas que si un día no salían a trabajar, porque había que quedarse en casa, ese día no tenían comida. Efectivamente, esas iniciativas vienen a compensar todos esos déficits. Y acá, de nuevo, hay una fuerte impronta femenina en el tema de los cuidados. Es, en general, como la repetición del rol de las mujeres dentro de los hogares y en el mercado laboral: las mujeres cocinando, tratando de alimentar a los niños, a otras mujeres, a los hombres. Digo esto más allá de que también hubo hombres en estas ollas. Quizás también este tipo de iniciativas comunitarias sienten precedentes respecto de la importancia del trabajo conjunto, colectivo, de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres para sostener la vida. Pueden ser experiencias interesantes, de las que incluso se pueden sacar lecciones que nos permitan no solamente exigirle al Estado sino, además, transmitir formas de resolver los problemas con participación colectiva y comunitaria.
Este año, con el plan de vacunación ya puesto en marcha, el panorama podría llegar a ser mejor que el del año pasado, al menos en términos sanitarios. ¿Cómo ves el proceso de recuperación en el corto plazo?
La recuperación en el corto plazo seguramente va a ser difícil, porque cuesta mucho levantar los emprendimientos que se vienen abajo, porque el impacto sobre el turismo ha sido muy importante ‒pese a que el turismo interno logró compensar algunos vacíos‒ y hay muchas mujeres que están asociadas a este tipo de actividades, tanto en hotelería, producción de alimentos, pero también en servicio doméstico en las casas de veraneo, etcétera. Sabemos que es un mercado importantísimo que está cerrado y es verdad que la vacuna llegó, pero aparecen nuevas condiciones sanitarias que parecería que si no agravan tampoco resuelven la situación. Se trata de una necesaria colaboración entre el sector público y el privado, de una toma de conciencia por parte de las autoridades estatales para comprender la importancia de la inversión social y de la inversión en actividades vinculadas al cuidado. Muchas veces se quiere salir de las crisis con obra pública, y el presidente anunció una cantidad de iniciativas. En esas obras suelen no ocuparse a las mujeres, pero si pensamos en la posibilidad de invertir en términos de iniciativas vinculadas a los cuidados de niñas, niños, adolescentes, ancianos, enfermos, son actividades que tienen mucho impacto en el empleo y van a tener un alto impacto en el empleo femenino. Quizás esto podría haberlo dicho cuando me preguntabas sobre las políticas que podrían haberse tomado, pero me parece muy importante también para ahora, para la recuperación. Y considerar la perspectiva de género, que en este caso quiere decir eso: ¿dónde invierto para que haya empleo femenino, además de masculino? ¿Dónde invierto para que la sociedad pueda tener una reproducción social más sana y más satisfactoria?