Este viernes se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas y, como todos los años, la fecha sirve para visibilizar el problema y evaluar cómo los estados trabajan tanto en la prevención del delito y la persecución de los responsables, como en la atención a las víctimas. Es también una invitación a reflexionar sobre cuán instalado está el tema en la sociedad, desde qué lugares se aborda y cómo incide la cobertura mediática de los casos en el combate contra la problemática.
La trata de personas es la captación, el traslado y la recepción de personas dentro de un país o a través de fronteras para explotarlas. Puede tener como fines la explotación sexual comercial, el trabajo forzado, el tráfico de órganos o la venta de niñas y niños para la adopción, entre otros.
Además de ser un delito, es una violación de los derechos humanos y una forma de violencia de género, ya que afecta en mayor proporción a las mujeres. Según un estudio publicado en 2019 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 72% de las víctimas de trata en el mundo son niñas, adolescentes y mujeres adultas. El mismo informe revela que el destino más frecuente es la explotación sexual, que implica 59% de los casos y que también afecta en su gran mayoría a niñas, adolescentes y mujeres.
En Uruguay, la ley de migraciones promulgada en 2008 tipificó el delito de trata con penas que van de cuatro a 16 años de cárcel, lo cual significó un impulso importante para su persecución.
Una década más tarde, en 2018, el Parlamento sancionó la ley de combate de la trata de personas, que establece una regulación integral de prevención, persecución y sanción de la trata, así como la atención, protección y reparación de las víctimas. La aprobación de esta ley fue celebrada en su momento por las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema, pero hoy aseguran que la falta de presupuesto constituye un obstáculo para su eficaz implementación.
Esta ley define la trata con fines de explotación sexual como el acto de “inducir u obligar a una persona a realizar actos de tipo sexual, con la finalidad de obtener un beneficio económico o de otro tipo para sí o un tercero. Esto incluye los actos de explotación a través de la prostitución, la pornografía u otras actividades de naturaleza sexual”. La trata sexual también está contemplada en la Ley 19.580 como una forma de violencia de género, incluida específicamente en el inciso sobre violencia sexual.
Uruguay es identificado como país de origen, tránsito y destino de trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual comercial. La investigación “Dueños de personas, personas con dueño”, publicada el año pasado por la asociación civil El Paso, reveló que –como en el resto del mundo–, la enorme mayoría de las víctimas de trata sexual en nuestro país son mujeres. De acuerdo con el relevamiento, 70% son menores de 35 años, 83% fueron explotadas en suelo uruguayo y 79% tenían nacionalidades de otros países.
El estudio reveló que “convivimos con la trata”, que se produce y reproduce mayoritariamente en “whiskerías, prostíbulos, boliches, cantinas, en la vía pública, en casas y apartamentos particulares, en zonas turísticas, en calles, rutas, en ciudades grandes, localidades pequeñas, capitales departamentales, espacios fronterizos, zonas de freeshops”.
Los avances
La ley de 2018 crea, entre otras cosas, el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, que está presidido por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social e integrado por representantes de otros seis ministerios, el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la sociedad civil.
En el marco del Día Mundial contra la Trata, Inmujeres aseguró ayer en un comunicado que ha habido “avances en los compromisos de trabajo interinstitucionales” sobre este problema. En ese sentido, dijo que el consejo trabaja actualmente en la construcción de un “protocolo interinstitucional para la identificación de situaciones de trata y explotación de personas en el Uruguay”, de cara a un nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata y Explotación de Personas 2022-2024.
701 mujeres fueron atendidas en Uruguay entre 2011 y junio de 2021 por el Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con Fines de Explotación Sexual de Inmujeres.
Al mismo tiempo, anunció que “extenderá el alcance territorial” de su Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con Fines de Explotación Sexual, que hasta el momento sólo tiene atención directa en Montevideo y Cerro Largo (con alcance a otros departamentos). De acuerdo con el instituto, de aquí a fin de año se ampliará la atención directa a Paso de los Toros, Paysandú y Tacuarembó.
Desde su creación en 2011 hasta junio de 2021, el servicio atendió a 701 mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual, según datos de Inmujeres a los que accedió la diaria. Si bien al principio la mayoría eran uruguayas, a partir de 2012 empezó a crecer el número de mujeres de otras nacionalidades y se invirtió la tendencia. Además, desde 2013, la mayoría son afrodescendientes. El tipo de trata que prevaleció en esta década fue la internacional, aunque la tendencia se revirtió en 2020, año en que hubo mayoría de casos de trata interna. Respecto de las edades, tres de cada cuatro atendidas en los servicios tenían entre 18 y 35 años.
En el primer semestre de este año, el servicio atendió a 130 mujeres: 14 casos corresponden a nuevos ingresos y 116 son mujeres que están en seguimiento por parte de los equipos técnicos.
La Fiscalía, que se encarga de la persecución del delito, también señaló “avances sustanciales” en la materia, en palabras de Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de este organismo, que funciona desde 2017 y se encarga del acompañamiento a las víctimas durante el proceso penal. La funcionaria dijo a la diaria que “en este tiempo ha ido aumentando el número de imputaciones en los delitos de trata”, se “mejoraron los mecanismos procesales de protección para las víctimas” y se reforzó la coordinación de la unidad con los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior. Además, resaltó la publicación de un protocolo de actuación para el acompañamiento a personas mayores de 18 años víctimas de trata con fines de explotación sexual, que “fortalece” el abordaje de estas situaciones en tanto “da garantías para las víctimas y para todas las partes” involucradas en el proceso penal.
68 denuncias por trata de personas llegaron a Fiscalía desde 2018 hasta el 24 de abril de 2021.
El documento detalla los procedimientos que deben realizar los equipos de la unidad frente a las diferentes situaciones denunciadas, basados en los principios de “respeto a los derechos humanos e integridad de las víctimas”, la “minimización de los efectos revictimizantes propios de los procesos de investigación penal” y la seguridad de las personas. Entre otras cosas, establece orientaciones a tener en cuenta para evaluar el riesgo y las medidas de protección de las que se debe disponer, aspectos emocionales a considerar e incluso recomendaciones para la ambientación del lugar de la entrevista o la declaración.
Desde 2018 al 24 de abril de 2021, la Fiscalía recibió 68 denuncias por trata de personas, según datos de la institución a los que tuvo acceso la diaria. De ese total, 13 denuncias fueron formalizadas con al menos una persona imputada. Por otro lado, según los datos que se tienen sistematizados, entre el 1º de febrero de 2019 al 24 de abril de 2021, 18 personas fueron imputadas por este delito.
Si bien la información sobre trata no está desagregada por tipo, Solari aseguró que la mayoría de las denuncias que recibió la Fiscalía fueron por trata con fines de explotación sexual. Aseguró, además, que todas las personas que denunciaron trata sexual y fueron atendidas por la unidad eran mujeres.
Es importante resaltar que hay una diferencia entre los datos registrados por los servicios de atención del Inmujeres, que atienden a mujeres en posibles situaciones de trata, y los casos que son denunciados ante la Fiscalía, que se encarga de la persecución del delito.
Los obstáculos
Para el colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas?, que trabaja desde 2017 en la visibilización de casos de desapariciones de niñas y mujeres que en muchos casos tienen como principal hipótesis la trata con fines de explotación sexual, queda mucho por avanzar. En particular, respecto de la respuesta que se da a partir que una mujer desaparece. “Desde el punto cero, que es la desaparición de una mujer, ya nos enfrentamos a un obstáculo con las familias, porque hay veces que las mujeres que desaparecen son mayores de edad y las autoridades directamente nos dicen que pueden haber desaparecido por voluntad propia”, explicó Sofía Lledías Otero, integrante de la organización, a la diaria.
Así, el accionar de las autoridades “falla totalmente” y “lo que hace es no permitir que se avance en la investigación, porque las primeras horas son las más importantes en una desaparición”, dijo la activista. Agregó: “Por ejemplo, en los casos de trata internacional, las primeras horas son cruciales porque el traslado a otro país va a ser rápido si no se activan los protocolos correspondientes de manera rápida”. A su entender, hay “una falta de compromiso frente a la desaparición de estas gurisas en general”.
Por otra parte, ante la eventual aparición de mujeres sobrevivientes de trata, cuestionó que “no hay ningún programa por parte del Estado que dé algún tipo de solvencia o respaldo ni a las familias, ni a las víctimas, para seguir con sus vidas”. Según la integrante del colectivo, ese es un malestar que les transmiten a diario las familias con las que trabajan. Mencionó como ejemplo que, en caso de que la sobreviviente tenga un uso problemático de sustancias producto de la situación de trata, “lo que nos transmiten los familiares es: ‘Apareció, pero con la situación de consumo que tiene se va a ir a los dos días y yo no sé qué voy a hacer’”.
El colectivo reclama la creación de un protocolo ante desapariciones, “que hoy no existe como tal”, y de “mecanismos que puedan permitir que estas víctimas puedan reinsertarse y no volver a la misma situación”. También asegura que hace falta “reforzar los mecanismos que ya existen” y asignar más presupuesto a la ley de trata, “porque está en vigencia, pero no se lleva totalmente adelante”. “Uruguay ya está reconocido como un país de origen, tránsito y destino de trata de personas”, apuntó Lledías Otero; “frente a esa situación, hay que hacer algo”.
La organización estima que, desde 2018 a la fecha, han desaparecido cerca de 200 mujeres y niñas en Uruguay. Muchas de estas desapariciones están vinculadas a casos de trata, aunque no todas. De ese total, algunas aparecieron y otras “terminaron concretándose en femicidios”, señala Lledías Otero. Sin embargo, dice que el número es posiblemente más alto, porque hay un subregistro de mujeres que “nadie sabe que desaparecieron” y, por lo tanto, nadie busca.
Cubrir la trata
En el último año, hubo varios casos de trata, como la operación Don Quijote o la Mississippi, entre otros, que se volvieron mediáticos y pusieron el tema en el ojo público. ¿Se está hablando más de la trata de personas en Uruguay?
La representante de ¿Dónde están nuestras gurisas? consideró que el tema “comienza a hablarse un poco más o a estar un poco más presente en la agenda”, pero “el abordaje muchas veces no es el más feliz”. En ese sentido, dijo que “a veces no se tiene cuidado en determinadas informaciones que se brindan, hay detalles que son revictimizantes, y cuando se habla de trata con fines de explotación sexual, generalmente se reduce a la actividad de prostitución que ejercían las mujeres desaparecidas, por lo que en realidad todo se reduce siempre a la víctima”.
Para Solari, la comunicación es “importante” cuando los medios lo cubren “de forma seria, con evidencia sobre la mesa”. La directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía aseguró que es necesario que siempre se difundan los servicios de ayuda, se muestren los resultados de imputaciones –“porque el tema de la trata lo vas a terminar si lográs imputar a los tratantes, si no, siempre vas a seguir teniendo víctimas”– y, sobre todo, que el acento “no se ponga en la culpabilidad de las víctimas”. De lo contrario, “es una comunicación que no favorece a que el tema se pueda ir poniendo sobre la mesa de una manera que lo mitigue”.
Pese a los avances, Solari reconoció que “falta mucho”, porque “falta mucho para detectar y falta mucho para que la propia sociedad no ubique la responsabilidad en las víctimas”.
Teléfonos útiles
Equipo de recepción de situaciones de trata con fines de explotación sexual del Inmujeres: por correo electrónico: equipoderecepcion@mides.gub.uy; por teléfono: 24000302 interno 5510.
Para hacer la denuncia en Fiscalía: se puede acudir a las sedes de todo el país directamente o previa coordinación con la Unidad de Víctimas y Testigos a los teléfonos 1985 internos 1251 y 1255 (de 10.00 a 18.00). La unidad también tiene un teléfono de guardia, para asesoramiento, que funciona las 24 horas, los 365 días del año: 091507531.