Luego de varios retrasos judiciales, el 6 de enero comenzó en Guatemala el juicio contra cinco exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) por delitos de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno que tuvo lugar en el país entre 1960 y 1996. La denuncia fue presentada por 36 mujeres de la etnia indígena achí. Esta semana comenzó la última etapa del juicio con la comparecencia de las víctimas y se espera que la jueza Yassmin Barrios determine una sentencia antes de que termine el mes.
En total, son cinco los hombres imputados: Benvenuto y Bernardo Ruiz, y Damián, Gabriel y Francisco Cuxum. Todos son exmiembros de las PAC, grupos creados por el Ejército de Guatemala a inicios de la década de 1980 para reprimir al movimiento guerrillero y controlar a las comunidades indígenas, según la definición de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala.
El caso de las mujeres achí tomó impulso en noviembre de 2011, cuando 11 mujeres rompieron el silencio y denunciaron violencia sexual por parte del grupo armado. A partir de ese momento, los testimonios “empezaron a caer en cadena”, sostuvo la abogada defensora del grupo de mujeres achí, Lucía Xiloj, en diálogo con la prensa. Así, llegaron a ser 36 las mujeres que denunciaron ante el Ministerio Público de Guatemala haber sido sometidas a este tipo de situaciones.
Las denunciantes sostienen que durante los gobiernos de facto de los militares Romeo Lucas García (entre 1978 y 1982) y Efraín Ríos Montt (entre 1982 y 1983), sus esposos, padres e hijos fueron asesinados o actualmente están desaparecidos, y ellas -que en ese entonces tenían entre 12 y 53 años- fueron golpeadas, violadas y abusadas por expatrulleros del destacamento militar de Rabinal, en el departamento de Alta Verapaz, al noreste de la capital guatemalteca. De acuerdo con las mujeres, los hechos denunciados ocurrieron entre 1981 y 1985.
Después de 40 años de búsqueda de justicia por las situaciones de violencia a las que fueron sometidas y los múltiples crímenes de lesa humanidad ocurridos en su localidad durante el conflicto armado, este juicio abre una luz de esperanza en el camino a la verdad, memoria y justicia para las mujeres indígenas y la población guatemalteca.
Arma de guerra
Durante la primera semana del juicio, se presentaron varios peritajes que abordan temas vinculados a la política contrainsurgente implementada por las PAC y la utilización de la violencia sexual como arma de guerra en contra de las mujeres.
En su peritaje, la antropóloga Irma Alicia Velásquez Nimatuj explicó cómo los expatrulleros e integrantes del Ejército de Guatemala recurrieron a la violencia sexual como una táctica de guerra. “La violencia sexual se institucionalizó para someter a las mujeres achí, realizando violaciones individuales y colectivas, eliminando su pertenencia a una comunidad”, sostuvo Velásquez Nimatuj, según informó el medio guatemalteco Prensa Libre.
Esta semana comenzó la presentación de pruebas documentales y testimonios de las denunciantes. Una de ellas, Paulina Ixtapá, contó su historia a la cadena BBC. Una tarde de domingo de 1983, Ixtapá -que tenía 19 años- estaba caminando con su madre por las calles de Rabinal cuando se acercaron “unas personas”, le dijeron a su madre “queremos hablar con tu hija” y se la llevaron a la unidad militar de la localidad.
Una vez allí, los patrulleros la interrogaron sobre una presunta relación que ella llevaba “con un tal Juan”, pero ella les explicó que él la había dejado un tiempo atrás, contó Ixtapá. De todas formas, la mantuvieron recluida durante 25 días en que la golpearon y la violaron “todas las noches”, relató. “Cuando salí, salí enferma y siempre, siempre perseguida. Me dijeron que si me veían en la comunidad me iban a matar”, añadió.
Así fue que se vio obligada a partir hacia la Ciudad de Guatemala. “Para mí fue muy duro, no sólo porque me violaron. También mataron a varios niños. Robaron nuestros animales. Quemaron nuestras casas”, expresó Ixtapá. La historia se repite en los relatos de otras mujeres denunciantes.
El juicio ya está en su etapa final y las víctimas esperan la presentación de la sentencia en las próximas semanas.