En diciembre de este año se cumplirán cinco años de la aprobación de la Ley 19.580 de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, que es considerada de avanzada en la región al abordar la problemática de forma integral, poner el acento en la prevención y ampliar las directrices orientadas a la protección de las víctimas. Sin embargo, desde entonces, organizaciones sociales y especialistas vienen cuestionando la falta de recursos que el Estado destina para su cabal implementación, mientras en el país las cifras de violencia de género no descienden y se vive una escalada de femicidios.
La carencia presupuestal es una de las principales barreras que identificó la socióloga e investigadora Teresa Herrera en un informe de consultoría que realizó para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de monitorear la aplicación de la ley hasta el primer trimestre de 2021 y analizar en qué puntos podría colaborar el organismo. El documento, sobre el que informó el semanario Búsqueda y al que accedió la diaria, insiste en que la ley “fue aprobada sin contar con un presupuesto específico y tampoco lo tiene actualmente (Presupuesto 2020-2024)”, y asegura que esto tiene que ver sobre todo con “obstáculos de índole cultural”.
El informe resalta que el último presupuesto sólo incluyó la creación de tres juzgados especializados en el interior del país, si bien por el momento sólo está en funcionamiento el de Maldonado. La instalación de los otros dos en Salto y Rivera sigue demorada, según informó este mes a la diaria el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez.
Fuera de lo presupuestal, el texto identifica las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a la Justicia y el incumplimiento de las disposiciones que establece la ley en otros ámbitos como la educación o la salud. Y concluye que “la violencia basada en género no es una prioridad de las políticas públicas en Uruguay, y por lo tanto conocer, difundir y operar sobre sus causas basadas en la inequidad de género no concita adhesiones en los principales decisores, salvo contadas excepciones”.
Obstáculos y urgencias
“Las principales conclusiones del informe no son nada nuevas. Es una ley que ya vino mal parida, porque la votaron sin presupuesto y sigue sin tener el presupuesto necesario para poder salir adelante”, evaluó Herrera, en diálogo con la diaria. La investigadora, que hace unos meses fue nombrada experta de Uruguay ante el Comité del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la Organización de los Estados Americanos, consideró que “el problema básico” es que el tema “no es una prioridad política”, y aclaró que esto “no es nuevo”, sino que también sucedía durante el gobierno anterior, que “declaró una emergencia nacional y no puso un peso”. “Lamentablemente, no es una preocupación esencial para ninguno de los que cortan el bacalao”, señaló.
Consultada acerca de cuáles son las prioridades que el gobierno debería atender hoy con más urgencia, dijo que lo primero es “cesar con tanta preocupación por lo punitivo y pensar mucho más en la prevención”. A esto se suma otra urgencia que es la necesidad de un “sistema de protección integral”, que “tiene que dar opciones a las mujeres que están en situación de violencia para poder salir con todo tipo de autonomía y no parches”, enfatizó Herrera. Para la experta, la prevención de la violencia de género “es fundamental y es el primer paso para erradicarla”. “Hay que entender que acá hay un problema de violencia estructural que tiene que ser analizado desde su causalidad y prevenirlo, haciendo campañas, trabajando en el tema educativo y en las comunidades”, planteó.
En cuanto a las dificultades en el ámbito judicial, el informe cuestiona que sólo haya juzgados especializados en Montevideo y que no se llegue a tener un defensor de oficio por juzgado, lo cual significa que “en la mayoría de los casos, se está en una situación de omisión de justicia”, porque “se considera que siempre alguna persona queda sin defensa”. La situación “se agudiza” en el interior del país, dice el documento, donde “no hay juzgados especializados, ni equipos interdisciplinarios y los juzgados y fiscalías están colapsados”. Para Herrera, “se trata de aplicar la ley, es decir, de destinar recursos para que la ley se aplique, para que las mujeres vayan a un solo juzgado y no a tres distintos; para que haya defensores de oficio suficientes. La ley, en definitiva, es una hoja de ruta. El problema es que no se cumple”, dijo a la diaria.
Por otra parte, el texto insiste en la promoción de una ley que establezca la obligatoriedad de la capacitación en género y violencia de género de todas las personas que trabajan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, “desde las más altas jerarquías”. Puntualiza que estaría inspirada en la llamada “ley Micaela” de Argentina.
A su vez, dedica dos apartados especiales para analizar la aplicación de las directrices que establece la ley para el sistema educativo y el Ministerio de Salud Pública (MSP). Respecto de la educación, recuerda que la normativa establece que las temáticas vinculadas a la perspectiva de género y a la violencia de género “deben ser enseñadas en todo los niveles”, pero que esto “no ha sido cumplido hasta la fecha”. En esa línea, asegura que “no hay, en ningún nivel de la enseñanza, materias o temáticas transversales oficial y sistemáticamente colocadas en los programas”, sino “algunas actividades educativas, asistemáticas, que dependen de docentes o grupos de docentes”.
En el caso del MSP, señala que si bien es el único ministerio que reglamentó la ley, su desempeño “está lejos de ser satisfactorio”. Resalta que, “con la excepción de dos protocolos y una guía sobre el tema, no hay actividades o datos disponibles”, y asegura que el Área Programática de Violencia Basada en Género y Generaciones de la cartera tiene “solamente dos funcionarias, que no trabajan a tiempo completo”.
En cuanto a las dificultades institucionales, el documento plantea que la “jerarquía institucional” del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) -que la ley declara como organismo rector de las políticas contra la violencia de género- es “insuficiente”, ya que depende del Ministerio de Desarrollo Social. En ese sentido, Herrera propone que Uruguay apueste a la creación de un Ministerio de Equidad de Género, como hay en otros países.
Entre los avances que registra el informe, se menciona la ampliación de la atención del servicio telefónico de asesoramiento de Inmujeres, el 0800 4141, que ahora funciona las 24 horas. Además, señala el “explícito compromiso” de la Fiscalía General de la Nación con la problemática y, en esa línea, resalta la creación de la Unidad de Víctimas y Testigos, así como la instalación de nuevas Fiscalías de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género, que en estos años pasaron de dos a siete. Según Herrera, estos son “pasos muy importantes”.