El sábado 8 de octubre, una niña de siete años fue asesinada por su padre en Albisu, una localidad de poco más de 500 habitantes en el departamento de Salto. Tras quitarle la vida a su hija, el hombre se suicidó. Los padres de la niña se habían separado hacía dos semanas y había denuncias previas de violencia doméstica. De hecho, la última fue presentada por la mujer hace poco más de un año, en julio de 2021. Al momento del hecho, no había ninguna medida cautelar vigente.
El impacto de la tragedia en la comunidad fue enorme y derivó en un rápido despliegue de acciones de contención desde diferentes frentes para acompañar en el proceso de duelo a la familia -la mamá y los hermanos de la niña, de 17 y 20 años- y otras personas allegadas a la víctima.
Las acciones comenzaron a coordinarse el mismo sábado, aseguró a la diaria el presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala. “En cuanto se conoció el hecho, me comuniqué con la directora departamental del INAU de Salto [Carolina Meireles] y me comunicó que ya se habían puesto en contacto con la directora de la escuela a la que concurría la niña e integrantes del programa Escuelas Disfrutables, que son quienes van a liderar la intervención con las niñas y niños en el centro educativo”, dijo el jerarca. También afirmó que el organismo “va a acompañar” y “colaborar” en “todo” a través de sus técnicos, psicólogos y asistentes sociales.
Las primeras medidas se desarrollaron el martes pasado en la escuela 89 a la que asistía la niña, en donde Primaria, por medio del programa Escuelas Disfrutables, desarrolló una serie de talleres con las y los compañeros de clase y todos los grupos de escolares, contó Meireles a la diaria. La directora departamental señaló que la idea es “también hacer talleres con los padres” y que el equipo de técnicos del programa continúe con un abordaje sistemático con la comunidad del centro educativo.
Al día siguiente, el miércoles, se reunieron en la Inspección Departamental de Primaria de Salto referentes de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, el INAU, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el liceo San Antonio -donde concurre el adolescente de 17 años- y la escuela 89. En esa instancia, se conformó un “nodo interinstitucional” para “aunar recursos” y “coordinar” acciones para “contener y acompañar en este proceso de duelo”, señaló Meireles.
En el encuentro, cada actor planteó “cómo pueden ayudar a abordar esta situación” desde sus competencias. En el caso del INAU, Meireles dijo que “está abocado” al trabajo con el adolescente de 17 años. Por eso, técnicos del organismo, del Sipiav y de enseñanza media están coordinando acciones para acompañarlo e intervenciones en su entorno. Meireles aseguró que este “nodo interinstitucional” continuará trabajando y que se fijó una segunda reunión para el 26 de octubre.
Acompañar a la familia y la comunidad
Además de participar en las acciones con Primaria y Secundaria, el Sipiav realizará una “jornada de trabajo”, “seguramente” la semana próxima, para analizar cómo abordar “estas situaciones” que “desgraciadamente en los últimos tiempos son cada vez más frecuentes”, señaló la coordinadora del organismo, María Elena Mizrahi, a la diaria. “Si bien nosotros tenemos rutas y pautas para actuar en casos de violencia, cuando suceden estos hechos con la muerte de niñas o niños, el impacto para los técnicos es enorme y siempre hay que darles las herramientas para poder afrontarlo”, dijo Mizrahi.
En esa actividad también se abordará con los técnicos el trabajo con la comunidad en su conjunto, para determinar las formas de plantear de “dónde surge esta violencia”, explicar que se trata de un fenómeno “estructural y no de un hecho aislado” y “que es una violencia que pasa por el abuso de poder de los más fuertes hacia los más débiles”.
Por su parte, Meireles sostuvo que si bien al INAU le “compete” el trabajo con el adolescente de 17 años, las autoridades y el equipo técnico han apoyado a “todas las personas en esta situación”. Las acciones específicas dirigidas al hermano de 20 años y a la madre, por el momento, están a cargo de ASSE, dijo. “La idea es que en el próximo nodo se sume el Instituto Nacional de las Mujeres [Inmujeres], para que empiecen a trabajar más a largo plazo con la madre. Entendemos que ahora la mujer está en un proceso de duelo. También se coordinó para que la mamá vaya esta semana a la policlínica de ASSE”, expresó Meireles.
En la misma línea, Abdala dijo que si bien el INAU “no tiene competencia directa” para acompañar a la madre “porque es una adulta”, eso “no quiere decir que no colaboren, sobre todo en la etapa inicial”. De hecho, afirmó que en el marco de la estrategia desarrollada para la atención de este caso, el INAU dispondrá de profesionales para trabajar con toda la familia. Apuntó que se dejará pasar unos días para que puedan transitar “el duelo más inmediato”.
En tanto, Mizrahi explicó que la atención a la madre está dentro de la definición de la “estrategia”. “No es la primera vez que nos pasa una situación semejante. Desde el Sipiav trabajamos con el Inmujeres y con los servicios de atención a mujeres en situación de violencia en todo el país”, expresó la coordinadora, y especificó que la atención es “voluntaria”. Señaló que, si no se trabaja con Inmujeres, también están disponibles los servicios del “sector salud”, que “como parte de la política pública es quien debe atender la salud mental de las personas y en particular ante estas situaciones”.
Sin protocolos
Abdala explicó que “hay varios dispositivos” que intervienen ante casos de infanticidios y femicidios, “en un marco de interinstitucionalidad”. Entre ellos, el Sipiav, que a través de sus comités de recepción local trabaja en el abordaje de “aspectos vinculados a la reparación del daño” y “asistencia psicológica”. Además se despliegan equipos de “asistentes sociales y psicólogos del INAU” en territorio y se coordinan acciones con ASSE. Si bien el presidente del INAU sostuvo que “protocolos hay muchos y para muchas cosas”, no hay lineamientos específicos para actuar en casos de infanticidios.
“Específicamente en lo que refiere al femicidio o situaciones similares como puede ser esta, más allá de que la mujer no murió -pero hay rasgos comunes con el desenlace frecuente de una mujer que es víctima de femicidio, pero son los hijos los que la sobreviven-, trabajamos con la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y la Fiscalía General de la Nación por intermedio de la Unidad de Víctimas y Testigos”, manifestó.
“Protocolo de acción no hay”, enfatizó Meireles, por su parte, y dijo que, a nivel del INAU, “lo que se hace” es implementar este tipo de “intervenciones en crisis” en las que participan las instituciones con competencia en infancia, centros educativos y otras, que “puedan apoyar” en cada situación de acuerdo a su particularidad.
En tanto, Mizrahi aseguró que “todas las instituciones tienen protocolos de cómo accionar ante situaciones de violencia”. A modo de ejemplo, mencionó un acuerdo celebrado hace más de un año entre el Sipiav, la Fiscalía y la Facultad de Psicología de la Universidad de la República con el apoyo de la Unicef para “establecer rutas de abordaje y recomendaciones para el trabajo con niños hijos de víctimas de femicidio”. En relación con ese tema, la coordinadora del Sipiav dijo que, en realidad, desde hace “poco tiempo” se empezó a considerar si la mujer asesinada en el marco de femicidio tenía hijos o no. En esa línea, planteó que se generan “nuevos desafíos” y lo mismo ocurre con los casos de violencia vicaria, como se le llama a la violencia que se ejerce contra niñas, niños y adolescentes para dañar a la madre.
“Nosotros habíamos tenido algunas situaciones de violencia vicaria, pero más aisladas y este año van ocho niños asesinados”, expresó Mizrahi. “Desde el punto de vista de la violencia en la sociedad uruguaya, es impactante. Obviamente nos tenemos que plantear cómo proteger a estos niños y, en definitiva, cómo hacer el cambio cultural para que estas situaciones no ocurran”, sentenció.
Violencia vicaria
En lo que va del año, hubo ocho homicidios de niñas y niños en Uruguay, de los cuales siete fueron en manos de sus padres varones, señaló a la diaria Fabiana Condon, psicóloga especializada en violencia hacia la infancia y adolescencia e integrante de la asociación civil El Paso. Para la experta, esto implica un “aumento” de estos casos en comparación con años anteriores. Sin embargo, dijo que es muy complejo establecer los motivos del incremento de la violencia vicaria, que definió como “una forma más de ejercer violencia hacia las mujeres violentando a los hijos”.
Por ese motivo, Condon planteó que este debe ser un tema “seriamente estudiado” para poder “llegar a comprender cuáles son las causas” de este aumento y “analizar qué pasó en los procesos y si hubo fallas en las respuestas del Estado para detectar a tiempo y prevenir esta situación”.
La psicóloga dijo que, en algunos de los casos ocurridos este año, “las fallas en la prevención están claras”. “En algunas de estas situaciones había denuncias por parte de las mujeres en relación con los homicidas y también había medidas cautelares. Entonces, lo primero que nos toca preguntarnos es si cuando existieron estas denuncias y hubo medidas cautelares hacia las mujeres, también las hubo hacia los niños o no se dispusieron”, señaló, y agregó que también es necesario preguntarse si se evaluó la situación de riesgo en la que estaban esas niñas y niños, y con qué criterios.
Condon resaltó que, si bien este año hubo un aumento de casos, desde hace mucho tiempo hay “problemas graves” para “visibilizar la violencia contra los chiquilines”. “Nos ha costado reconocer, visibilizar, contabilizar y colocar en la agenda la cantidad de homicidios de niñas y niños en el marco de las relaciones familiares. Es un dato que tenemos que ir a buscar en los espacios registrados por organizaciones sociales. Hay como tendencia en la comunidad general de pensar que son hechos excepcionales y, en realidad, son parte de un problema estructural de la violencia que viven los chiquilines de forma crónica dentro de sus casas”, expresó la especialista.
Para la psicóloga, uno de los principales obstáculos para poder dimensionar la violencia hacia niñas, niños y adolescentes es entender que cuando estos están expuestos a la violencia que sufren sus madres en el hogar son “víctimas directas y no indirectas”. “Son chiquilines que crecen en entornos donde el terror es constante, al igual que la amenaza a la vida y a la integridad física”, aseguró. En ese contexto, Condon dijo que una de las “ideas” que se debe desterrar es que un hombre que es violento con su pareja o expareja puede ser buen padre. En ese sentido, señaló que “la persona que ejerce violencia hacia su pareja o expareja también la ejerce hacia sus hijos”.