En los últimos 15 años, en Uruguay se aprobaron al menos una decena de leyes de alcance nacional que protegen la diversidad sexogenérica y que permiten a las personas LGBTI ser reconocidas plenamente en sus derechos y ciudanía. Sin embargo, este marco legal no se traduce per se en cambios culturales y prácticas y actitudes ciudadanas empáticas, respetuosas e incluyentes. A pesar de la normativa, aún persisten innumerables situaciones que manifiestan una homolesbotransfobia en nuestra sociedad, actitudes que provocan sufrimiento inútil y constante en las personas LGBTI.
Se cuenta con una diversidad de datos que sustentan esta afirmación: un estudio de 2020 realizado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) muestra que más de la mitad de los estudiantes LGBTI vivieron situaciones de acoso o agresión en los centros de educación media, una proporción que, por cierto, es mayor para estudiantes trans. A su vez, 58% de las personas trans han sido discriminadas por algún miembro de su familia y cerca de 40% debió irse del hogar, de acuerdo con el censo realizado a esta población en 2016.
Para contemplar y abordar las desigualdades, exclusiones y discriminaciones que impactan a los grupos sociales más vulnerados —específicamente las personas LGBTI—, es necesario conocer qué ocurre en el territorio. Es así que los gobiernos departamentales de Montevideo, Rocha y Florida, conjuntamente con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y ONUSIDA, impulsaron estudios que indagan sobre la realidad de estas poblaciones en esas localidades. Son investigaciones que recuperan y amplifican las voces y vivencias de gays, trans, lesbianas y bisexuales de esos tres departamentos. Los trabajos están disponibles en la web de UNFPA.
Los hallazgos en estos tres departamentos son contundentes: casi la totalidad de las personas trans de Rocha y Florida sufrieron algún tipo de discriminación, burla o agresión en sus ámbitos laborales, al tiempo que la libre expresión de su identidad sexual impactó negativamente en el trabajo. En el mismo sentido, todas estas personas señalaron el incumplimiento de la cuota laboral prevista por ley.
Por otra parte, para la mayoría de los varones gays de esos mismos departamentos, el proceso de compartir su orientación sexual a nivel familiar implicó experiencias de discriminación, exclusión, violencia física y psicológica, en especial de sus referentes masculinos como padres, tíos, hermanos o abuelos, lo que provocó vivencias dolorosas.
En Montevideo, por su parte, casi la totalidad de las mujeres que se vinculan sexoafectivamente con mujeres mencionaron haberse enfrentado a situaciones de violencia y discriminación por expresarse libremente en diversos ámbitos públicos, siendo testigos de miradas censuradoras, lascivas, de acoso verbal y gestos ofensivos.
Cuando las iniciativas de cooperación se anclan en el territorio, se contemplan las particularidades departamentales y las preocupaciones de los gobiernos locales y de las organizaciones de la sociedad civil de producir evidencia rigurosa que sostenga acciones y programas más efectivos.
El papel que juegan los actores locales es clave para hacer frente a la vulneración de derechos de la población LGBTI. En especial, es crucial el rol de los gobiernos subnacionales, incluyendo municipios y alcaldías. Es a través de estas instituciones que la incorporación de la perspectiva de la diversidad sexual en las políticas públicas departamentales se hace efectiva, algo indispensable para complementar el marco normativo nacional vigente.
La acción en el territorio implementada en distintas modalidades y recursos contribuye a amarrar los derechos en la vida cotidiana de las personas. La territorialización favorece una mayor igualdad y equidad de oportunidades de las personas LGBTI en cada rincón del país. Un enfoque innovador que promueve derechos a través de las áreas que trabajan la diversidad de cada uno de los gobiernos departamentales, como la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo, el Área de Diversidad de la Intendencia de Florida o el Departamento de Inclusión y Diversidad de la Intendencia de Rocha.
La territorialización de estas acciones contribuye a derribar los patrones culturales. Este es un objetivo imposible de alcanzar sin la trama activa e incansable de colectivos de la diversidad sexual de los departamentos como Rocha, Florida, Montevideo, pero también de Artigas, Rivera, Bella Unión, Cerro Largo y Paysandú, con los que colabora UNFPA y ONUSIDA. Estos son grupos hacedores y creativos, que contribuyen con aportes, reclamos e incidencia. Son colectivos que despliegan su compromiso ético por más derechos, más respeto y mayor inclusión a pesar de enfrentarse sistemática e incansablemente a la escasez de recursos, la indiferencia y el señalamiento. La alianza con las personas gays, lesbianas, trans, bisexuales y no binarias y sus organizaciones locales es sustantiva para alcanzar las metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 sin dejar a nadie atrás.
En primera persona: tres de los testimonios recogidos durante las investigaciones
“Un profesor me sentó en el medio del patio porque un compañero me había llamado, y yo decía que respetaran mi nombre. Y él me sentó y me dijo: ‘Si tu cédula dice este nombre, te vamos a decir de este nombre’” (mujer trans, 17 años, Florida).
“Lo mío era como una aberración ser gay, para mí era vergonzoso. Con esto te digo todo, me avergonzaba de mí. Y cuando traté de aceptarme, que era lo que había, había dos caminos, o me aceptaban o me suicidaba” (varón gay, 27 años, Rocha).
“Todas mis amigas lesbianas o bisexuales han sufrido en algún punto alguna discriminación, unas más y otras menos. Pero a todas algo nos ha pasado por la calle, siempre” (mujer lesbiana, 35 años, Montevideo).
Juan José Meré es asesor en VIH de UNFPA y punto focal de ONUSIDA en Uruguay.