Este año se cumplen cuatro años de la aprobación y tres de la reglamentación de la Ley Integral para Personas Trans, una iniciativa que marcó un hito en Uruguay, al establecer por primera vez la creación de políticas públicas específicas para esta población. La norma, que tras ser discutida y aprobada venció además el intento ultraconservador de someterla a un referéndum para su derogación, tiene como principal objetivo erradicar –o, al menos, reducir– la discriminación estructural que enfrentan las personas trans y lograr su inclusión en los ámbitos de los que han sido históricamente excluidas: el social, el educativo, el laboral, el de la salud, entre otros.
En este contexto, y en el marco del Mes de la Diversidad, la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad habilitó el espacio para evaluar cómo viene la implementación de la ley, visibilizar lo que identifican como “faltas” e “incumplimientos” por parte del Estado, y pensar estrategias “para seguir exigiendo” la defensa de sus derechos. Esto fue lo que pusieron arriba de la mesa activistas y referentes de la comunidad trans el viernes durante el conversatorio “A tres años de la ley trans”, en la sala Delmira Agustini del teatro Solís.
Antes de dar inicio a la conversación, Antonella Brunello, representante de la Coordinadora de la Marcha y moderadora de la actividad, se refirió al transfemicidio de Salomé, la mujer trans de 38 años que fue asesinada la semana pasada por su pareja en Pando, Canelones. En nombre de la plataforma, la activista denunció lo que calificó de “acto de odio” contra una mujer trans, “víctima del machismo y de la violencia de género”, y condenó el “atropello” a su “memoria” e “identidad” por parte del Ministerio del Interior y de medios de comunicación que, en un primer momento, desconocieron la identidad de género de la víctima.
“Encontrarnos hoy cobra especial relevancia en este contexto donde el odio se hace presente, donde el reconocimiento y la protección hacia las identidades trans siguen siendo urgentes”, agregó la activista, e introdujo así a las personas invitadas, que analizaron el cumplimiento de la ley trans en torno a cinco puntos fundamentales: trabajo, educación, salud, régimen reparatorio e infancias trans.
Pocos avances en trabajo y educación
Nahia Mauri, licenciada en Sociología e integrante del colectivo Ovejas Negras, fue la encargada de analizar la situación actual en materia de trabajo y educación. La activista, que es referente socioeducativa en proyectos que buscan la inserción laboral y educativa de jóvenes trans, aseguró que, “a cuatro años de la aprobación de la ley trans, prácticamente no tenemos avances” en ese plano.
En materia laboral, la ley establece que se debe destinar 1% de los puestos de trabajo de la administración pública a personas trans, pero esto todavía no se cumple, denunció Mauri. De hecho, el último informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil muestra que, en 2021, ingresaron apenas nueve personas trans a cinco organismos del Estado, lo que representa 0,036%. La integrante de Ovejas Negras resaltó que, además de no llegar al cupo, en la mayoría de los casos se trata de “empleos precarios”. En ese sentido, dijo que “hasta ahora, lo que se ve por parte del Estado es que se crean programas de empleo protegido con el cupo laboral que contemplan empleos precarios, zafrales, a término, en bajas condiciones salariales, con bajas posibilidades de estabilidad y de garantizarles a las personas que puedan tener un proyecto de vida como el resto de la población”.
A su entender, todo esto demuestra que “no hay voluntad política para el cumplimiento de este cupo laboral y no hay interés del sistema político en general para garantizar estos puestos de trabajo”. Señaló además que hay “un debe” en la normativa ya que “no se establecieron sanciones para los organismos del Estado que incumplan con el cupo laboral”.
Por otra parte, Mauri aseguró que también se da el fenómeno de “segregación horizontal”, porque “condenan” a las personas trans “a estar en determinados rubros que siempre son los que tienen menos prestigio, menos remuneración salarial, menos poder y muchas veces los que son más feminizados, que son también los más precarios”. A la vez, dijo que hay una segregación de tipo vertical, “que tiene que ver con la falta de posibilidades de desarrollar una carrera profesional y técnica funcional, y una imposibilidad en los ascensos jerárquicos en los lugares donde nos desenvolvemos laboralmente”.
La socióloga advirtió que “no se trata sólo de incorporar el cupo laboral”, sino también de “lograr que haya condiciones de sostenibilidad en el espacio de trabajo para que realmente haya una inclusión efectiva de las personas trans”. Eso abarca el derecho a habitar los espacios laborales libres de violencia y discriminación. Al respecto, Mauri recordó que algunos relevamientos que se han hecho en Uruguay revelaron que, “de diez personas LGBTI insertas en el mercado laboral, por lo menos siete han padecido situaciones de violencia, hostigamiento o discriminación en el espacio de trabajo, y muchas veces ni siquiera las perciben como situaciones de violencia, porque están muy naturalizadas”.
En lo referido a la educación, la ley plantea directivas para que los órganos y organismos responsables de las políticas educativas de todos los niveles “aseguren la inclusión de las personas trans a lo largo de su vida educativa”. Esto incluye asegurar que no sean excluidas del sistema por razones de identidad de género y “prestar apoyo psicológico, pedagógico, social y económico, con el fin de concretar efectivamente su desarrollo académico y social”. La normativa también establece que 2% de las becas y apoyos estudiantiles que se asignen a nivel nacional y departamental sea destinado a esta población.
Según Mauri, el cupo en el sistema de becas “no se está cumpliendo” a “nivel general”, “ni siquiera en la Universidad de la República, que siempre ha sido muy progresista y vanguardista”. La activista consideró que esto es “un problema”, porque “sin un sistema de becas potente, es imposible que las personas trans puedan sostener realmente una trayectoria educativa”.
En paralelo, Mauri aseguró que el “fuerte recorte presupuestal que afecta a la educación pública de nuestro país” también afecta las trayectorias educativas de las personas trans, cuando se traduce, por ejemplo, en “el desmantelamiento de programas socioeducativos” que buscan la inclusión educativa y laboral de personas en situación de vulnerabilidad.
El impacto en la atención en salud
¿Qué pasó en materia de salud después de la aprobación de la ley trans? Para Daniel Turco Márquez, médico de Medicina Familiar y Comunitaria especializado en atención a la salud de la población de la diversidad sexual, en “algunos servicios”, como los universitarios, la situación “no cambió mucho” porque ya venían trabajando desde una perspectiva de diversidad y derechos humanos. Sin embargo, a su entender, en otros casos la ley “visibilizó y generó la necesidad de que las usuarias y los usuarios fueran a los servicios y dijeran ‘vengo a hormonizarme’”, lo que derivó en que los técnicos empezaran a reconocer que no tenían la formación necesaria. En ese marco fue que se elaboró, por ejemplo, la guía vigente hoy de hormonización del Ministerio de Salud Pública (MSP). “Claramente tiene cosas a mejorar, pero lo que deja claro es que cualquier médico puede hacerlo”, afirmó Márquez.
En esa línea, dijo que la responsabilidad que tienen las y los profesionales de la salud es la de “revisar qué nos pasa a nosotros con la diversidad sexual y qué nos pasa cuando viene una persona trans a nuestro consultorio”. Para el especialista, es “muy importante” que ese proceso de revisión “se dé previamente, porque hay profesionales transodiantes” y eso, “en el consultorio, es muy peligroso para todos los derechos y las conquistas del movimiento social”. Por eso también insistió en la necesidad de formación y sensibilización de todo el personal que trabaja en salud.
Márquez aseguró que las pautas, los libros y las herramientas teóricas “están disponibles” y “eso es muy importante”, por lo que el desafío, ahora, es que todos los servicios e instituciones garanticen el acceso de las personas trans a las prestaciones del Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS), tal como mandata la ley. El profesional dijo que esto hoy “no se logra que se cumpla efectivamente” y “depende mucho [de cada servicio] y es muy heterogéneo los lugares donde se encuentra”, tanto a nivel Montevideo/interior, como en términos de sector público/sector privado. A esto se suma que “falta gobernanza” del MSP, agregó el especialista.
Por último, Márquez advirtió que “los discursos de odio tienen un correlato en la clínica, en el consultorio”. Aseguró que eso lo vivió mientras se discutía la ley trans y también ahora, hace unos días, luego de que “referentes políticos tildaron a las personas que acompañan a las niñeces para crecer y desarrollarse en libertad de ‘perversos’”, en referencia a las críticas del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y el diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubía, a una charla sobre infancias trans. “Eso se llama transfobia, pero también se llama dañar la salud de las personas y tiene que tener alguna consecuencia”, apuntó el profesional. Agregó: “Cuando una persona tiene un rol de líder y ejerce un daño a la salud de las personas a través de un discurso de odio, es grave, y creo que ahí tenemos que defender a nuestras familias, a nuestras niñeces, para que crezcan y se desarrollen en libertad”.
Tanto Márquez como Mauri destacaron el papel que jugó y juega la sociedad civil al impulsar iniciativas que apuntan a la formación de equipos de salud o al diseño de litigios estratégicos para el cumplimiento del cupo laboral, entre otros ejemplos.
La realidad de las infancias trans
Patricia Gambetta, secretaria de la junta directiva de Trans Boys Uruguay-Niñez, Adolescencia y Familia (TBU), y presidenta del Movimiento Latinoamericano de Madres de Hijes LGBTIQ+, fue la elegida para hablar sobre la situación de las infancias trans. La activista dijo que, a la hora de analizar la implementación de la ley, identifica las principales “falencias” en el sistema de salud. En ese sentido, cuestionó que los equipos multidisciplinarios que establece la norma “siguen sin estar constituidos en la mayoría de los lugares de salud públicos y privados” y que las familias siguen “con una lista hecha a mano por la mayoría de personas que se atienden en diferentes lugares, con los nombres de los médicos amigables”.
Gambetta dijo que esto es importante porque, “más allá de que las infancias no necesiten hormonizarse y no necesiten más que el acompañamiento correcto de las personas, la persona con la que se atienden tiene que conocer la temática trans”, para evitar, por ejemplo, que se caiga en la “patologización” de esas infancias, algo que todavía ocurre.
Por otra parte, aseguró que su colectivo también tiene conocimiento de denuncias en centros de salud que “no quieren hacerse responsables de ciertas cirugías”, como la masculinización pectoral o los implantes de prótesis mamarias, porque, “cuando la ley se aprobó, el PIAS ya se había actualizado” y no cubre este tipo de operaciones, pese a estar contempladas en la ley. “Entonces, dependemos de los poquitos centros que sí se fijan en la ley sin importar el tema del PIAS”, puntualizó. “Sobre las infancias, se trata solamente de acompañar, de escucharles y de seguir peleando para que los centros de salud reconozcan sus derechos”, agregó Gambetta.
A su vez, la representante de TBU reconoció que “algo que sí está funcionando”, aunque un “poco retrasado”, es el trámite para realizar el cambio de nombre y sexo registral en el documento de identidad. En ese sentido, calificó como un avance que la ley plantee que el trámite ya no sea judicial –con todo lo que eso conlleva– sino administrativo. “Hoy tenemos que llenar un formulario online, que en el caso de las infancias y adolescencias, que son menores de edad, tiene que ser llenado por la persona que está solicitando el cambio y firmado por esa persona y por su padre, madre o tutor”, explicó Gambetta. La activista lamentó que uno de los condicionantes que impuso el Ministerio de Educación y Cultura es que, en el caso de las niñas y niños de menos de 13 años, hay que presentar además el informe de un profesional que acompañe la transición. De todas formas, dijo que “por suerte” se logró poner un término “global” y no “que sea un profesional de la salud mental” específicamente, “para no patologizar a esa infancia”. “Puede ser un informe realizado por pediatra, su médico tratante de cabecera, es decir, no tiene por qué ser un psicólogo y, menos, un psiquiatra. Aclaremos esto porque a veces queda como que los médicos exigen eso y no es así”, enfatizó, e insistió en la importancia de este cambio en el documento para garantizar el “derecho a ser”.
Sobre el derecho a la identidad también se refirió la activista transfeminista Pía Carrasco, educadora e integrante del Colectivo Diverso Las Piedras, quien aseguró que el Estado “sigue sin reconocer” la identidad de las personas trans “en todo lo que tiene que ver con los formularios para acceder a los diferentes puestos laborales”, por ejemplo, en los que “se sigue sin respetar las variantes de sexo, género e identidad”.
“Reconocer la violencia del Estado” y “reparar”
La ley trans también habilita un régimen reparatorio para las personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que hayan sido víctimas de violencia institucional y/o privadas de libertad debido a su identidad de género. Las solicitudes para acceder a esta prestación son recibidas y analizadas por la Comisión Especial Reparatoria, que se conformó en junio de 2019 con representantes de organismos públicos y de la sociedad civil, y funciona en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. Una de sus integrantes es Karina Pankievich, presidenta de la Asociación Trans del Uruguay (ATRU), quien durante el conversatorio aseguró que el organismo “siempre se puso este trabajo en su espalda y en sus manos”, porque sabe que “muchas compañeras” “dependen” de esta pensión.
“Empezamos a recibir a les peticionantes en 2019 y en 2020 ya nos cayó la covid. Aun así, en 2020 y 2021 trabajamos con covid, como fuera, de la manera que fuera, en los lugares que nos daban para poder sesionar y en los lugares donde podíamos hacer las entrevistas”, relató la activista. De todas formas, Pankievich dijo que las primeras 90 reparatorias las pudieron tramitar “rapidísimo” porque contaban “con todos los informes del Ministerio del Interior [MI]”, que son necesarios para comprobar el relato de las personas que denuncian los episodios de violencia institucional. Sin embargo, “después empezó una etapa en la cual las compañeras, como eran más jóvenes, no tenían el informe del MI y tenían que presentar testigos o una declaración jurada, pero a la hora de presentar los testigos, a veces, no se encontraba a los testigos en los lugares que tenían que estar, o las chicas dejaban un número de teléfono pero las circunstancias a veces hacían que tuvieran que vender ese teléfono, y a la hora de comunicarnos con ellas no las encontrábamos”. Eso enlenteció algunos procesos.
Más allá de eso, la activista celebró que hoy haya “185 compañeras que ya están amparadas por el régimen reparatorio”. Señaló que todavía quedan “más de 40” en la lista de espera porque hay una demora en la entrega de los informes por parte del ministerio, pero aseguró que “las bases están y el compromiso también”.
Pankievich afirmó que, para las mujeres trans mayores de 50 años, quienes son las que pueden acceder a la prestación, “reparar” y “reconocer la violencia del Estado” es “fundamental”. “Si bien no logramos mejorar la vida de las personas, lo que hacemos es reparar y dar apoyo económico, que no es el que desearíamos, pero pasan de no tener nada a tener tres prestaciones, más o menos unos 15.000 pesos en el bolsillo”, explicó la presidenta de ATRU, y detalló que esto ha derivado en que “muchas de las compañeras veteranas, hoy por hoy, pueden pagarse una pensión, comprarse algún alimento”. Incluso algunas, “con lo que se les dio retroactivo, pudieron dar un depósito para alquilarse una casita y comprar sus electrodomésticos”, o iniciar “sus propios negocios o emprendimientos”. En ese sentido, dijo que, “cada vez que sesiona la comisión y decimos ‘aprobada’, es una alegría para el corazón”.