La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Venta, Explotación Sexual y Abuso Sexual Infantil, Mama Fatima Singhateh, llegó a nuestro país el 16 de mayo para evaluar y asesorar acerca de la situación actual en la materia, en respuesta a una invitación del gobierno. Durante diez días, la experta se reunió con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, autoridades municipales, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática, y centros de acogida de niños, niñas y adolescentes. También conoció los testimonios de víctimas. Su tour no se limitó a la capital, sino que también llegó hasta el Chuy y Paysandú.
Sus valoraciones y recomendaciones estarán detalladas por escrito en un informe que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2024. Pero este viernes, para dar cierre a la visita, brindó una conferencia de prensa en la que esbozó un adelanto de lo que pudo ver durante su recorrida. Singhateh –que es abogada, exjueza y exministra de Justicia de su país natal, Gambia– no se limitó a hablar del panorama sobre venta, explotación y abuso sexual infantil, sino que además abordó otras problemáticas estrechamente vinculadas, como el matrimonio infantil.
La experta destacó que Uruguay ratificó distintos tratados internacionales que apuntan a combatir estas problemáticas y destacó las “robustas leyes” que tiene el país al respecto, como la de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y “personas incapaces”, el Código de la Niñez y la Adolescencia, o la de prevención y combate de la trata de personas, que demuestran el “compromiso” del país. Por eso, a su juicio, los países de América Latina “pueden aprender del marco legal que existe actualmente en Uruguay”, aunque “es necesario trabajar mucho más en la implementación de estas leyes”. En ese sentido, enfatizó: “Uruguay tiene que esforzarse más para servir como un ejemplo para sus países vecinos y, por extensión, el resto de los países latinoamericanos”.
La relatora especial también tocó algunas cuestiones más coyunturales, como la ley de tenencia compartida, aprobada en abril, que, según consideró, “pone el interés de un pequeño grupo de adultos antes del interés superior del niño”. La experta opinó que la norma “no aborda el creciente problema de violencia intrafamiliar y deja a los niños desprotegidos al exponerlos a situaciones de violencia y maltrato por parte de un integrante de la familia”. A su vez, aseguró que “también contradice leyes existentes, como, por ejemplo, algunos artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como la opinión de abogados, defensores de los derechos de la infancia y legisladores”. “Espero que el gobierno reconsidere esta ley o, como alternativa, se comprometa a tomar medidas que aseguren que el interés superior del niño será la consideración principal para cualquier entidad que aplique esta ley”, apuntó Singhateh.
Consultada por la diaria acerca del caso de explotación sexual de adolescentes que involucra al senador nacionalista Gustavo Penadés, que ya acumula las denuncias de ocho víctimas, la relatora dijo “estar al tanto” pero prefirió no hacer comentarios al tratarse de una investigación que todavía está “en curso”. De todas formas, y sin referirse específicamente a esta causa, dijo que “en general”, durante sus discusiones con diferentes interlocutores, tuvo la “percepción de que hay mucha impunidad en los casos”. “Supe que muchas personas dudan a la hora de denunciar casos, porque sienten que no va a servir para nada, especialmente si el denunciado está en una posición de poder o tiene conexiones”, afirmó. En esa línea, contó que conoció los detalles de la Operación Océano, “que es una historia muy horrible de escuchar, y algunas de las víctimas todavía esperan que el caso se resuelva”, dijo.
La representante de la ONU planteó que “es necesario cambiar la cultura que normaliza la explotación sexual y el abuso infantil en Uruguay”, así como “alentar la capacitación constante de profesionales que trabajan con infancias, para que pongan más el foco en el niño”. A su juicio, se trata de “una reeducación, un cambio de mentalidad”: “Jueces, fiscales, abogados defensores. Todos necesitan reeducarse para deconstruir este concepto de normalizar la explotación sexual. No es normal tener relaciones con niñas de 14 o 17 años; es explotación sexual y tenemos que entenderlo. Si no, va a ser muy difícil abordar el problema”, agregó la exministra de Justicia de Gambia. Por eso, alegó que la “única forma de proteger a las infancias” de la explotación y el abuso sexual es con educación, sensibilización y generación de conciencia sobre qué es y qué implica.
Un panorama general
A la hora de brindar un pantallazo de la situación actual, lo primero que enfatizó Singhateh fue que Uruguay “sigue siendo un país de origen, tránsito y destino para la trata de niños y mujeres con fines de explotación sexual”. Agregó que las zonas fronterizas con Argentina y Brasil son “puntos de entrada” frecuentes y que la trata interna –dentro de los límites nacionales– también existe, aunque “estos casos casi nunca son investigados y mucho menos llevados a la Justicia”. A su vez, dijo que existe muy poca información sobre la situación, por lo que pidió al gobierno que provea “datos detallados” al respecto.
Por otra parte, señaló que Uruguay es un destino turístico para la explotación sexual infantil “bien conocido” y recalcó que “no hay disposiciones explícitas” sobre este fenómeno en las leyes vigentes. De todas formas, celebró que el Ministerio de Turismo, en conjunto con otros organismos públicos, haya desarrollado “varias herramientas para hacerle frente a la problemática”, como numerosas campañas de sensibilización y una línea de atención telefónica.
La relatora señaló, además, que “la explotación sexual infantil a través de transacción sexual también es muy común” en el país, especialmente en adolescentes, “hasta el punto de que está normalizada”. Dijo que hay una “cultura de silencio” en las comunidades y que, “en muchos casos, las familias tienden a alentar este fenómeno”. “Esto está estrechamente ligado al problema de las parejas arregladas, que involucra relaciones entre mujeres adolescentes y hombres mayores”, algo que también describió como “muy común y muy normalizado, por razones económicas”. Agregó que, según reportes a los que tuvo acceso, este tipo de vínculos tiene más prevalencia “en zonas rurales y entre grupos afro o de otras minorías, especialmente en las comunidades más pobres”.
La experta también mencionó que 25% de las mujeres jóvenes contrajo matrimonio antes de los 18 años en Uruguay –según datos de Unicef– y que esto impacta “en su salud sexual y reproductiva, y en su bienestar en general”. Y recordó que, en nuestro país, y pese a las “advertencias de varios mecanismos de derechos humanos”, el Código Civil todavía establece que el límite mínimo de edad legal para casarse es de 16 años. En ese sentido, “recomendó fuertemente” que se respalde la “reforma legal” que fue impulsada para aumentar la edad mínima a los 18 años, en referencia al proyecto del Frente Amplio que ingresó al Senado en abril.
Otras manifestaciones de explotación y abuso sexual que identificó durante los encuentros que mantuvo incluyen “abuso sexual infantil por parte de personas que forman parte del círculo cercano de la víctima” y la “prevalencia de embarazos infantiles, que muchas veces son resultado de abuso sexual y/o explotación”.
Necesidades claras
A la hora de presentar recomendaciones, Singhateh dijo que es importante que, cuando los casos de abuso y explotación sexual se reportan, haya un sistema de recolección de datos eficaz que pueda sistematizar la información de manera detallada, incluido “el número de casos reportados, las investigaciones y las sentencias”, para poder dimensionar la “magnitud de problema” y “facilitar el análisis de la situación de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes”.
Respecto del acceso a la Justicia, la relatora especial dijo que si bien en los últimos años hubo avances, sobre todo a partir del nuevo Código del Proceso Penal de 2017, que permite que las víctimas puedan denunciar directamente ante Fiscalía, el proceso para que una niña o niño acceda al sistema de Justicia es “incompleto”. En particular, porque no existen sedes judiciales especializadas en infancias, y sus casos son abordados en juzgados dedicados a otros asuntos, lo que deriva en que los procesos se “prolonguen”. Además, aseguró que “el sistema judicial parece ser inaccesible para niñas y niños con educación limitada, que viven en la pobreza y en zonas rurales, como es el caso de muchas víctimas y sobrevivientes de explotación y abuso sexual”.
Para terminar, dijo que también son necesarias “más campañas de sensibilización” y “más capacitación” sobre el tema; “más cooperación entre el gobierno y la sociedad civil”; y “más investigación sobre embarazo infantil”.