Siete paraguas rojos reposan en la reja que bordea a la Columna de la Paz, ubicada en el centro de la plaza Cagancha. A su alrededor, un grupo de mujeres cuelga pañuelos con el logo de la Organización de Trabajadoras Sexuales de Uruguay (Otras), que el martes a las 18.30 se reunieron para celebrar el Día Nacional de las Trabajadoras Sexuales.
Entre las presentes hay una figura fundamental de la historia del sindicato. Karina Núñez es, además de su fundadora, la cara visible de una lucha que lleva años. Viene de una jornada en la que pasó de entrevista en entrevista, pero aun así, con una pancarta que dice “Estado proxeneta” en sus manos, conversa con energía y admite que está contenta por la respuesta de la prensa.
“Cantidad de gente consulta y quiere saber. Yo doy por sentado, siempre digo lo mismo, hace diez años, y me doy cuenta de que no todos los mensajes llegan a la misma gente y todas las veces que hablo hay gente que nunca me había escuchado”, relata. Ahora, lo que le gustaría es “que muchas más compañeras se hicieran visibles”. A través de las redes sociales suelen recibir muchos mensajes de personas interesadas en sumarse, pero como nadie de su entorno sabe de su trabajo, desisten.
Sobre el ala norte de la plaza, dos mujeres que portan paraguas rojos reparten folletos que contienen información para trabajadoras sexuales. Entre los diferentes ítems, los pequeños volantes rosados y negros enuncian el derecho a acceder a la justicia, a la salud integral, a la preservación de la intimidad, a transitar libremente por la calle, y a acceder a preservativos gratuitos. Quienes los entregan son la presidenta de Otras, Claudia Gutiérrez, y la secretaria, Johanna García.
“Estamos festejando y reivindicando el derecho al trabajo, a la seguridad y a la vivienda”, dice Gutiérrez. Pese a que reconoce el apoyo de algunas instituciones –como la Intendencia de Montevideo, que brinda atención integral especializada a trabajadoras sexuales en seis de sus policlínicas–, la presidenta del sindicato destaca la falta de alcance al interior del país. Lo que buscan es que se repliquen las acciones implementadas por el gobierno municipal de la capital, “para que las compañeras del interior tengan las mismas posibilidades que hay en Montevideo y puedan tener salida laboral”.
En la misma línea, García agrega que a las trabajadoras de otros departamentos “no se les abren las mismas puertas” y considera que para lograr mejorar la situación son necesarias las acciones de “todos los diputados y senadores”. De acuerdo a la secretaria, los parlamentarios deben comprometerse con la modificación de la Ley 17.515, que regula el trabajo sexual desde el año 2002. Este es uno de los pedidos más destacados del sindicato.
De hecho, la necesidad de una actualización en la normativa vigente fue la que impulsó su creación en 2018. Desde entonces no han dejado de movilizarse para lograrlo: en junio del mismo año lanzaron una campaña de recolección de firmas con ese propósito y en 2021 coordinaron un encuentro con la bancada bicameral femenina del Frente Amplio (FA) para estudiar las posibilidades. Aunque luego el proyecto ingresó a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social del Parlamento, hasta ahora no han logrado que sea aprobado.
“Hace dos años que la tienen estancada”, cuenta Núñez mientras saluda a Natalia Fernández, la abogada de Otras, que acaba de llegar. Con convicción, la doctora se suma a la conversación y afirma: “No parece el trabajo sexual ser una prioridad que necesita ser modificada”. Según Fernández, la legislación actual presenta una visión “sanitarista”, más enfocada en “la protección de quienes son consumidores del trabajo sexual” que de quienes lo ejercen. Sin embargo, en materia de derecho laboral, el abordaje suele ser el opuesto.
“Esta legislación ya quedó anacrónica, pero además no está en línea con lo que las propias trabajadoras necesitan para sentirse protegidas”, subraya la abogada. En muchas ocasiones, su actividad se desarrolla bajo “condiciones absolutamente indignas” y “las personas que trabajan cercanas a ellas cometen conductas que son delito”, señala.
Otro aspecto importante para Fernández es “pensar qué van a hacer cuando ellas se jubilen, dónde están los aportes, cómo se pueden realizar modificaciones en seguridad social que permitan que estas trabajadoras realmente, cuando tengan que dejar su trabajo porque no lo pueden ejercer por las características del mismo, puedan tener otra salida laboral”. La posibilidad de ejercer una labor diferente es algo “que está en la ley y que no se efectiviza”, y que debería ser contemplado “porque, como sabemos, muchas de las trabajadoras sexuales no trabajan en esto por elección, sino que no han tenido otras posibilidades”, resalta.
Ser escuchadas
La consigna del día es “sembrando derechos, acompañando esperanzas”. Para Núñez, lo de acompañar refiere a “estos tiempos en los que estamos todos en un caos total” y la esperanza a la convicción de que hay logros que son necesarios. “Nosotras no perdemos la esperanza de modificar la Ley de Trabajo Sexual”, manifiesta.
La reivindicación se repite una y otra vez entre las diferentes trabajadoras. Durante la lectura de la proclama, Claudia Gutiérrez y Natalia Espinosa adhieren al pedido de todas y destacan que la prioridad es “ser escuchadas”. Además, apuntan a “la capacitación integral”, para que puedan insertarse en el “trabajo normal” no durante “seis meses, porque eso es paliativo”, sino a largo plazo. “Queremos un trabajo seguro, para que las trabajadoras sean reinsertadas en la sociedad”, expresa Espinosa, que también integra Otras. Asimismo, hacen énfasis en la necesidad de recibir un acompañamiento a nivel de salud mental y de llegar al interior. A diferencia de en Montevideo, donde sienten que cuentan con varios apoyos, allá “las compañeras están solas y no tienen apoyo de la intendencia, ni canastas, ni nada”.
Por otro lado, piden que el Ministerio de Trabajo y el Banco de Previsión Social sean los organismos que controlen su actividad, “y no así el Ministerio del Interior, que es un ente de represión”, que las hace “ser vistas como delincuentes” y no respeta su derecho al trabajo.