La campaña electoral está por entrar en su recta final y, pasando en limpio, la impresión que queda es que en materia de infancia y adolescencia el foco de los partidos políticos ha estado puesto en cuestiones como la pobreza infantil, las becas o los bonos en la educación, o las ayudas económicas para la primera infancia. Si bien son todas cuestiones fundamentales, bastante menos se ha hablado de cómo hacerle frente a las distintas formas de violencia con las que conviven demasiadas niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
En un intento por revertir eso y visibilizar estas situaciones, la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS) invitó a representantes de los partidos políticos a participar en una mesa de diálogo sobre el tema, que también contó con el aporte de especialistas que analizaron las complejidades de la violencia contra las infancias y adolescencias en tres niveles: territorial –en contextos de criminalidad y economías ilegales–, intrafamiliar –con énfasis en la violencia sexual y doméstica– e institucional.
La actividad, que se desarrolló en la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos, fue la última del ciclo “Diálogo Interpartidario e Intersectorial - Prioridad Infancias y Adolescencias 2025-2030” que impulsó Pias con el apoyo de Unicef y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el objetivo de identificar los principales nudos en relación con la temática y en base a eso establecer una hoja de ruta de cara al próximo período de gobierno.
Las propuestas de los partidos
Las agrupaciones políticas que aceptaron la invitación fueron el Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente (PI), que plantearon las principales medidas que contemplan sus programas en esta materia.
La diputada Cristina Lustemberg, del FA, aseguró que es un tema que “transversaliza” y es una de las “prioridades” del plan de gobierno de la fuerza de izquierda, porque “hoy la situación es de una emergencia muy grave”. En ese sentido, señaló que la propuesta programática frenteamplista apunta a declarar la emergencia de la situación de las infancias y las adolescencias, lo que entre otras cosas implica “fortalecer todo el sistema de respuesta interinstitucional”, “tener respuestas mucho más eficaces en cada uno de los poderes” y reforzar el marco normativo. Sobre esto último, se refirió en particular a las “debilidades presupuestarias” de la ley de violencia basada en género y a las consecuencias “muy graves” que está teniendo la ley de tenencia compartida.
“Las cifras son interpelantes y cada día tenemos situaciones donde la violencia es la punta del iceberg de muchas desigualdades que hay en este país, territoriales, de género, intergeneracionales y étnico-raciales”, apuntó la legisladora, y detalló que esto “tiene que ver mucho con medidas vinculadas con la seguridad, la convivencia, el acceso a la Justicia, pero también con la vulneración que tienen las infancias en el acceso a la educación, a la salud, a la educación sexual integral, a los derechos en salud sexual y reproductiva, y una cantidad de vulneraciones que nos marcan que hoy no podemos seguir ni cobrándonos cuentas ni mirando para el costado, porque es un tema de derechos, pero es la viabilidad del país”.
En representación del PN expuso Valentina Viera, asesora en Uruguay Crece Contigo, que detalló que el programa de su partido contempla “200 millones arriba de la mesa destinados específicamente para la infancia y adolescencia”, que tienen como objetivo “la mitigación de la pobreza monetaria, instituciones de cuidados y educativas, la salud y la captación temprana de situaciones de riesgo social”. Mencionó otras cuestiones en las que hace foco el plan nacionalista, como el “hábitat para el desarrollo” –que, según dijo, no abarca sólo la vivienda, sino “en qué contextos crecen nuestros gurises y gurisas”– y la formación de recursos humanos en materia de violencias.
Por su parte, el coordinador ejecutivo del programa del PC, Matías Bordaberry, hizo énfasis en la importancia de abordar la violencia “no solamente desde la seguridad, sino también desde la educación en las políticas sociales”. En ese sentido, dijo que su partido contempla una “batería de propuestas” a nivel educativo, como la mejora de los protocolos en violencia sexual e intrafamiliar en las escuelas y liceos, y la implementación de “políticas de seguridad focalizadas en centros educativos identificados”, lo que consistiría en la “asignación de unidades permanentes de la Policía comunitaria orientada a resultados que puedan hacer que niños, niñas y adolescentes perciban sus centros educativos de manera segura”.
También habló de “una política de saturación para que familiares directos de personas involucradas en delitos puedan tener un acompañamiento personalizado educativo y psicosocial”, el desarrollo del programa Barrios sin Violencia, el aumento de los Centros María Espínola, y la creación de al menos tres centros de atención integral a niñas, niños y adolescentes.
En tanto, Mariana Arsuaga, coordinadora del Consejo Nacional de Género y diputada suplente por el PI, destacó la importancia de la formar en detección de violencia a todo el personal que tenga contacto con infancias y adolescencias, fortalecer espacios en el territorio “que incluyan a la comisaría con equipos multidisciplinarios especializados en la atención de esta problemática”, y “trabajar especialmente con hijos e hijas de privados y privadas de libertad”, así como con “huérfanos por violencia basada en género”. Al mismo tiempo, abogó por “acortar” la brecha “geográfica” y “económica” en el acceso a la atención especializada en salud mental.
Violencia territorial: entre viejas dinámicas y fenómenos nuevos
Antes de que los partidos expusieran sus propuestas, tres especialistas dieron un pantallazo general sobre las violencias que viven hoy en día las infancias y adolescencias en Uruguay a nivel territorial, intrafamiliar e institucional.
Empezó Gabriel Tenenbaum, doctor en Ciencia Social con Especialidad en Sociología e investigador de la Universidad de la República (Udelar), que se concentró específicamente en la violencia territorial en contextos de criminalidad. A grandes rasgos, dijo que desde 2012 hubo un incremento notorio de la “violencia letal” en nuestro país que, pese a que se concentra en “segmentos espaciales muy concretos en algunos barrios”, el Estado ha sido “ineficaz” e “ineficiente” a la hora de controlarla.
Actividad organizada por la Plataforma Infancias y Adolescencias sobre la violencia hacia niñas, niños y adolescentes.
Foto: Ernesto Ryan
El especialista aseguró que, además de homicidios, en Uruguay hay otros dos fenómenos “relativamente nuevos” que hablan de una “desmesura” y una “radicalización” de la violencia: por un lado, los “desaparecidos temporales por el delito común” y, por el otro, la “crueldad en la forma de hacer morir y al momento de tratar con el cuerpo muerto”. “Muchas veces hemos hablado de qué iba a pasar con las infancias y adolescencias de la crisis de 2002. Ahora me parece propicio pensar qué va a pasar con las infancias y adolescencias que día a día se crían en estos escenarios sonoros y visuales de la muerte y de la crueldad”, apuntó Tenenbaum.
Puntualizó que “en buena medida” esto está asociado al “crimen organizado dedicado al tráfico de las drogas ilegalizadas”, que está compuesto por “grupos delictivos domésticos más o menos organizados”, pero también por “grupos organizados de mediano porte” y “grandes organizaciones criminales que operan en Uruguay”.
El investigador abogó por no pensar el problema como algo que sólo le compete al Ministerio del Interior (MI), porque existe “suficiente evidencia para decir que hay un conjunto amplio de factores de riesgo y condicionamientos estructurales de carácter social, cultural y económico”. Dijo, en particular, que es un “grave problema social” que la violencia sea considerada como un “mandato de la masculinidad” y “una forma de obtener reconocimiento, estatus, integración social, respeto”, sobre todo para los “varones jóvenes pobres, que muchas veces no tienen otros activos más allá que su cuerpo para demostrar que valen algo y a través del cuerpo ejercen esa violencia”, a veces siendo reclutados en la adolescencia para grupos delictivos o “para la comisión de delitos comunes más frecuentes, como los hurtos o las rapiñas, y ni que hablar de otros tipos de delitos de violencia de género”.
En este escenario, cuestionó “qué respuestas está dando el Estado [...] más allá de los programas pilotos y los pocos presupuestos que dedicamos a algunas instituciones”.
Violencia intrafamiliar: una emergencia (pública) puertas adentro
Andrea Tuana, magíster en Políticas Públicas de Igualdad y directora de la asociación civil El Paso, profundizó en la realidad de las infancias y adolescencias que viven violencia intrafamiliar: desde maltrato físico y psicológico y violencia sexual (abuso, explotación, embarazos forzados), hasta los miles que viven en hogares donde el padre ejerce violencia de género contra la madre. También hizo referencia a las niñas, niños y adolescentes que cada año quedan huérfanos por femicidio y a los infanticidios por violencia vicaria que se registraron en los últimos años.
En este panorama, Tuana planteó algunas “necesidades urgentes”, como elaborar una “ley integral sobre violencia hacia niñas, niños y adolescentes”, tipificar la violencia vicaria, invertir en educación sexual integral, garantizar “respuestas de calidad y en cantidad suficiente” de los servicios de atención y asegurar que la Udelar imparta formación sobre el tema en todas sus carreras para evitar futuros “abordajes revictimizantes”.
A su vez, dijo que es necesario fortalecer el acceso de las infancias y adolescencias a la Justicia, con más defensorías especializadas y multidisciplinarias, más juzgados especializados y más peritos calificados.
Tuana insistió además en la necesidad de aprobar la ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales –un proyecto presentado por el FA descansa en un cajón desde 2020– y aseguró que “lo primero que debería hacer el próximo gobierno” es derogar la ley de tenencia compartida.
La referente feminista enmarcó la situación en el backlash o “contramovimiento” que en Uruguay y el resto de la región “pretende poner un freno a los avances en cuanto a la percepción y a la concepción de la violencia como un problema de derechos humanos y como una expresión de las relaciones de poder adultocéntricas y patriarcales”.
Violencia institucional: más acompañamiento, menos encierro
La politóloga Tamara Samudio, integrante de la organización Servicio Paz y Justicia (Serpaj), ahondó en la violencia institucional, que, según explicó no implica sólo situaciones que pueden ser “más visibles” como las de violencia física o violencia sexual, sino que incluye también “prácticas que pueden ir desde la insuficiencia o inasistencia del Estado para poder satisfacer derechos fundamentales –educación, salud–, pasando por prácticas de exclusión y estigmatización, o la ausencia de mecanismos efectivos de denuncia”, entre otras.
En este sentido, dijo que Serpaj ve con “preocupación” cómo, muchas veces, “en aquellas trayectorias de vida de infancias y adolescencias donde el Estado cumple un rol central en brindar marcos de protección o de acceso a derechos fundamentales”, las prácticas “terminan orientándose en una dinámica de exclusión y de institucionalización”, esta última entendida como el “tránsito por ámbitos claves, como pueden ser la protección, la salud mental y también el conflicto con la ley penal, ámbitos de encierro donde muchas veces se desarrollan prácticas de violencia institucional en las formas cotidianas y se vulneran derechos de infancias y adolescencias con consecuencias negativas que son permanentes en su desarrollo”.
Samudio presentó algunas cuestiones “urgentes” que debería encarar Uruguay para enfrentar estos modos de violencia institucional. En esa línea, dijo que hay que “creerles a las infancias y las adolescencias”, y que esto no es solamente escucharlos, sino “hacer algo con eso que ese niño, niña o adolescente está trasladando”. Sin embargo, aseguró que hoy el Estado “no tiene ningún mecanismo de acompañamiento, ni de protección, ni en el sistema de justicia ni dentro de la misma institución para tratar de trabajar conjuntamente alguna situación que se pueda generar”. Por eso, urge “activar mecanismos inmediatos de protección, de investigación, ofrecer acompañamiento legal, psicológico, de protección para restituir los derechos, reparar y garantizar sobre todo la no repetición”.
La experta instó a pensar la institucionalización como “última medida”, apostando antes por “mecanismos de protección, de recursos y de acompañamiento a esa infancia y adolescencia, y no de encierro”.
Otras medidas urgentes que propuso incluyen reforzar el sistema de monitoreo, crear la Defensoría de Infancias y Adolescencias, achicar las brechas que existen en el acceso a la Justicia entre Montevideo y el resto del país, y crear fiscalías especializadas en violencia institucional.