La ruptura del silencio en torno a la violencia sexual que viven a diario las mujeres, niñas, niños y adolescentes en todo el mundo empujó reclamos, motivó leyes, sacudió estructuras, reparó a muchas que ahora pueden cambiar la culpa y la vergüenza de lugar y, sobre todo, dibujó un espejo en el que hoy miles se miran y ya no se ven más solas. También dejó al descubierto las barreras que hay cada vez que una sobreviviente decide denunciar. Porque a las víctimas de delitos sexuales siempre se les exige ir a la Justicia, pero a la Justicia se le exige mucho menos que las proteja, que no las revictimice y que las repare.
Por eso Anghi Britos no tenía muchas expectativas cuando en 2019 decidió denunciar los abusos sexuales que vivió de niña por parte de dos hombres que pertenecían a su entorno familiar: quien era la pareja de su madre y el hermano adoptivo de su padre. Las situaciones se dieron “en simultáneo, por separado, en lo que recorrió mi infancia”, señala ahora Anghi, de 29 años, en conversación con la diaria.
Ella cuenta que, durante muchos años, cargó con el peso de saber que “algo no había estado bien” mientras crecía. Eso se manifestó en diversos problemas de salud mental a lo largo de su trayectoria vital. En diciembre de 2019, en plena víspera de Nochebuena y después de un proceso que la llevó a ponerle nombre a lo que había vivido, presentó la denuncia en una comisaría. Pero se chocó contra una pared: le dijeron que los delitos habían prescrito.
Entre 2020 y setiembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación recibió 17.570 denuncias de delitos sexuales, según datos enviados a la diaria en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. De ese total, apenas 2% fueron formalizadas, sólo 9% tuvieron condena, 45% están en investigación y 44% fueron archivadas. La denuncia de Anghi quedó en esta última carpeta, no sin que antes tuviera que atravesar un proceso que describe como revictimizante.
Ahora va por más y este año presentó una demanda por daños y perjuicios contra distintas instituciones del Estado para que le garanticen una reparación que compense lo que vivió durante el proceso. Con esto quiere, además, sentar un precedente para las que denuncien detrás de ella.
La demanda, a la que accedió la diaria, da cuenta de varias omisiones e irregularidades que datan de antes de que Anghi pisara la comisaría aquella noche de 2019. El abuso sexual ya había aparecido durante pruebas psicológicas y forenses que le realizaron cuando era niña, durante el juicio por la tenencia que hicieron sus padres cuando se separaron. Por esos años, su padre presentó una denuncia que no tuvo consecuencias. En 2017, su madre, que también era víctima de violencia de género por parte de quien era su pareja, lo denunció por eso y por los abusos ejercidos contra su hija. Tampoco prosperó.
“La demora en la investigación y la falta de leyes de imprescriptibilidad afectaron directamente los planes y metas de la actora al impedir la justicia y la posibilidad de que los agresores fueran responsabilizados por sus acciones”, dice la demanda. “Esto perturbó su derecho de obtener justicia, desde los cinco años, cuando fue agredida sexualmente por primera vez. Ella denunció a tiempo los abusos sexuales, y cada tantos años volvía a denunciar, hasta que finalmente Fiscalía prueba que ella sufrió abusos sexuales pero lo hizo fuera del plazo de prescripción del delito”, agrega el documento.
En un momento en el que está en debate la necesidad de revisar la prescripción de los delitos sexuales, en medio de los coletazos brutales que dejó el reciente suicidio femicida de Milagros Chamorro, la historia de Anghi es otro ejemplo de cómo la normativa vigente constituye una de las tantas barreras a las que se enfrentan las sobrevivientes de estas violencias para hacer justicia. Su historia es la de muchas otras. Por eso sigue. Por eso, también, quiere contarla.
El camino hacia la develación
Como les sucede a muchas sobrevivientes de violencia sexual, el recorrido de Anghi hasta entender y develar lo que vivió no fue lineal. Recuerda que una de las primeras veces que apareció el tema fue durante el juicio por su tenencia, cuando era adolescente y todavía vivía en Artigas, pero “quedó en el ámbito del Juzgado de Familia”.
Fue en el marco de ese proceso judicial, en 2010, que tuvo un intento de autoeliminación que hoy identifica como “un momento de corte” en su vida, y que la llevó a estar con “tratamientos por parte de psiquiatra y de psicólogo en una institución de salud pública”. “Ahí se removió mucho adentro y también me hice consciente de que no estaban las cosas bien y de que mi desarrollo no había sido el que tenía que tener una infancia”, relata.
Más adelante se mudó a Montevideo para empezar sus estudios en la Facultad de Medicina y sus problemas de salud mental se agudizaron. “Empecé con muchos ataques de pánico, depresión y cosas que me tenían atada a la cama; si bien era funcional, iba a la facu y hacía mis cosas, había algo que no estaba bien. Hasta que un día dije ‘no, esto tiene una raíz, a mí me pasó esto y hoy lo acepto: abusaron de mí. Si quiero llevar una vida digna, voy a tener que hablar de esto, aunque me duela’”, recuerda que pensó en ese entonces.
Así fue que en setiembre de 2018 tomó la decisión de “invertir en terapia”, dice, y aclara que habla de inversión porque “a veces, en temas de salud mental, no tenemos en salud pública la continuidad que se necesita ante este tipo de traumas”.
Si bien el inicio de la terapia marcó otra etapa, Anghi cuenta que, un año después, “seguía teniendo episodios de ataques de pánico, períodos en los que sólo quería dormir y estar acostada”. Un día estaba en su casa, sola, y tuvo un ataque de pánico mientras estaba en la ducha: “Ahí fue que dije: yo no puedo más”. Ese 23 de diciembre de 2019, a pocas horas de las fiestas navideñas, salió de trabajar y radicó la denuncia por abuso sexual contra sus dos agresores.
Exactamente una semana después, el entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez, declaró la emergencia nacional por violencia de género.
El periplo judicial
Anghi recibió las primeras novedades de Fiscalía en julio de 2020, es decir, siete meses después de presentar la denuncia. Fue citada a una audiencia en donde recuerda que la fiscal le explicó que, si bien le iba a tomar declaración, el caso del hermano adoptivo del padre iba a ser archivado porque los delitos habían prescrito.
El Código Penal establece que si la pena máxima es de diez años de cárcel, como es el caso del abuso sexual, el delito prescribe una década después de que se comete. Anghi declaró que el último abuso fue en 2008, por lo que habían pasado 11 años al momento de la denuncia. A su vez, este agresor era menor de edad en el momento de los hechos denunciados, por lo que el delito había prescrito a los dos años de cometido, según lo que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Sobre este caso, entonces, no había nada para hacer. Pero sí se podía seguir investigando sobre la denuncia contra la expareja de su madre, sobre todo considerando los cambios que introdujo el artículo 78 de la Ley 19.580, aprobada a fines de 2017, que estableció que el plazo de diez años para la prescripción empieza a correr una vez que la víctima cumple la mayoría de edad. Cuando hizo la denuncia, Anghi tenía 24 años.
Unas semanas después de esa primera audiencia, el proceso se volvió a activar y Anghi recuerda que se comunicaron desde Fiscalía porque querían entrevistar a quien era su pareja en ese momento y, a la vez, pedirle un informe a su psicóloga. Más adelante, entre febrero y marzo de 2021, fue citada para realizarle pericias psicológicas. “Ahí estuve varios días yendo, donde se me hicieron distintas pruebas y también tuve que declarar”, recuerda.
El informe de la perito que realizó esas pericias, al que tuvo acceso la diaria, sugiere que “dado el nivel de angustia y de compromiso emocional” que presentaba Anghi, lo mejor era “evitar volver a exponerla a instancias judiciales, lo que resultaría altamente vulnerante”.
Después de atravesar por todo eso, la Fiscalía le notificó en diciembre de 2021 que también cerrarían el caso de la expareja de su madre, no por falta de pruebas, sino porque iban a tomar la ley anterior a la 19.580, que dispone la prescripción del delito a los diez años de cometido el último abuso.
“Cuando hice la denuncia, no confiaba demasiado en que pudiera llegar a suceder algo, porque también escuchaba a mi alrededor casos de ‘denuncié y no pasó nada’ o ‘ni hice la denuncia porque sé que no hacen nada’”, reconoce Anghi. Pese a eso, asegura que siguió adelante por las demás víctimas: “Yo cargaba con que no sólo a mí me había pasado, sino que tuve que ver cómo esas personas que abusaron de mí también abusaron de otras infancias, entonces me sentía culpable porque, si bien era parte de mi historia y era mi dolor, yo tenía esa información y, si no la daba, mucho menos iban a hacer algo para que esas personas dejaran de abusar”.
Por la reparación y por todas
Después del archivo del caso, Anghi sintió que había hecho todo lo que estaba a su alcance. Sin embargo, dos meses después, la contactaron desde Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía para informarle que uno de los agresores que ella había denunciado estaba formalizado por violar a una mujer. Eso la “detonó”. “Lo sentí como un ‘yo te creí, pero no podía hacer nada en ese momento y ahora, mirá, hizo esto y lo formalizaron’. No, no me quedo tranquila, porque esa mujer no tendría que haber pasado por eso”, apunta ahora.
En paralelo, otro asunto legal la llevó a tomar contacto con un nuevo abogado, al que terminó contándole sobre las denuncias de abuso. “Él me dice ‘si querés seguir adelante, vemos qué se puede hacer’, y con toda esa impotencia que sentía adentro “le dije: ‘sí, sigo teniendo fuerza’, porque si realmente están las herramientas, que se apliquen como corresponde, que no nos dejen solas y que no nos llamen a declarar para cerrarnos los casos y después enterarnos de que las mismas personas que abusaron de nosotras siguen abusando, porque es devastador”, relata Anghi.
Ahí arrancó otro proceso que terminó en marzo de 2023 con un pedido a Fiscalía para que reabriera el caso contra la expareja de su madre, con el argumento de que, cuando Anghi denunció, ya estaba vigente la Ley 19.580. Sin embargo, la solicitud fue rechazada. En líneas generales, le dijeron que los delitos habían prescrito porque la ley de violencia de género no aclara si es aplicable para las agresiones que tuvieron lugar antes de 2018, como es el caso.
Anghi recuerda que esa jueza le dijo que le creía y que había pruebas para comprobar el abuso, pero que no iba a reabrir el caso porque iba a ser “revictimizante” para ella y “en 20 o 30 días sus superiores iban a decirle que no correspondía”. Además, ya para ese momento, ella estaba por cumplir 28 años, muy cerca del plazo establecido por la Ley 19.580. También recuerda que esa magistrada le sugirió que para sanar se “acercara a militar desde el feminismo”. Así y todo, considera que esa fue la primera vez que tuvo la oportunidad de expresarse y tener una escucha sensible del otro lado.
Las responsabilidades del Estado
Frente a ese nuevo traspié, Anghi y su abogado presentaron este año ante el Juzgado Contencioso Administrativo de 2° turno una demanda contra distintas instituciones del Estado por daños y perjuicios. Lo que reclaman es una reparación económica por haber ejercido un daño moral que la afectó en cuatro aspectos –proyecto de vida, relaciones interpersonales, integridad personal y esfera emocional– y, a la vez, para “sentar un precedente”, dice ella.
Las instituciones demandadas son la Fiscalía, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
La demanda a Fiscalía es en tanto entienden que es responsable por no haber informado a Anghi sobre cuáles eran las “perspectivas del caso”, “el archivo de las actuaciones con apoyo de la Unidad de Víctimas y Testigos”, las “posibilidades de investigar sin necesidad de una pericia psicológica” y las “consecuencias en salud mental al hacer la pericia psicológica”, según indica el documento. “Si Fiscalía entendía que los delitos denunciados por Anghi estaban prescritos, debió haberlo informado desde un inicio y no esperar dos años dejando en vilo a la actora”, agrega.
También le atribuyen a Fiscalía “permitir que prescriban los delitos de ultraje público al pudor, atentado al pudor y violencia doméstica sufridos por Anghi y su familia”, y “no disponer y/o solicitar medida cautelar alguna” que haya prohibido que la expareja de su madre se siga comunicando con la denunciante, entre otras omisiones. A su vez, la demanda cuestiona que hubo “ausencia total del servicio” por “el hecho notorio de que sus dos agresores no tuvieron un reproche penal por su accionar hacia ella”.
En cuanto al Poder Judicial, lo señala como responsable civilmente “por errores groseros e inexcusables”, incluida la decisión de “no disponer desde 2002 a 2019 ningún tipo de medida de protección y/o reparación eficaz hacia Anghi”. Además, el documento recuerda que cuando declaró en el juicio por la tenencia, a los 11 años, la jueza le preguntó “qué había hecho ella para provocar a su abusador”, lo cual también configura violencia de género.
Por otra parte, demanda al Poder Legislativo por “no adecuar la normativa penal interna al estándar internacional antes o durante los abusos sufridos por Anghi, al permitir que en Uruguay los delitos sexuales hacia las infancias puedan prescribir” y por no tratar el proyecto de ley de imprescriptibilidad presentado por la senadora del Frente Amplio Amanda Della Ventura en agosto del 2020.
Al Poder Ejecutivo se le achaca “responsabilidad administrativa” por “declarar de manera tardía la emergencia en violencia de género” y luego “no cumplirla de manera íntegra”, “no realizar ninguna propuesta de modificación legislativa que extinga la figura de la prescripción en los delitos sexuales”, y “no difundir o reglamentar de manera eficaz las pensiones hacia las infancias y adolescencias víctimas de violencia de género”.
En tanto, el cuestionamiento al Mides es por no haber dispuesto “ninguna medida de reparación del daño psíquico y social sufrido por Anghi” y no “integrarla al mercado laboral o la bolsa de emprendimientos”, según lo que establece la Ley 19.580, que le atribuye específicamente al Instituto Nacional de las Mujeres de esa cartera la rectoría de las políticas públicas para una vida libre de violencia de género.
Anghi reconoce que lo que está haciendo “tiene una dimensión grande” porque, en definitiva, lo que busca es que se “mejoren los procesos” para cada persona que denuncie violencia sexual.
Consultada sobre cómo incidió el movimiento global contra la violencia sexual que se estaba dando en el momento que ella denunció –#MeToo, #MiráCómoNosPonemos, #HermanaYoSíTeCreo, entre otras iniciativas–, Anghi se emociona y responde con la voz entrecortada: “Es gracias al feminismo que yo puedo hablar”. De hecho, asegura que interpretó esos movimientos como “una señal” para ir a la Justicia. Y que se dijo a sí misma: “Todo ese miedo, esa culpa y ese silencio lo podés transformar en acciones que realmente van a impactar en un cambio, tal vez no para ahora, tal vez no para vos, pero sí para nuestras niñas, para nuestras futuras mujeres”.
Antes de terminar la conversación, le pregunto si en este momento tiene algún miedo. Contesta rápido que sí: “A que las mujeres sigan sufriendo abusos sexuales y violaciones; a que nos sigan matando por ser mujeres. A que no haya un cambio. A eso le tengo miedo. Por eso me tomo de forma tan personal el ir por más”.