La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS) expresó su “preocupación” ante la decisión del gobierno uruguayo de “retirar de sus funciones honorarias” a la técnica independiente que representaba al país ante el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mesecvi), que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). En un comunicado difundido este martes, la organización asegura que esta acción “no tiene precedentes” desde que Uruguay firmó la convención en 1994.
La experta uruguaya ante el Mesecvi era Teresa Herrera, doctora en Ciencias Sociales, docente, referente del movimiento feminista en nuestro país e integrante de la RUCVDS, que fue nombrada para ese papel en agosto de 2022. El reglamento interno del mecanismo establece que cada experta debe permanecer en el rol al menos durante tres años para poder cubrir las cuatro rondas de observaciones que se hacen por período.
Según explicó a la diaria Raquel Hernández, cocoordinadora nacional de la red, el Mesecvi notificó a Herrera la semana pasada mediante una nota en la que le informó haber recibido un mensaje de la Misión Permanente de Uruguay ante la OEA con la decisión del gobierno de “retirarle la designación” como experta nacional, sin ninguna explicación.
“Al tomar esta decisión se evidencia que el proceder de Uruguay no contempla, ni respeta, ni conoce el compromiso asumido, perjudicando además al país asignado, dejando inconcluso el seguimiento y por ende las recomendaciones a realizar”, señala la organización en el documento, y agrega que “esta forma de conducción lleva a pensar sobre los aspectos de fondo que puedan existir, teniendo en cuenta que el Mesecvi se pronunció cuatro veces sobre Uruguay”.
En concreto, el comité se pronunció contra el archivo de la causa de la violación grupal del Cordón por parte de la Fiscalía, la ley de tenencia compartida y los proyectos presentados este año para modificar la Ley 19.580 de violencia basada en género. Este año, las expertas también repudiaron las declaraciones que hizo en febrero el diputado colorado Gustavo Zubía en Desayunos informales, que en su visión contribuían a “avalar y naturalizar la violencia sexual contra las niñas, ignorando estándares y obligaciones internacionales”.
Las críticas sobre las iniciativas que buscan modificar algunos artículos de la ley de violencia de género fueron difundidas a mediados de este mes, cuando todavía no se sabía que el presidente Luis Lacalle Pou presentaría un proyecto en el mismo sentido, por lo que se centraban en las propuestas impulsadas por senadores de Cabildo Abierto en marzo y de Zubía en abril. En líneas generales, las expertas cuestionaron que los textos, que calificaron de “regresivos”, “proponen cambios que van en contra de los estándares internacionales y la jurisprudencia interamericana, bajo el argumento de que dicha ley favorece a las mujeres y discrimina a los varones”.
Para la RUCVDS, la decisión del gobierno uruguayo de retirar a la experta del organismo “es parte de un paquete de expresiones políticas” que muestran “un desapego absoluto con relación con los derechos humanos, sobre todo de las mujeres”, señaló Hernández, y dijo que también se enmarca en “un movimiento antiderechos y antigénero muy importante en el país, que se empieza a manifestar a partir de la aprobación de la ley mal llamada de tenencia compartida” y que tiene “otras manifestaciones importantes” como las iniciativas para reformar la Ley 19.580.
Consultada sobre qué implica que Uruguay deje vacante este espacio en el Mesecvi, la activista dijo que el mensaje que se da es “no nos importa la convención que se firmó en 1994”. A su vez, recordó que, en realidad, la técnica independiente que nombra un país no actúa sobre las observaciones de ese país sino sobre otro, para garantizar “la debida objetividad, mirada externa y autonomía que supone una observación”. Por lo tanto, “ni Teresa Herrera ni ninguna técnica que nombre Uruguay puede opinar sobre el país”, sino que son las expertas de otros países las que observan la aplicación de la convención en la realidad uruguaya.
En este escenario, precisó Hernández, la decisión de retirar a Herrera del cargo honorario deja a un país sin su experta “a menos de un mes de la cuarta ronda de observaciones”, mientras que la técnica que realiza el seguimiento de Uruguay “va a seguir actuando”.
Una emergencia ignorada
En el comunicado, la RUCVDS también denuncia la “falta de respuesta de este gobierno ante el constante reclamo de la sociedad civil para instrumentar la emergencia nacional declarada en 2019, a pesar de los incesantes femicidios y las niñas y niños asesinados a manos de sus padres”. En ese sentido, cuestiona que siga sin asignar el presupuesto que requiere una efectiva implementación de la Ley 19.580 y que continúe “sin proporcionar los recursos necesarios para la atención a las infancias y adolescencias en situación de abuso y maltrato que permanecen meses sin asistencia especializada por la gran demanda”.
“Hay una serie de compromisos país que están en el papel, pero no están en los hechos”, cuestionó Hernández, y dijo que, por lo tanto, tiene sentido que no sean bien recibidas las observaciones del Mesecvi que “obviamente ponen en tela de juicio al gobierno uruguayo”.
Por último, la cocoordinadora de la red recordó que “el conocimiento y la experticia” sobre violencia de género “la tiene la sociedad civil”, que en este momento “no está siendo convocada ni tomada en cuenta”. Mientras –agregó–, “siguen avanzando contra los derechos y siguen sin demostrar compasión alguna por la cantidad de femicidios y la muerte de los niños a manos de sus padres”.