Los 20 años de creación de la Oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA por su sigla en inglés) en Uruguay son un buen pretexto para reflexionar sobre el avance de la agenda de derechos de las personas LGBTI+ durante estas dos décadas. En particular, porque el fondo se define como la agencia de derechos y salud sexual y reproductiva, y porque el mandato compartido de “No dejar a nadie atrás”, que atraviesa la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, implica contribuir con los grupos más rezagados, sujetos aún de discriminación, violencias y vulneración de derechos.
Durante estos años, la cooperación del UNFPA ha aportado a la consecución de logros a través de la producción de conocimiento, el apoyo a iniciativas territoriales, la capacitación de operadores de la salud, la educación, la seguridad y la Justicia, la asistencia técnica a actores de gobierno nacional y departamentales para diseño y ejecución de políticas, y el fortalecimiento de múltiples iniciativas de grupos LGBTI+ en su cotidiana y nada fácil tarea de abogacía social e incidencia política.
En el complejo y cambiante contexto de América Latina, Uruguay se convirtió en referencia al instaurar una serie de leyes que reconocen y garantizan los derechos relacionados con la unión civil, la adopción, la reproducción asistida, las reparaciones, la atención a la violencia basada en género, la salud sexual y reproductiva, y la adecuación del nombre y la identidad de género. Asimismo, en el ámbito departamental, algunas intendencias implementaron acciones afirmativas orientadas a la plena ciudadanía, la inclusión y la equidad de las personas LGBTI+.
Además, en estos últimos años hubo acciones positivas, como la simplificación del proceso del cambio de nombre y sexo registral, la descentralización de los consejos departamentales de diversidad sexual, las disposiciones para promover la empleabilidad de las personas trans, la atención a las infancias y adolescencias trans y la mejora de los servicios y la atención a la salud de la población LGBTI+ a través de la capacitación a equipos de salud.
Aun con estos logros, los testimonios de las personas LGBTI+ resaltan las brechas entre la normativa y su pleno cumplimiento. La efectividad de las medidas se da cuando genera las condiciones para transformar en un sentido favorable la calidad de vida de las personas. En ese sentido, dentro de una sigla LGBTI+ no sólo cabe el abanico de diversidades e identidades, sino los escenarios cotidianos de vida. Siguiendo esta perspectiva, las diferencias más notorias refieren a las personas trans, sobre todo a las mujeres trans. Los procesos de hormonización o de readecuación corporal son desigualmente accesibles en Montevideo y los otros departamentos, con retrasos en la consulta, la medicación o los análisis. Aun sabiendo que las cirugías corporales (plenamente amparadas por la ley) precisan de equipos de salud especializados, su disponibilidad es insuficiente.
Con respecto a la salud de los varones, hay desigualdad en el acceso a las modalidades biomédicas (además del preservativo) para la prevención de la trasmisión sexual del VIH, en la que la altamente efectiva medicación para la profilaxis preexposición es gratis para los usuarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), pero paga para los del subsector privado, aunque todas las instituciones conformen el Sistema Nacional Integrado de Salud.
Por otra parte, el acceso a empleos dignos sigue siendo un desafío para la calidad de vida de las personas trans, con quienes el Estado mantiene una deuda histórica del (in)cumplimiento de la cuota, que les asegura el 1% de los puestos laborales, pero que en 2023 apenas llegó a 0,06%. Se precisa un análisis fino de esta realidad para proponer cambios normativos u operativos que contribuyan a la inclusión laboral.
Asimismo, la educación es un campo de riesgo para adolescentes heterodisidentes, enfrentados a situaciones de acoso y discriminación de sus pares y, muchas veces, sin la adecuada respuesta de los adultos referentes. La interrupción de las trayectorias educativas, en particular de las y los jóvenes trans, sigue impactando negativamente en sus proyectos de vida. Una educación sexual continua, con perspectiva de derechos, género y diversidad a lo largo del ciclo educativo, contribuiría con aulas más inclusivas y empáticas.
Por último, el uso libre del espacio público es un tema crítico para las parejas homoeróticas, trans o no binarias sujetas de burlas, insultos y violencias. Las leyes no cambian las pautas culturales, pero sí imponen límites a quienes violan el derecho a espacios seguros para todas las personas. Esta es una tarea de las instituciones públicas, pero también de la ciudadanía.
Desde su apertura en 2004, el UNFPA ha manifestado su compromiso de promover y defender los derechos humanos de todas las personas. Este es el zócalo ético del trabajo conjunto con los actores públicos, la academia y, en particular, las organizaciones de la sociedad civil, que nos permitan un horizonte de desarrollo más justo, solidario y sustentable.
Valeria Ramos (oficial de Salud Sexual y Reproductiva) y Juan José Meré (asesor VIH de la estrategia “No dejar a nadie atrás”), del UNFPA.