“Síndrome de alienación parental” (SAP), “alienación parental”, “alienación” (a secas), “implantación de memorias” o “construcción de relato”. Distintas formas de referirse al mismo concepto que, sin ningún tipo de validación científica, alude a la supuesta manipulación que ejercen las madres sobre sus hijas e hijos en contra de sus padres, en el marco de lo que presentan como separaciones o divorcios “conflictivos”, y en los que suele haber una denuncia por violencia contra el progenitor. Es también el tema que reunió a expertas de Uruguay y América Latina en un conversatorio que se realizó la semana pasada, en el Palacio Legislativo, y en el que también participó la vicepresidenta Carolina Cosse, quien aseguró que el tema es “uno más para trabajar, para conversar y para estar muy atentas”.
El disparador del intercambio fue la presentación del libro Alienación parental: una nueva forma de violencia de género contra mujeres, niñas y niños en América Latina y el Caribe, publicado en agosto de este año por Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), en alianza con Equality Now y la Campaña Global por la Igualdad en el Derecho de Familia. Con la coordinación de Tamara Amoroso Gonsalves, abogada y magíster en Derechos Humanos, la publicación compila 28 artículos que visibilizan esta problemática como una manifestación de violencia de género y profundizan en sus impactos sociales y jurídicos en la región.
“Este pretende ser un espacio de debate y de reflexión sobre cómo es posible que algo inexistente, como la alienación parental, que no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, ni tiene base científica, [...] ha permeado las legislaciones con distintos nombres y también ha permeado la práctica judicial”, introdujo Ana Lima, coordinadora de Cladem en Uruguay, al inicio de la actividad. “Nos preguntamos: ¿cómo?; ¿por qué?; ¿en qué se basa?; ¿cuál es la estructura que sostiene este discurso, que lo que quiere es controlar la verdad, una verdad que está construida especialmente para violentar a mujeres?”, agregó Lima, autora del artículo sobre Uruguay incluido en la publicación, y así dio pie al inicio de la conversación.
Además de Amoroso, expusieron Andrea Tuana, directora de la asociación civil El Paso y autora de uno de los artículos del libro –titulado “Disciplinamiento y restauración del poder patriarcal en la familia: niños, niñas, adolescentes y sus madres como ‘blanco de ataque’”– y Sofía Quiroga, representante de la organización Equality Now, que trabaja en el acceso a la Justicia de víctimas de violencia de género.
La actividad fue organizada por Cladem Uruguay, El Paso, la Campaña Global por la Igualdad en el Derecho de Familia, Equality Now, ONU Mujeres y el Parlamento.
Rastrear los orígenes y objetivos del SAP en la región
Andrea Tuana.
Foto: Diego Vila
Amoroso escuchó hablar por primera vez de “alienación parental” en 2016, pero comenzó a seguir el tema en 2021, cuando fue elegida para integrar el consejo directivo de Cladem y desde ese puesto regional vio cómo representantes de distintos países manifestaban preocupación por la aparición del concepto. Unos años después, en 2023, la organización coordinó un encuentro que reunió a “activistas, madres protectoras, médicas, psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas de cinco países: Brasil, México, Puerto Rico, Argentina y Uruguay”, entre las que estaban Lima y Tuana. “Ahí nos quedamos por un par de días a debatir qué es la alienación parental y por qué es importante hablar de eso. De ese evento surgió este libro”, resumió la investigadora.
Una de las cosas que se desprende de la publicación es que “hay un modus operandi de grupos conservadores que impulsan debates sobre la alienación parental”. En ese sentido, Amoroso dijo que “en un primer momento se busca pasar leyes de custodia compartida y ahí trabajan la idea de que lo ideal para los niños es que tengan el máximo de tiempo con ambos progenitores, sin considerar que en un contexto de violencia esto no es el mejor interés del niño”. Estos debates, aseguró, “son en general impulsados por grupos de padres que luchan por este derecho a estar cerca de sus hijos. Lo que pasa es que, muchas veces, son padres que están acusados de cometer actos de abuso de distinto tipo”.
A su vez, el libro refleja que “los datos de alienación parental son muy similares” en los distintos países. “En Canadá, en Europa, en América Latina, hay datos muy similares que dicen que 80% de los casos en los que surge la alienación parental es en un contexto de divorcio en que la mujer reporta violencia doméstica o abuso sexual contra el niño o la niña”, por lo que “se presenta no como una acción judicial autónoma, sino como un argumento de defensa”, explicó Amoroso.
También se identificó que “no sólo hay un número mucho más grande de mujeres que han sido acusadas de alienación parental, sino que le siguen otros procesos como, por ejemplo, la denuncia por daños civiles, cuando el varón denuncia a la mujer por calumnia, por difamación, y ella es condenada a pagar”. “Ahí tenemos un proceso de vulnerabilización extrema de las mujeres, porque vivieron años en situaciones abusivas, denunciaron la violencia, el Poder Judicial acogió el argumento de alienación parental, y ellas son entonces condenadas a pagar indemnizaciones muy altas, además de que hay gastos asociados a los múltiples procesos”, puntualizó; “eso también les afecta la autonomía económica financiera y se torna un problema muy complicado de resolver”.
“Las mujeres trabajamos, luchamos un montón para que tengamos protección y, cuando accedemos al sistema de justicia, es el sistema de justicia que no se responsabiliza por la violencia. Esto coloca a las mujeres en espacios imposibles, porque si denuncian la violencia, son alienadoras; si no denuncian, son madres negligentes. En ambos casos son responsabilizadas”, esgrimió la coordinadora de la publicación.
El título elegido para el libro tiene que ver con que, justamente, la evidencia muestra que la alienación parental “es una sofisticación de la violencia [de género] que deviene en violencia institucional contra esa mujer que, ya vulnerabilizada, no encuentra justicia”, puntualizó Amoroso. En el caso de la violencia en el marco de la pareja, especificó que “hay un factor que es el control coercitivo que es central” y que estos hombres, en el momento del divorcio o la separación, logran seguir ejerciendo “en diversos ámbitos procesales, por medio de procesos abusivos”.
Tuana: “Lo que Uruguay está haciendo con sus niños y sus niñas es una vergüenza”
Foto: Diego Vila
“Lamentablemente, la ideología del falso síndrome de alienación parental está en Uruguay y está en nuestros países porque las mujeres llegaron bastante lejos [con la conquista de derechos] y también el sistema de protección de la infancia llegó lejos y fue logrando que los gurises estuvieran protegidos y alejados de los agresores y violentos, entonces esto es un contramovimiento que intenta nuevamente volver a establecer ese control”, apuntó Tuana al inicio de su intervención.
En este “contexto de retrocesos”, la directora de El Paso ubicó la aprobación de la ley de corresponsabilidad en la crianza (o de tenencia compartida), que entre otras cosas habilita que niñas, niños y adolescentes tengan que revincularse con padres denunciados por violencia. “Esa ley ha traído el debate de las denuncias falsas y no solamente ha colocado el debate, sino que ha ganado a la opinión pública, porque más allá de que la evidencia demuestra que prácticamente no hay denuncias falsas en Uruguay, como muestra una investigación reciente del Claeh dirigida por Teresa Herrera, en las encuestas de opinión la población cree que tenemos un gran problema de denuncias falsas”, señaló, esto último en referencia a los resultados de un sondeo de la Usina revelados por una investigación de la diaria publicada a fines de junio.
“Tenemos chiquilines que les dicen a sus abogados defensores que no quieren ver a sus padres porque han sufrido abusos o han sufrido malos tratos o tienen miedo, y sus abogados defensores dicen que eso es parte de la alienación que la mamá está generando y que, por lo tanto, hay que forzar las visitas”, relató Tuana. “Esto es algo que, hace seis o siete años, en Uruguay, era impensable. Había algún caso, pero estábamos con la tranquilidad de que, en el final, si el señor no era condenado, ningún juez se iba a atrever a generar una revinculación forzada. Todo eso cayó y hoy estamos en una situación absolutamente vergonzosa. Lo que Uruguay está haciendo con sus niños y sus niñas es una vergüenza”, enfatizó la especialista, y cuestionó que “no estamos logrando poner este tema con la seriedad y la gravedad que está pasando”.
Quiroga: “Han perfeccionado sus herramientas de ataque”
Foto: Diego Vila
La representante de Equality Now contó que mientras la organización pensaba “estrategias para el abordaje de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y cuáles eran las principales barreras en el acceso a la Justicia”, identificaron que aparecía “muy recurrentemente” la utilización del SAP en la región. “En México, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Colombia se usa el mismo mecanismo: se desacredita el relato de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas específicamente de violencia sexual y se dice que se le están introduciendo memorias, que se está coconstruyendo el relato, que se está obstruyendo el vínculo con el otro referente afectivo parental, en el caso del padre”, explicó.
Esta es la “primera barrera” para que las infancias víctimas de violencia accedan al sistema de justicia. “Y si no creen en lo que está diciendo esa niña o ese niño, es revictimizado, porque pasa por una, dos, tres instancias donde tiene que decir a la Justicia lo que ha vivido, y es muy difícil que finalmente esa situación, por ejemplo, se lleve al juicio”, relató Quiroga.
En esa línea, afirmó que quienes “impulsan” la instalación del SAP lo hacen en tres niveles. Uno es el nivel legislativo, “con leyes que tienen diferentes nombres: ley de impedimento de contacto, ley contra la obstrucción de los vínculos, ley de alienación parental” o las de custodia compartida. Otro nivel es el judicial, en el que “son operadores y operadoras del SAP los mismos funcionarios del sistema de justicia, es decir, jueces, auxiliares fiscales, fiscales, auxiliares de justicia”. El tercero, finalmente, es el de las organizaciones de la sociedad civil, desde donde se promueven “estrategias muy afinadas”.
“Han perfeccionado sus herramientas de ataque”, sintetizó Quiroga, y dijo que “lo que más miedo causa es cómo perfeccionan esas metodologías que tienen en contra principalmente de los niños, niñas y adolescentes, y cómo no es un tema todavía tomado totalmente por el movimiento feminista”.
En este escenario, la referente hizo un llamado a los estados a “actuar urgente para proteger a esas infancias que están totalmente desfavorecidas” y al movimiento feminista a “seguir trabajando para construir espacios y fortalecernos”. En particular, llamó a “fortalecer a los equipos técnicos, a las profesionales, a las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la trinchera”, porque “así como hay trabajadoras sociales, abogadas, psicólogos que les creemos a los niños, niñas y adolescentes, hay muchos que trabajan para perfeccionar estas herramientas que aplican la alienación”.