El comité de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mesecvi), que funciona en la órbita de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó este jueves su “profunda preocupación ante la creciente difusión en la región de discursos y propuestas normativas en torno a lo que se considera alta prevalencia y uso extendido de denuncias falsas en casos de violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos, especialmente en contextos de violencia intrafamiliar y violencia sexual”.
En el comunicado difundido, las especialistas aseguran haber tenido conocimiento de que, en distintos estados que ratificaron la Convención de Belém do Pará –incluido Uruguay–, se han presentado “iniciativas legislativas que buscan incrementar las sanciones penales contra mujeres denunciantes de violencia basada en género o abuso sexual infantil”, incluso “cuando este delito ya se encuentra tipificado y sancionado en los códigos penales vigentes”. En ese sentido, afirman que estas propuestas, “lejos de fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia, desincentivan las demandas legítimas de justicia, protección y reparación por parte de mujeres y de sus hijas e hijos, víctimas frecuentes en estos casos, y propician la impunidad y repetición de estos delitos, atentando contra sus derechos fundamentales”.
A su vez, advierten que estos proyectos “suelen acompañarse de discursos públicos sustentados en estereotipos de género, difundidos ampliamente por los medios de comunicación, las plataformas digitales e incluso en espacios académicos”, pese a que “el comité de expertas constata la ausencia de datos concretos y estudios fiables que sustenten la narrativa de una alta incidencia de denuncias falsas”.
Las expertas también observan “con alarma” que “la difusión de estas narrativas se suma a otras figuras esgrimidas para deslegitimar denuncias de violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos, como es el uso ilegítimo del llamado ‘síndrome de alienación parental’ o conceptos similares”, prácticas “ya señaladas por el comité como parte del continuum de la violencia de género que se cierne sobre las mujeres y pueden generar responsabilidad estatal por violencia institucional”.
En este marco, el comité alerta que estas iniciativas “representan un retroceso en la protección de los derechos y en la efectiva implementación de las obligaciones establecidas por la Convención de Belém do Pará, ya que estas narrativas contribuyen a poner en duda la credibilidad de la palabra de las mujeres y de sus hijas e hijos víctimas de violencia, generando nuevas formas de revictimización, que limitan su acceso efectivo a la Justicia y las exponen a posibles acciones penales en su contra”.
Por todo esto, el organismo insta a los estados parte de la Convención de Belém do Pará a “asegurar que cualquier iniciativa legislativa o política pública se ajuste plenamente a las obligaciones y estándares internacionales en materia de prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres”, y los exhorta a “reforzar los mecanismos institucionales de atención y acompañamiento, y a garantizar que las mujeres, niñas y niños puedan denunciar sin temor a consecuencias negativas”. Al mismo tiempo, recomienda a “los medios de comunicación, instituciones académicas y operadores de justicia a actuar con responsabilidad y perspectiva de género, contribuyendo a erradicar los estereotipos que perpetúan la impunidad y obstaculizan el derecho de las mujeres y niñas a acceder a la Justicia en casos de violencia en su contra”.
Actualmente, el Parlamento uruguayo tiene a estudio dos proyectos que buscan modificar la Ley 19.580 de violencia de género, argumentando –y sin exponer evidencia empírica– que hay un supuesto aumento de las denuncias falsas. Uno fue impulsado por los senadores del Partido Colorado Gustavo Zubía, Andrés Ojeda y Robert Silva; el otro es el proyecto que presentó en mayo de 2024 el Poder Ejecutivo, en ese entonces liderado por el expresidente Luis Lacalle Pou, que fue desarchivado en esta legislatura a pedido de la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi.