El 9 de mayo de 2012, el Senado de Argentina aprobó –con 55 votos a favor, ninguno negativo y una abstención– la Ley 26.743 de Identidad de Género, dando respuesta a un reclamo eterno de la población trans: poder vivir la identidad de género como cada persona la sienta, se corresponda o no con el sexo asignado al nacer, sin que eso signifique perder automáticamente el derecho al pleno disfrute del conjunto de los derechos humanos.
La normativa, redactada por la militancia trans, fue pionera por ser la que más se acercó a los tratados internacionales que fomentan la reducción de la inequidad en salud y el respeto por los derechos de las personas, y sentó un precedente mundial en la despatologización de las identidades travesti, transgénero, transexual e intersexual.
A 13 años de aquella fecha histórica, Argentina enfrenta el embate conservador más cruel del que se tenga registro. Cruel y arrasador: a poco de asumir el gobierno de Javier Milei, avanzó contra los haberes jubilatorios; la educación y la salud pública; el sistema de ciencia y tecnología nacional; las comunidades indígenas, campesinas, campesinos y personas con discapacidad; ahogó el presupuesto para la búsqueda de los y las 300 nietas apropiadas durante la última dictadura militar; negó el cambio climático; restringió y reprimió las huelgas; allanó la privatización de decenas de empresas estatales. En resumen: donde se ejercía un derecho, aplicaron motosierra.
Pero el encono libertario es especialmente diligente para construir discursivamente los movimientos feministas y de las diversidades sexuales, y sus logros, como una especie de zona de riesgo. La “ideología de género” encarna el think tank progresista que está mal/que hace mal/que hay que erradicar para garantizar “los valores de la familia tradicional y la perpetuación de la especie”.
Acá nomás en el tiempo Milei declaró, en el Foro Económico Mundial de Davos 2025, que, “en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”.
A la narrativa oficial de odio le siguieron acciones concretas e inmediatas. Dejar de garantizar la implementación de leyes nacionales como, por ejemplo, la Ley de Identidad de Género, entre otras.
“Hace más o menos un año que hay faltante de hormonas para los tratamientos de mujeres y de varones trans. Nos venían dando hormonas vencidas, pero ahora ni siquiera tienen de esas en los hospitales y en las salitas de salud pública. Algunos varones trans empezaron a comprar la testosterona en gimnasios o en lugares que no están habilitados a precios más económicos que en las farmacias. Volvimos a la automedicación, a las épocas de enterarnos por el boca en boca dónde venden más barato las hormonas. Volvimos a no controlar nuestra salud, porque en general los chicos y las chicas dejan de ir a la doctora si tienen que ocuparse de conseguir los fármacos”, describe Constanza Herrera, activista travesti-trans de la provincia de Salta, a la diaria.
“Los tratamientos no los podés cortar repentinamente porque seguro va a repercutir sobre tu salud mental, sobre las funciones de otras glándulas hormonales […], es todo un sistema que tiene que estar en equilibrio. Si lo cortás, el equilibrio se rompe y las consecuencias quizás no son visibles ni a corto plazo, pero sin dudas van a dejar una marca en nuestra salud. Igualmente, no hay mucha alternativa porque el vaciamiento es total: no hay hormonas, ni anticonceptivos, ni tratamientos retrovirales, nada. La Nación cortó todo lo que tiene que ver con la salud pública y en la provincia no hay predisposición por continuar”, agrega.
“Siempre fue complicado conseguir turnos y especialistas referido a nosotras, las mujeres trans. No había muchos y menos en el ámbito público”, señala por su parte Andrea, que también es salteña y el último control médico le tocó en diciembre, cuando su médica endocrinóloga anticipó que faltaban insumos porque desde el gobierno nacional no se mandaban y la provincia no respondía a los reclamos. “En Salta capital tenemos sólo dos centros de salud. Entonces te hacían esperar un tiempo, quizás dos meses, hasta que te daban la medicación. Pero ahora ya es improbable que nos [la] den. Desde diciembre que no entregan la espironolactona, que es lo que nos dan a las chicas para bloquear la testosterona. Y la doctora me dijo que en noviembre pasado dejó de llegar el estradiol, que es la hormona femenina”, cuenta. El próximo turno médico lo tiene en mayo. “No sé qué va a pasar. Por ahora estoy costeando todo de mi bolsillo, pero pronto no lo voy a poder pagar más porque el bloqueador vale 32.000 pesos [unos 30 dólares] y el estradiol casi 12.000. Pagar eso todos los meses es un presupuesto muy grande para chicas como yo y tantas otras que no contamos con un trabajo estable. Logramos apenas comer y vestirnos”, señala.
La estrategia se repite: el Estado nacional decide retirarse, de manera abrupta, de la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las políticas públicas y deja a los gobiernos provinciales a la deriva. Leyes sancionadas, reglamentadas, que quedan en letras de molde, en un “como si”. Porque no hay necesidad de derogarlas; alcanza con dejar de financiarlas.
Así lo explica a la diaria el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA): “El derecho a la salud está reconocido tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales con jerarquía constitucional; por lo tanto, el Estado es garante de su cumplimiento y la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha expresado en distintos fallos. No obstante, la salud es una facultad concurrente que tiene el gobierno nacional con los gobiernos provinciales. Es decir, le compete tanto al Estado nacional como a las provincias según la Constitución. En eso se ampara el Estado nacional para justificar su corrimiento en la garantía de las políticas públicas”.
La organización agrega: “El tema es que si el Estado nacional quisiera hacer valer la concurrencia debería hacerlo de una manera paulatina, con transferencia de recursos a las provincias, asegurando que puedan afrontar la obligación de hacerse cargo de la compra y la distribución de insumos. La buena fe o lealtad federal es un principio constitucional que debe primar en las relaciones entre nación y provincias, por lo que el Estado nacional no puede, invocando esta competencia concurrente, desvincularse totalmente sin asegurar que las provincias tengan la capacidad para absorberla”.
En la misma línea expone Mariana Romero, médica e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), quien asegura que el gobierno nacional “dejó de proveer insumos de manera intempestiva”. “No fue una decisión acordada, gradual, ni consideró las inequidades estructurales de las provincias. Con inequidades me refiero a que, por ejemplo, el 80% de la población de Chaco se atiende en el sector público, mientras que en la ciudad de Buenos Aires hay una gran cantidad de personas cubiertas con obra social o prepaga. La inequidad surge porque la provincia del Chaco deberá garantizar la cobertura pública de más personas”.
Por otro lado, dice, “están las posibilidades de negociación de cada provincia para comprar los medicamentos. Precios, plazos de entrega. La Nación tiene una situación privilegiada para negociar porque obviamente compra en mayores cantidades. Y finalmente están las capacidades de las provincias para llevar adelante las políticas. Lo que habría que hacer, en todo caso, sería homogeneizar las posibilidades de acceso del conjunto de la población, independientemente de dónde vivan”.
Plan motosierra
En Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación es el organismo rector de las políticas de salud vinculadas a la prevención y atención integral del VIH, hepatitis virales y tuberculosis. Ese rol incluye las compras de los tratamientos, entre varias tareas.
Sin embargo, la intención compulsiva del oficialismo de descentralizar responsabilidades llevó al Poder Ejecutivo a presentar en el Congreso un proyecto que planteaba una reducción de 76% en dólares de las partidas presupuestarias asignadas al Programa Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis, ITS [infecciones de transmisión sexual] y Tuberculosis.
Frente a las críticas, Milei no se apichonó. Por el contrario, resolvió por decreto prorrogar por segundo año consecutivo el presupuesto aprobado en 2023. El recorte se hizo efectivo de hecho y de prepo, mientras aumentan los diagnósticos de VIH y tuberculosis, y con las hepatitis virales rankeando entre las infecciones con más alta prevalencia en el país.
José María Di Bello, de la Comisión Directiva de la fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), que trabaja para reducir el riesgo de transmisión de VIH y otras infecciones, comparte el panorama: “En 2024 hubo faltantes de medicamentos y cambios continuos en los esquemas de tratamientos. Esto es peligroso para las personas con VIH. Tener que volver a una triterapia, que incluye una droga que se sabe que provoca consecuencias en el metabolismo y problemas renales, por no haber realizado la compra de la biterapia con dolutegravir y lamivudina, es complicado”.
Di Bello asegura que “tampoco se compran preservativos”. “Argentina tenía un promedio de compra de entre 40 y 50 millones de preservativos desde la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis. Hoy, cero, en un contexto de aumento exponencial de la sífilis y con casos notificados de VIH que pasaron de 5.300 a 6.400 en el año”. A la vez, a mitad de 2024 “empezaron a faltar también reactivos, tanto para diagnósticos como para seguimientos. Quienes tenemos VIH precisamos reactivos para medir la carga viral y evaluar si venimos bien con la medicación. Nación no compró más reactivos. Estas decisiones ponen en peligro nuestras vidas. Estamos asistiendo a la planificación de un genocidio”.
Para que quede claro: las compras descentralizadas, además de ilegales, suponen precios todavía más caros en cada provincia. Por ende, no es difícil imaginar que el ajuste forzoso no resulte en ahorros reales al país –caballito de batalla de La Libertad Avanza– sino que incremente la necesidad de inversión futura en salud.
Lo que la marea trajo...
El estudio Puntos de vista sobre género y derechos sexuales y reproductivos en Argentina 2024 –publicado el mes pasado por Cedes y ELA– recoge y analiza las respuestas que surgieron de una encuesta en línea a 2.000 personas –mayores de 16 años y de diversos contextos sociales y territoriales– y del desarrollo de 13 grupos de discusión sobre el rol del Estado y sobre la relevancia de las agendas de género y de derechos sexuales y reproductivos para la sociedad argentina.
Una mirada global de los resultados permite una apreciación diferente del clima cultural si se tiene en cuenta que el Estado aparece como un actor clave que, lejos de correrse, debería involucrarse y garantizar inversión en una sociedad que reconoce lo mucho que falta hacer para una mayor igualdad de derechos.
Por ejemplo, cerca de 70% de las personas señala que el Estado debería involucrarse y/o invertir mucho o bastante en brindar asistencia integral a víctimas de violencia de género, facilitar información y métodos de prevención de embarazos e ITS, y brindar educación sexual integral. En otros temas sociales, como aumentar salarios en salud y educación, esta valoración alcanza 80% y se acerca o supera el 90% en cuestiones como garantizar la calidad y continuidad educativas, y reducir la pobreza.
Semejante magnitud de apoyo deja en evidencia que las opiniones exceden las posibles identificaciones políticas o partidarias: cualquier traslado lineal de porcentajes de resultados electorales a estos valores haría imposible llegar a un 80% o 90% de acompañamiento a estas ideas.
Para las autoras, entonces, la investigación indicaría que el cambio cultural experimentado en las últimas décadas “ha sido profundo y ha dejado huellas”. Con énfasis lo destacan en las conclusiones: “Lo que nos une es siempre un proceso en construcción y con bases sólidas, incluso cuando el ruido haga parecer que esas bases no existen más. Lo que la marea trajo y el viento no se llevó es mucho más de lo que el lugar común actual nombra y propone”.
El 10 de diciembre de 2023, el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, asumió como presidente de Argentina con 55,69% de los votos. En campaña había prometido terminar con la inflación, dolarizar la economía y perseguir a la “casta política”, leitmotiv que lo habilitó, ya en funciones, a desmantelar y desfinanciar infinidad de programas y servicios públicos.
Su victoria es asunto de reflexiones y debates de todos los colores. Lo cierto es que los argentinos y las argentinas no le firmaron un cheque en blanco y, aunque Milei todavía mantenga una imagen positiva entre la ciudadanía, no siempre las acciones de gestión implican un visto bueno generalizado. Ni siquiera de sus votantes.
Es que, como dicen los focus groups, “lo que la marea trajo el viento no se lo llevó”.