Como cada 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, distintas organizaciones de todo el mundo que trabajan en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos hicieron pronunciamientos sobre avances y retrocesos en la materia. En nuestro país, concretamente, se manifestaron dos referentes en el tema: Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) y la pata nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), según los comunicados a los que accedió la diaria.
En el caso de MYSU, el documento asegura que si bien en Uruguay “se han logrado avances significativos en la incorporación del enfoque de derechos y género en salud, educación y protección social, la implementación de las políticas ha sido limitada y, los recursos destinados, insuficientes”. Como ejemplo de la “urgencia” que existe en cuanto a “políticas integrales de prevención y atención”, la organización puntualiza el “dato desgarrador” de que, entre 2021 y 2024, se identificaron “190 niñas menores de 15 años embarazadas”, la mayoría de ellas residentes en zonas fronterizas y, en 61% de los casos, con embarazos producto de abuso sexual.
Por otro lado, remarca que “las conquistas que permitieron más de 100.000 abortos legales desde 2013 siguen siendo objeto de ataque por parte de sectores ultraconservadores que buscan reinstaurar formas de control y subordinación sobre los cuerpos y decisiones de las mujeres y personas gestantes”. En esta línea, afirma que “en un contexto global de recrudecimiento de discursos de odio, del racismo, la xenofobia y la misoginia, Uruguay tiene hoy, ante un cambio de gobierno, la oportunidad de retomar el liderazgo regional que supo tener”. Y agrega que “es momento de dejar atrás la resistencia y dar un paso hacia la acción concreta”.
Así, hace un llamado “a los poderes del Estado y a las instituciones” a “revisar y fortalecer las políticas públicas de salud sexual y reproductiva, garantizando servicios accesibles, integrales y de calidad”; “reforzar la educación en sexualidad con enfoque en derechos, igualdad y no discriminación”; e “impulsar programas interinstitucionales que promuevan la autonomía y el desarrollo integral de mujeres y personas gestantes, involucrando también a los varones en la transformación de prácticas culturales dañinas”.
Cladem: contra “propuestas regresivas” y “discursos de odio”
Por su parte, Cladem Uruguay expresa preocupación por las “propuestas regresivas en las leyes de protección” del derecho de las mujeres a su autonomía y a decidir sobre sus cuerpos, y la “construcción de una narrativa que con intencionalidad política pretende eliminar el derecho al aborto e instalar la maternidad como único destino de las mujeres, adolescentes y niñas”. En ese sentido, y en línea con MYSU, la organización manifiesta su “alarma” y “rechazo” a la “creciente persistencia de los discursos de odio de grupos ultraconservadores que instalan la idea del otro o la otra como ‘el enemigo’ a eliminar”, en tanto “la confusión deliberada entre fe y derechos de estos grupos daña la democracia y el estado de derecho”.
A la vez, Cladem exige “avances” para “evitar la penalización de emergencias obstétricas” y “fortalecer los servicios de atención en salud para una respuesta integral con perspectiva de derechos humanos y no solo desde una mirada exclusivamente médico sanitaria”. También considera “impostergable” el acceso de las mujeres migrantes a los servicios de salud, “especialmente en el ejercicio del derecho al aborto”, cuestiona el “desmantelamiento y retroceso de la educación integral en sexualidad”, y critica que el sistema carcelario “no garantiza la salud y el derecho a una vida digna a las mujeres”.
En materia legislativa, la organización señala que la Ley 19.580 de violencia basada en género “no admite demoras ni excusas para su adecuada implementación”. “Los datos conocidos de violencia sexual contra niñas y adolescentes y los embarazos infantiles resultan inaceptables e indican la ausencia de medidas concretas para evitarlos”, agrega el documento. Por último, reitera el rechazo a la ley de tenencia compartida, aprobada en 2023, porque “vulnera la protección integral de niños, niñas y adolescentes, los expone a situaciones de mayor violencia, intimida a las madres que quieren denunciar la violencia que ejercen los padres e introduce sin nombrarlo el inexistente síndrome de alienación parental”.