Este martes se reunió por primera vez la mesa de trabajo que convocó la semana pasada el gobierno con la sociedad civil para reforzar la respuesta a la violencia de género, tras los infanticidios vicarios de Alfonsina y Francisco, de 2 y 6 años, a manos de su padre, Andrés Morosini. La creación del grupo fue uno de los reclamos que deslizó la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS) el viernes, durante una movilización espontánea que surgió tras conocerse la terrible noticia y que reunió a distintos colectivos y feministas autoconvocadas en las puertas de la Torre Ejecutiva.
Durante este primer encuentro, que tuvo lugar en la misma sede del Poder Ejecutivo, participaron en nombre del gobierno el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente (INAU), Claudia Romero; la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, y la responsable de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio del Interior (MI), July Zabaleta. Por su parte, estuvieron presentes Natalia Fernández y Raquel Hernández, de la RUCVDS, y las activistas Soledad González y Valeria Caggiano en representación de la sociedad civil. Según explicó González a la diaria, ellas como feministas autoconvocadas plantearon algunas propuestas y la red presentó otras.
A la salida de la reunión, que duró unas dos horas y media, la directora de Inmujeres explicó que esta primera instancia tuvo como fin “escuchar a las representantes de la sociedad civil, que pretendían hacer propuestas”, y aseguró que las autoridades se van a “tomar el menor tiempo posible para dar una respuesta”. En ese sentido, valoró como “clave” el trabajo interinstitucional y dijo que “desde INAU, el MI, Inmujeres y desde la voluntad que coloca Presidencia en particular sobre este tema” estarán no sólo “devolviéndole a la sociedad civil respuestas sobre sus planteos”, sino también “trabajando desde todos los organismos tratando de ver si podemos tener más respuestas integrales y revisar nuestras actuaciones, porque sin duda los protocolos siempre tienen que estar sometidos a la revisión”.
Consultada sobre qué medidas concretas se pondrán arriba de la mesa, Xavier dijo que “esa es la respuesta” que tienen que dar en los próximos días, cuando se vuelva a reunir la mesa, que será “a la brevedad”, aunque aún sin fecha concreta. La jerarca apuntó además que durante el encuentro se conversó sobre leyes que, “por la evaluación que tenemos, no han contribuido a mejorar la situación”, sino, “por el contrario, a empeorarla”, y mencionó en particular la ley de tenencia compartida. Sobre este punto en particular, recordó que el Frente Amplio tiene “la revisión y la modificación” de esta norma en su programa, y que se espera que el tema sea tratado eventualmente en el Parlamento.
Por último, consideró que es necesario que la ley de violencia de género incluya la caracterización de la violencia vicaria, algo que “no fue posible cuando se aprobó”, en 2017.
Revisar toda la respuesta en violencia
Por nombre de la sociedad civil habló González, que aseguró a la prensa que este primer encuentro se propuso “fijar posición sobre qué función cumpliría esta mesa, qué alcance tendría y qué posibilidades tiene para adelante”.
La activista dijo que la “propuesta de trabajo” que llevaron ellas tiene que ver con “revisar todo el sistema de respuesta, de manera integral y absoluta”, por parte de “todas las instituciones que tienen responsabilidad o un que ver en la atención, prevención, reparación y acceso a la justicia”. Eso, concretamente, implica “revisar todas las prácticas, todos los dispositivos, las herramientas, los instrumentos”, detalló.
A su vez, aclaró que su planteo “no es un diagnóstico, ni es una consultoría”, sino que apunta a que “haya personas revisando proactivamente, pensando cómo se soluciona el problema”.
González también dijo que su objetivo es que la mesa de trabajo “sea temporal” y que contribuya a “poder dar indicaciones políticas para que se puedan hacer algunos avances en el plano de la política pública de respuesta”.
Respecto de la respuesta de las autoridades, valoró que “fueron muy receptivas”. “Como era la primera vez que tomaban contacto con nuestra propuesta, quedaron en estudiarlo, que es lo que corresponde”, agregó la referente.
La activista consideró que las fallas en la respuesta a la violencia están “en todos lados”, en algunos casos “porque se hacen mal los procedimientos, pero también porque no hay recursos”, y eso deriva, por ejemplo, en que los jueces “decreten medidas sin tener evaluaciones de riesgo”. “No puede ser que alguien haga una denuncia y no se evalúe el riesgo al que está expuesta. Entre otras cosas, no puede ser porque en el momento en que una mujer hace la denuncia, el riesgo aumenta exponencialmente porque la denuncia provoca al violento. Entonces, vas a hacer la denuncia y después no tenés respuesta de contención que te ayude a manejar esa nueva situación”, cuestionó.
Además de equipos formados para poder evaluar adecuadamente el riesgo de la situación, mencionó otras necesidades puntuales, desde más técnicos que brinden asistencia psicosocial hasta “medidas materiales, como puede ser el acceso a la vivienda o al trabajo, o tener facilidad de cambio de escuelas a niños si tenés que mudarte de departamento o de barrio dentro de la capital”.
Acerca del pedido para derogar la ley de tenencia compartida, González indicó que ese fue un planteo concreto de la RUCVDS, dentro de una “batería de medidas” presentadas.