El régimen talibán en Afganistán legaliza la violencia machista tras la nueva reforma del Código Penal, aprobada sin debate público y sin medios judiciales independientes. Esta medida no solo reduce las sanciones por agresiones dentro del hogar, sino que otorga a los hombres amplias facultades para “disciplinar” a sus esposas y familiares sin consecuencias efectivas. La nueva normativa ilustra el lugar que ocupan las mujeres en el país y simboliza “una estructura legal diseñada para normalizar la subordinación femenina y convertir la violencia de género en una práctica impune”, según denunció el Georgetown Institute for Women, Peace and Security.
La nueva normativa fue firmada el pasado 7 de enero por el líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada, y consta de 119 artículos. Entre ellos, el artículo 70 establece cinco meses de prisión para quien obligue a animales como camellos o aves a pelear, mientras que el artículo 32 fija una pena de apenas 15 días de cárcel para el hombre que golpee a su esposa hasta causar fracturas o lesiones visibles, siempre que la mujer logre demostrarlo ante un juez. El texto no nombra otras formas de violencia física, psicológica o sexual.
Desde que los talibanes retomaron el poder, en agosto de 2021, han impuesto una serie de restricciones que excluyen sistemáticamente a las mujeres de la vida pública y las despojan de todos sus derechos y libertades: han prohibido su acceso a la educación secundaria y universitaria, así como que trabajen en organizaciones civiles, en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la mayoría de los sectores.
También impusieron el uso obligatorio del burka, prohibieron que se escuche la voz de las mujeres en público, restringieron la movilidad sin un tutor masculino y aplicaron una estricta segregación por sexo.
Reacciones ante una decisión que legaliza la violencia de género
Varias organizaciones de derechos humanos advirtieron que esta reforma del Código Penal profundiza la crisis de derechos fundamentales en el país y discrimina legalmente a las mujeres en función del género y el estatus social.
La ONU es uno de los organismos que se han pronunciado en contra. El alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió que se derogue el decreto y que el régimen adapte “todas sus normas legales a sus obligaciones internacionales” en materia de derechos humanos. También insistió en la necesidad de que el “apartheid de género” sea considerado un crimen contra la humanidad. En ese sentido, reafirmó su apoyo para incluirlo en la futura Convención Internacional para la Prevención y Castigo de los Crímenes de Lesa Humanidad, que se negocia actualmente.
Türk también subrayó la necesidad de que las afganas, incluidas las que trabajan para la ONU, tengan acceso sin obstáculos a las instalaciones de Naciones Unidas, algo que los talibanes impiden desde setiembre de 2025. “Estas restricciones no tienen precedentes y son profundamente preocupantes”, insistió.
La organización Human Rights Watch también se pronunció y Fereshta Abbasi, abogada de derechos humanos y miembro de la organización, condenó enérgicamente la reforma y las políticas de los talibanes en Afganistán, que describió como “una campaña sistemática de opresión” que ha dejado a muchas víctimas de violencia de género sin protección ni acceso a la Justicia. Insistió a su vez a los estados miembros de la ONU a escuchar y centrar las voces de las mujeres y niñas en Afganistán para rendir cuentas por la persecución basada en género.
Por su parte, Shaharzad Akbar, directora ejecutiva de Rawadari, organización afgana de defensa de los derechos humanos, también denunció la nueva medida y explicó en una entrevista para RTVE que “el nuevo Código Penal de los talibanes es un intento de reforzar y consolidar una estructura de desigualdad, represión, exclusión y violencia que los talibanes han estado construyendo desde su regreso al poder. Al eliminar los derechos humanos y las normas legales, este código permite la violencia doméstica, la violencia contra los niños, la esclavitud, los castigos basados en la clase social y la opresión de las minorías religiosas, así como el castigo de los críticos y disidentes. Se trata de una ilegalidad y brutalidad formalizadas”.