Distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en derechos sexuales y reproductivos volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de que Uruguay modifique la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada en 2012, en el marco del 28 de setiembre (28S), Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Se trata de un reclamo en el que insisten desde hace varios años y que tiene como base un paquete de evidencia que muestra que, a 13 años de su implementación, la ley establece requisitos innecesarios y disposiciones que generan barreras, demoras y desigualdades en el acceso a este derecho.
Durante el gobierno anterior, algunos de estos colectivos visibilizaron los obstáculos que tenían muchas mujeres para abortar –que en algunos casos se agravaron a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid–, pero no dieron la batalla para revisar la normativa porque, con la mayoría parlamentaria en manos de la Coalición Republicana, entendieron que abrir el debate podía incluso costar un retroceso.
Sin embargo, el panorama cambió en marzo de 2025 cuando asumió el gobierno del Frente Amplio (FA), un partido que históricamente se ha mostrado más favorable a la IVE. De hecho, la fuerza política incluyó el aborto en sus bases programáticas: concretamente, en el apartado “Salud integral de las mujeres” propone como una de las acciones prioritarias “garantizar el acceso efectivo y la calidad de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional, de los equipos técnicos especializados y de la infraestructura locativa necesaria para la actuación correcta de la ley”. Hubo otras señales desde el Poder Ejecutivo, como declaraciones por parte del subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, o la reinstalación de la Comisión Asesora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que entre sus recomendaciones para este período propuso cambios a la ley de aborto.
En estos días, a un año y medio del inicio de la gestión frenteamplista, colectivos que siguen de cerca este tema promovieron iniciativas para advertir sobre todo lo que está pendiente. La organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) lanzó la campaña “La ley fue un logro, avanzar es una necesidad”, que plantea que Uruguay tiene que avanzar “en la mejora del marco normativo y de la política pública para garantizar servicios universales, de calidad y sin restricciones injustificadas”. Por su parte, un grupo de nueve colectivos feministas anunció el mismo 28S una serie de solicitudes de reuniones con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg; la Bancada Bicameral Femenina y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, para “compartir preocupaciones y propuestas” sobre la IVE y también acerca del embarazo infantil.
Reformar la ley para “reducir brechas e inequidades”
Las organizaciones que solicitaron reuniones con autoridades para analizar la situación sobre aborto y embarazo infantil son Casa de la Mujer de la Unión, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo-Uruguay, Cladem Uruguay, Cotidiano Mujer, El Abrojo, El Paso, Iniciativas Sanitarias, el Instituto Afrodescendiente para el Estudio, la Investigación y el Desarrollo, y Mujeres con Historia.
La politóloga Lucía van Velthoven, coordinadora de proyectos de Iniciativas Sanitarias, explicó a la diaria que, en materia de embarazo infantil, la idea es plantear la importancia de que el problema se aborde desde la perspectiva de que estamos ante “una vulneración de los derechos de esas infancias”. Entre 2021 y 2024, la Administración de Servicios de Salud del Estado identificó 190 embarazos en niñas de 11 a 14 años; 60% fue producto de abuso sexual confirmado o sin posibilidad de descartarlo.
Respecto del aborto, la referente dijo que lo central para las organizaciones firmantes es “poder ampliar la ley para reducir brechas e inequidades que afectan a las mujeres más pobres y más vulneradas en sus derechos”.
Sobre cuáles son los cambios normativos que reivindican, Van Velthoven recordó un informe que presentó Iniciativas Sanitarias en abril de este año, titulado Justicia reproductiva en agenda: hacia una ampliación del derecho a la IVE en Uruguay, en donde se plantean cuatro “nudos críticos” de la normativa vigente: la exclusión de las migrantes que no tengan un año de residencia en el país, el plazo gestacional para poder abortar –de 12 semanas y 14 en casos de violación–, la intervención obligatoria de un equipo multidisciplinario, y la obligatoriedad de los cinco días de reflexión antes de que la persona ratifique su decisión de interrumpir el embarazo.
La politóloga apuntó que “es necesario trabajar en un proyecto de ley”, aclaró que hay un diálogo con los demás colectivos para generar “los mejores acuerdos de forma colectiva”, y consideró que “2027 es el año clave para hacerlo”. Por un lado, porque “hoy las mayorías parlamentarias para una reforma legislativa no están garantizadas”; por otro, porque tampoco sería “estratégico” abrir el debate a unos meses de que llegue el papa a Uruguay, ya que si bien “no tiene nada que ver en un país laico como el nuestro”, sí podría ser utilizado para “radicalizar el discurso” antiaborto. Agregó además que es un año en el que la agenda política todavía no va a estar ocupada por la campaña electoral.
La referente también hizo hincapié en “la importancia de que el debate se coloque”. “La democracia no es solo seguir mayorías, es generar también las condiciones para que los debates necesarios ocurran, y ocurran a través de la evidencia, con pluralidad y con responsabilidad política institucional”, puntualizó. “Creemos que es un tema de compromiso político que es importante que se ponga en consideración, independientemente de la trayectoria que [un eventual proyecto de ley] siga frente a una aprobación o no. Si se pasa a una discusión parlamentaria y no se aprueba, de todas formas se abonó la discusión política, porque no se va a poder retroceder”, agregó.
En esa línea, consideró que “el miedo del retroceso no es un argumento que, para nosotras, políticamente impida el debate de este tema”. “Cuando hay una inequidad tan evidente y que viene a vulnerar los derechos de las personas que más necesitan la protección, es ahí donde es importante legislar, y los consensos también se construyen así, por lo que entendemos que hay condiciones para avanzar”, afirmó Van Velthoven; “por la evidencia, por lo que se ha conversado en la Comisión Asesora, y también porque entendemos que es un compromiso político del FA que debería poner en la agenda”.
“Mejorar lo que ya hay” contra una “injusticia que persiste”
En la campaña lanzada en redes, MYSU recuerda que, desde la aprobación de la ley, se registró un promedio anual de 10.000 interrupciones voluntarias del embarazo en Uruguay, de acuerdo con las cifras oficiales, lo que demuestra que “el sistema de salud dio respuesta a una necesidad concreta de mujeres y personas gestantes”. Sin embargo, señala que esa respuesta “no abarcó a todas las que lo necesitaron”, y que “las investigaciones y monitoreos muestran que los requisitos y condiciones que impone la ley prolongan innecesariamente el proceso, generan desigualdades en el acceso y afectan especialmente a quienes cuentan con menos recursos para sortear esas barreras”.
En este escenario, en el marco del 28S, la organización invitó a firmar un posicionamiento dirigido al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo en el que llama a “movilizarse y generar las condiciones para mejorar la ley”; “demandar que los servicios sean universales, de calidad y con acceso sin restricciones”; y “bregar para que la Justicia proteja los derechos sexuales y reproductivos”.
La directora de MYSU, Tamara Savio, confirmó a la diaria que en pocas horas llegaron al objetivo de las 500 firmas, y el lunes enviaron el texto a los dos poderes del Estado. Según explicó, la intención no es solo reclamar la revisión de la ley, sino llamar a las autoridades a que busquen formas de “mejorar la implementación de lo que ya hay”, en cuestiones que “no requieren un cambio normativo”.
La referente dijo que la organización hizo una “evaluación de escenarios” para mejorar la normativa, entre los que aparecía “una reforma constitucional, ir por el Código Penal y también la posibilidad de que baje algo desde el Ejecutivo”, pero concluyeron que “todo va orientando a que sea por el Legislativo”.
Los cambios que promueve MYSU para la ley de IVE van en una línea similar a los que plantean los demás colectivos, sobre todo en “puntos básicos” como la obligatoriedad de los cinco días de reflexión y de la consulta con un equipo multidisciplinario –cuando “los datos oficiales muestran que 95% de quienes inician la ruta IVE la finalizan”–, y la “imposibilidad de que las personas migrantes con menos de un año de residencia accedan al aborto legal”, detalló Savio. También coinciden en la necesidad de extender el plazo legal, una de las discusiones que posiblemente generan más “matices”, sobre todo en lo relacionado con el número de semanas, pero partiendo de “un acuerdo general” de que hay que ampliarlo.
Por otro lado, MYSU señala que “las experiencias relevadas muestran que un proceso completo puede extenderse entre 15 y 20 días, incluso en servicios de referencia”, y que “este tránsito complejo también encarece la atención, ya que un procedimiento de IVE con el modelo uruguayo actual tiene un costo 33% mayor al que tendría si se aplicara un modelo basado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”. A la vez, apunta que “persisten desigualdades en la disponibilidad de profesionales, que obligan a realizar traslados innecesarios a quienes requieren el servicio”, y que “la objeción de conciencia es un obstáculo de acceso en muchos lugares del país”.
“Cuando el acceso depende del lugar donde se vive, de los profesionales disponibles, de la capacidad para trasladarse o de la situación migratoria, quienes tienen menos recursos enfrentan las mayores dificultades para ejercer derechos consagrados. Por lo tanto, actualizar el marco normativo y mejorar la política pública es necesario porque la injusticia persiste y las desigualdades golpean especialmente a quienes deberían tener mayor protección del Estado”, concluye la organización en el posicionamiento enviado a las autoridades.
Savio coincidió con Van Velthoven en que 2027 será el año clave para abrir el debate parlamentario, porque 2025 “fue de transición” del gobierno, en 2026 estuvo la Rendición de Cuentas y “el Parlamento no iba a estar como para priorizar esta temática”, y 2028 será un año de campaña electoral. Además, aseguró que a las organizaciones les “falta recorrer el camino de realizar los acuerdos”, porque si bien existe un “acuerdo común” de que hay que modificar la ley y “hay algunos puntos” en los que hay consensos, existen otros para los que “todavía hay que terminar de transitar un proceso colectivo” de diálogo, de cara a definir el contenido de un eventual proyecto de ley. De todas formas, destacó que todas las organizaciones que están trabajando en el tema tienen “el mismo horizonte”.
