Especialistas en derechos de la niñez y políticas digitales advirtieron que la discusión en América Latina en materia de regulación de plataformas enfrenta varios desafíos y que reducir el debate sobre el uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes a una discusión sobre prohibición o restricción de edad simplifica un problema mucho más complejo y deja intacto el poder de las grandes plataformas tecnológicas.
Expertos de Uruguay, Argentina y Brasil participaron en el conversatorio “Prohibición en redes sociales a los 16 años, ¿sí o no? Miradas desde América Latina”, organizado este jueves por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom). Allí coincidieron en que este enfoque deja de lado cuestiones estructurales como el modelo de negocio de las plataformas, la captura de datos personales, el diseño de los sistemas algorítmicos y la falta de marcos regulatorios robustos para proteger los derechos de la niñez en el entorno digital.
“Me preocupa lo superficial y efectista que se está planteando la discusión: prohibición sí o no. Me preocupa la discusión a nivel social. [...] En Uruguay, plantear la discusión sobre el entorno digital y los derechos del niño en esta polarización de prohibir sí o no nos lleva a una discusión superficial, y el riesgo es que se coloca el acento [...] culpabilizando y castigando sobre el hombro del niño y las familias y no sobre la actividad de estas corporaciones, empresas, plataformas”, afirmó Luis Pedernera, expresidente del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas.
Pedernera sostuvo que América Latina está frente a un “decapado total”, porque la discusión social se concentra “en culpabilizar a las familias por el uso inapropiado de las plataformas, de los teléfonos celulares”. “Me parece que tenemos que forzar una discusión que va más allá de prohibir o no, [...] o decir que todo está mal en lo digital. [...] Hay que valorar las cosas buenas y malas que tiene el entorno digital para promover los derechos del niño”.
María Capurro Robles, investigadora argentina coordinadora de proyectos de Observacom, coincidió en que las discusiones regulatorias suelen quedarse en la superficie del problema. “Hay dificultad en la discusión para avanzar en regulaciones en este campo que vayan al corazón de los problemas”, afirmó.
Capurro señaló que las restricciones de edad pueden ser una herramienta, pero no deberían convertirse en el único eje del debate. “El problema de fondo no se ataca en esta discusión. [...] Las medidas de restricción de edad no son una novedad; [...] en todos nuestros países hay limitaciones por edad en el acceso a contenidos, a juegos de azar”, planteó.
“Hay un problema y la limitación de edad es una herramienta. Ahora, si es la única que estamos discutiendo y que regulamos, no solo no va a servir, sino que va a limitar y restringir un debate que es mucho más complejo. El corazón del problema es el negocio de las gigantes tecnológicas. [...] Son plataformas que están diseñadas por empresas que pensaron en un público genérico y no en las necesidades ni en los derechos de los niños”, indicó.
Por su parte, el experto argentino en políticas digitales Javier Pallero dijo que las discusiones regulatorias deberían enfocarse en otros aspectos centrales del funcionamiento del ecosistema digital. “La gran mayoría de las discusiones regulatorias no hacen hincapié en la transparencia algorítmica, en la regulación de los modelos de negocios, en el tremendo dominio que tienen pocas empresas sobre los sistemas de publicidad digital, que son verdaderos panópticos de vigilancia que nadie está tocando”, advirtió.
João Coelho, del Instituto Alana de Brasil, señaló que el impulso a limitar el acceso de niños a redes sociales responde a preocupaciones legítimas. “Es necesario decir que este movimiento de limitar el acceso de los niños a las redes es comprensible”, planteó. Sin embargo, advirtió que centrar el debate exclusivamente en esa medida puede ocultar otros problemas: “Limitar el debate a prohibir o no las redes sociales conlleva riesgos relevantes”.
“Prehistoria”
Pedernera advirtió que el debate en la región se desarrolla en un contexto de escasa regulación. Según señaló, América Latina se encuentra “todavía en la prehistoria de la regulación del entorno digital, salvo excepciones, como Brasil”. Recordó que durante la pandemia se elaboró una observación general del Comité de los Derechos del Niño sobre entornos digitales. “Sabiendo poco del tema, hicimos el proceso de construcción de una observación general en plena pandemia, porque el online estaba en su apogeo”, recordó. Esa observación buscó establecer un marco inicial de referencia: “Es un piso mínimo que nos permite ver hacia adelante”.
Pedernera también alertó sobre aspectos que, afirmó, están quedando fuera del debate público. “Lo más grave de lo que está ocurriendo en el entorno digital son los ataques terribles a la privacidad de niñas y niños que están quedando por fuera del debate, y, con esto, el perfilamiento y la publicidad dirigida, la manipulación algorítmica, el cero control de las empresas”, enumeró, y señaló que detrás de estas dinámicas existe un modelo económico basado en la explotación de datos: “Hay empresas que se están enriqueciendo a costa de los niños y niñas”.
Múltiples riesgos
Según explicó Capurro Robles, las plataformas digitales actuales presentan múltiples riesgos para la niñez. “Tenemos un problema en este escenario de plataformas sociodigitales, que no solamente no son seguras, sino que no aseguran el bienestar de los niños y niñas”.
También advirtió sobre los posibles efectos de algunas soluciones tecnológicas, como los sistemas de verificación de edad. “Aparece en la trampa porque estamos de vuelta en las manos de las empresas para la identificación de las personas”, dijo, y agregó que este tipo de ideas plantea interrogantes sobre el manejo de datos personales.
La investigadora sostuvo además que la discusión debe incorporar la perspectiva de niñas, niños y adolescentes: “No podemos discutir estos temas desde una perspectiva adultocéntrica. [...] Hay algunos informes e investigaciones que se basan en opiniones de jóvenes, [cuyos] resultados arrojan señales de alarma”.
Terminología
Pallero señaló que parte del debate actual está condicionado por la forma en que se presentan los problemas vinculados a las redes sociales. “No es casual ni ocioso que muchos de estos debates se estén enmarcando en palabras y terminologías como adicción y problemas de salud, en un mundo pospandémico en el que esas terminologías generan todo tipo de reacciones”, afirmó.
Según explicó, ese lenguaje puede orientar las posiciones en la discusión pública. “Quienes utilizan esos argumentos están inclinándose hacia ciertas posiciones que se reflejan bastante de cerca en papers de posiciones de fundaciones conservadoras, antidiversidades, y extremadamente represivas. [...] Muchas veces obligan a tus oponentes a hablar de tus términos, por lo que ya ganaste. De ahí va lo del lado culpabilizador hacia niños y familias”.
Pallero también cuestionó algunas propuestas que se plantean en el debate público y que proponen la verificación de edad para el acceso a plataformas. “El problema no es que esto sea insuficiente, sino que es peligroso”, señaló. A su juicio, estos mecanismos implican la recopilación de datos sensibles: “No hay una manera fiable de hacer control de edad sin recopilar información altamente sensible [como] documentos nacionales de identidad y, en otros casos, información biométrica sensible”.
Una medida como esta podría acrecentar el poder de las empresas tecnológicas. “El problema es que las empresas van a tener más información sobre nosotros, cosa que no creo que queramos darles en bandeja a las empresas la posibilidad de convertirse en registros civiles, pero tampoco queremos un sistema de identificación digital ligado al gobierno”.
Más allá de la prohibición
Según explicó Coelho, la lógica económica de las plataformas está basada en la captura de datos y atención de los usuarios. “Estas plataformas operan bajo una lógica de maximización de la captura de datos personales, de la atención, que se aprovechan de vulnerabilidades neurológicas y psíquicas especialmente de los más jóvenes”, afirmó.
A su juicio, el desafío no se limita a restringir el acceso, sino a transformar las reglas del entorno digital. “Necesitamos pensar cómo no darles poderes a las empresas para decir lo que es mejor”.
Hay una insurgencia legítima contra este estado de cosas y un intento de proteger la seguridad y el bienestar de niños y adolescentes. En ese sentido, destacó la experiencia brasileña como referencia para avanzar en regulaciones más robustas. Entre las medidas posibles a adoptar mencionó las restricciones a mecanismos de diseño que fomenten el uso compulsivo.
Para Coelho, además de regular es necesario imaginar nuevos modelos de desarrollo tecnológico. “Necesitamos pensar en regulación sino en innovación centrada en otros centros de poder que ofrezca caminos para los futuros digitales”.
Medidas
En ese escenario, Pedernera subrayó que los estados tienen responsabilidades claras. “El Estado tiene una obligación porque estamos frente a un fenómeno que trasciende lo nacional, que tiene características transnacionales”. Explicó que se requieren marcos legales específicos: “Se necesitan legislaciones que definan qué hacer frente a las violaciones de los derechos de los niños provocadas por empresas, y sobre eso hay poco y nada”.
También señaló la necesidad de nuevas herramientas regulatorias. “Tiene que haber evaluaciones de impacto, marcos regulatorios, códigos de industria, etiquetado de contenidos comprensible para las familias y niños”.
El desafío alcanza incluso al sistema judicial. “Los sistemas de justicia están en la prehistoria de lo que puede ocurrir cuando los niños quieran hacer valer sus derechos. Hay que capacitar a jueces, abogados, fiscales. Hay que impulsar mecanismos para que propicien la participación de niños”.
Además, cuestionó el carácter adultocéntrico de muchas discusiones públicas. “En general estas discusiones dejan a los niños al lado y es un asunto de adultos. El debate se vuelve adultocéntrico y la perspectiva de los niños es necesaria y muy olvidada”.
Por su parte, Capurro Robles también dijo que el escenario digital se vuelve cada vez más complejo con el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial.
En ese contexto, subrayó que la responsabilidad principal de regulación corresponde a los Estados. Asimismo, advirtió que la implementación de regulaciones efectivas exige instituciones sólidas y remarcó que “no son muchos los países que pueden cumplir” con un requisito como ese.
También planteó que la regulación debería apuntar a modificar el diseño de las plataformas. “Los marcos legales deberían prohibir diseños que generen perjuicios a niños, los mecanismos de engagement, los scrolls sin pausa [...] las notificaciones tienen que hacer conscientes a los usuarios [...] hay una interpelación a la forma en que el mundo adulto está interactuando con las redes. Esto debería ser propio del usuario de cualquier edad”.
A su juicio, además de regulación se necesitan políticas de educación digital. “La alfabetización digital tiene que estar garantizada y ser intergeneracional”.
“Se necesitan campañas públicas, un tema que no está en la conversación social y debería ser fundamental para la crianza de niñas, niños y adolescentes”, finalizó. Mientras tanto, Pallero dijo que no se puede pensar en regulaciones de políticas sociales para un “contexto fantasioso”, sino que las propuestas deben estar ancladas en la “práctica y [ser] concretas frente a las amenazas”.
“Lo que aparece es cómo hacemos para que las plataformas garanticen derechos. [...] El garante natural de los derechos humanos es el Estado, no una empresa. ¿Las delegaciones que estamos haciendo no son acaso lesivas de los derechos humanos?”, se preguntó.
La discusión en Uruguay
El Parlamento uruguayo pondrá en marcha una comisión bicameral con integración multiactor para avanzar en una regulación de plataformas digitales orientada a proteger a niñas, niños y adolescentes. La iniciativa cuenta con “amplias mayorías”, según dijo a la diaria, a finales de febrero, el diputado del Partido Nacional y presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi.
La comisión estará integrada por representantes de la academia, del sector privado –la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, la Agencia Latinoamericana de Información y la Cámara de la Economía Digital del Uruguay– y de organizaciones de la sociedad civil como Observacom y el Laboratorio de Datos y Sociedad de DATA Uruguay. Consultado sobre los plazos, Goñi fue enfático: “En 2026, sí o sí, saldrá un proyecto de ley”.
El legislador señaló que se analizarán experiencias internacionales como las de Australia y España, donde se plantea restringir el uso de plataformas a menores de 16 años.
Según el informe Kids Online Uruguay 2022. Niños, niñas y adolescentes conectados, que fue publicado en 2023 y realizado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, Ceibal, Unicef, Unesco y la Universidad Católica del Uruguay, nueve de cada diez menores escolarizados se conectaron a internet a diario desde su hogar.
Uno de cada tres menores declaró haber sufrido algún episodio negativo en internet durante 2022, y los porcentajes fueron mayores entre las mujeres. “La exposición a contenidos sensibles en internet (por ejemplo, discriminación, aliento a la bulimia o la anorexia, suicidio) afecta a más de uno de cada cinco adolescentes escolarizados. Las mujeres y quienes no se identifican con ninguna de las categorías binarias de género reportan mayor exposición a estos contenidos”, señala el informe.
Casi uno de cada cuatro niñas, niños y adolescentes que asistieron a educación media recibió mensajes con contenido sexual y uno de cada diez los ha enviado. Además, la mitad de “los adolescentes sostuvieron haber tenido algún problema en el sueño o la alimentación, en sus vínculos o en el estudio a raíz del tiempo que pasan en internet”.