El fiscal de Corte, Jorge Díaz, presentó el viernes los números de la Fiscalía cerrados a diciembre de 2020, que marcan un crecimiento sostenido en la cantidad de imputaciones desde la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal.
Según el informe elaborado por el Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía, desde noviembre de 2017 se ha registrado un aumento en el promedio mensual de la cantidad de denuncias con al menos un imputado, que pasó de 1.028 imputaciones en 2018, 1.422 en 2019 a 1.671 en 2020. En setiembre de 2020 se registró un pico de 1.999 denuncias formalizadas.
El informe destaca que el año pasado aumentó la eficacia del trabajo de la Fiscalía, dado que se logró mantener el crecimiento de las denuncias con imputados, con una disminución en la cantidad de denuncias en general, particularmente a partir de abril. En tanto, en 2018 y 2019, el crecimiento de las imputaciones fue acompañado por un incremento en el total de las denuncias. En 2018 3,9% del total de las denuncias tuvieron imputaciones, en 2019 la cifra se elevó a 5,4%, y alcanzó 6,9 % en 2020.
Entre febrero de 2019 y diciembre de 2020 fueron imputadas 27.499 personas, 85% hombres, 13% mujeres y 2% sin datos. Los delitos por los que más personas fueron imputadas en ese período fueron hurtos, 27% del total de imputados, estupefacientes 10%, rapiñas 8%, violencia doméstica 7%, desacato 5%, los relacionados con armas de fuego y explosivos 4%, homicidios, delitos sexuales y lesiones personales 3% cada uno.
Considerando el sexo del imputado según el delito, el informe señala que 22,2% de las imputaciones a mujeres corresponde al delito de estupefacientes; 21,2% fueron imputadas por hurto; 6,6% por estafa; 4,9% por lesiones personales; 3,5% por rapiña; 2,6% por desacato; 2,5% por homicidio; 2,2% por violencia doméstica, y 2,1% por armas de fuego y explosivos.
28,3% de los hombres imputados responden al delito de hurto; 8,4% fueron imputados por estupefacientes y la misma proporción por rapiñas; 7,6% por violencia doméstica; 5,7% por desacato; 4,5% por armas de fuego y explosivos; 3,6% por delitos sexuales; 3,5% por homicidio, y 2,7% por lesiones personales.
Otro aspecto que señala el informe es la evolución de la cantidad de personas privadas de libertad que alcanzó un pico histórico de 13.077, lo que coloca a Uruguay como el país con más personas privadas de libertad por habitante de Sudamérica, con una tasa de 370 cada 100.000 habitantes; seguido por Brasil con 357, Perú con 290, Paraguay con 241, Argentina 230, Ecuador 224, Chile 214, Colombia 193, Venezuela 178 y Bolivia con 164.
Uno de los logros destacados en el documento es la cantidad de personas privadas de libertad con condena, que alcanza 84,2%, revirtiendo una tendencia histórica en la que entre 60% y 70% de las personas privadas de libertad no tenían condena, afectando el principio de presunción de inocencia. Según el informe, el resultado se debe a las audiencias orales y particularmente a los procesos abreviados, que implican un acuerdo por la condena y evitar el inicio del juicio.
Cuestión de dinero
En conferencia de prensa, el fiscal de Corte destacó los resultados alcanzados en el marco de “las restricciones presupuestales” que está sufriendo la institución, que desde 2015 no percibe incrementos en su presupuesto para inversiones y gastos de funcionamiento.
“Tenemos que enfrentar un nuevo año con esa dificultad y con una dificultad adicional, que es que antes hacíamos la transferencia de un ítem a otro sin necesidad de tener una autorización; a partir de la ley de presupuesto requerimos la autorización del Ministerio de Economía”, señaló.
En esa línea, Díaz destacó algunos de los cambios en los que se está trabajando para lograr una mejor eficiencia de los gastos, entre ellos la eliminación de la Fiscalía de Toledo, la creación de un tercer turno en Pando y la de un centro de violencia de género, que implicará que las siete fiscalías de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género, las tres fiscalías de Adolescentes de Montevideo y parte de la Unidad de Víctimas y Testigos se muden de Cerrito a la sede de la calle Uruguay.
También confirmó la creación de una tercera Fiscalía especializada de Delitos Económicos, que comenzará a funcionar en la primera quincena de febrero, y la creación de una Unidad de Ejecución en Canelones, que evitará gastos por traslados administrativos en el departamento.
Díaz dijo que se está trabajando con el Ministerio del Interior (MI) en la posibilidad de instalar una unidad de análisis de contexto, que permita a fiscales y policías analizar juntos los aspectos criminológicos.
En cuanto a las fiscalías que continúan trabajando con los casos del viejo código procesal, Díaz dijo que con la eliminación de la Fiscalía de Crimen Organizado y la eliminación de la Fiscalía penal de 3er Turno ‒que se concretará con la creación del tercer turno de Delitos Económicos‒ quedarán dos fiscalías penales con el viejo código, una de ellas a cargo del fiscal Luis Pacheco con las causas que tenía en Crimen Organizado.
Otro de los cambios que se realizará este año es la designación de un fiscal de Homicidios de 1er Turno, dado que el fiscal Juan Gómez asumirá como fiscal adjunto. Presidencia envió el jueves al Parlamento el mensaje con la venia para su designación.
Los delitos y la pandemia
El fiscal de Corte se refirió a la baja de los delitos registrada por el MI en 2020 y señaló que la Fiscalía maneja la misma base de datos, que marcó una caída “abrupta” en la segunda quincena de marzo.
Díaz dijo que era “obvio” que la menor cantidad de gente en la calle iba a tener un efecto sobre una gran cantidad de delitos de hurto y rapiña que se comenten sobre transeúntes. “Hubo una caída muy importante, luego hubo pequeños picos, pero no un efecto rebote”, señaló.
En cuanto a la participación de la Fiscalía en el control de las aglomeraciones, Díaz dijo que los fiscales están participando en los Centros de Coordinación de Emergencia Departamental y recordó que la Fiscalía sólo interviene cuando hay una desobediencia abierta a las autoridades y se configura el delito de desacato. “Prácticamente no ha sido necesario que tengamos que intervenir”, agregó.
Consultado sobre el funcionamiento del nuevo código, Díaz dijo que una de las aspiraciones de los fiscales “es que no toquen más el código”. “No nos han dejado trabajar ni seis meses, que ya ha habido un cambio o ajuste”, señaló.
De todas formas, marcó que “algo que debería estudiar el sistema político” es el impacto de la eliminación de la suspensión condicional del proceso. “Vemos un crecimiento sostenido de las personas privadas de libertad. De hacer un ajuste, sería la reinstalación de un instituto como ese”, señaló.
“Lo que no quiere nadie es establecer un mecanismo de libertades vigiladas que nadie vigila, porque eso es impunidad”, agregó, y dijo que la eliminación de la suspensión condicional del proceso respondió a una caricaturización de casos concretos que generó un relato en contra del instituto.
La suspensión condicional del proceso permitía un acuerdo entre el fiscal y el imputado para suspender el proceso desde la formalización hasta la acusación o sobreseimiento, a cambio de condiciones u obligaciones a cumplir por parte del imputado.