El último proyecto para reformar el Código Penal fue ingresado desde el Ejecutivo en noviembre de 2010 y tratado en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados. Durante toda la legislatura la comisión avanzó en el estudio del proyecto, pero finalmente se archivó. En el período legislativo pasado el proyecto volvió a ser analizado por la misma comisión, pero casi no tuvo tratamiento.
En 2015, a través de un convenio entre el Parlamento y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se convocó a una consultoría técnica para reformar el código, que fue financiada por la Unión Europea. El trabajo implicó el relevamiento de los delitos contenidos en la legislación que no están en el código -que fue realizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay-, consultas a expertos extranjeros y a la sociedad civil, y quedó como insumo para la comisión parlamentaria.
En diálogo con la diaria, la diputada frenteamplista y presidenta de la comisión, Cecilia Bottino, señaló que el Frente Amplio ya tiene un anteproyecto de reforma del código para poner a estudio de la comisión, que fue realizado con base en los insumos planteados por la consultoría contratada en 2015. Bottino dijo que el nuevo código deberá tipificar varios delitos económicos que no están previstos, además de delitos informáticos y de género, que no fueron contemplados en el último proyecto.
Semanas atrás, ante la iniciativa de una nueva tipificación en materia ambiental, Bottino sugirió tomar una definición en cuanto a la reforma del código y pidió a los legisladores que lo analicen con sus bancadas para “no seguir emparchando el Código Penal”. Si bien aún no hubo una respuesta formal, hay consenso para avanzar en la reforma.
“No nos parecía adecuado seguir modificando delitos sin ninguna congruencia con contradicciones y con diferencias tan importantes en las penas”, comentó Bottino, quien recordó que la ley de urgente consideración (LUC) también introdujo modificaciones al Código Penal.
En cuanto a los tiempos políticos para avanzar en el tratamiento del nuevo código, Bottino advirtió que una discusión de ese tipo requiere una dedicación “prácticamente exclusiva” y “definiciones políticas” que deben tomarse “lejos de lo electoral”.
Para el diputado colorado Ope Pasquet, integrante de la comisión de Constitución, “es necesaria una puesta a punto para eliminar incongruencias y problemas de dosimetría penal”. Pasquet dijo a la diaria que cuando se dio la discusión, en la legislatura 2010-2014, se había avanzado, pero hubo objeciones en cuanto a la necesidad de incorporar al proyecto una perspectiva de género y la tipificación de delitos informáticos.
“En el afán de hacer un código que no mereciera ninguna observación, se truncó una reforma que podría haber significado un avance. Quedará como asignatura pendiente para los próximos años”, opinó Pasquet.
Por su parte, el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi, quien también integra la comisión de Constitución, consideró que para el partido “es una tarea pendiente”, más considerando los avances realizados por la consultoría que aún no fueron utilizados.
De todas formas, Goñi señaló que es necesario ver en qué momento puede discutirse, particularmente por el debate que implicará. “El Código Penal no es una ley en la que uno se quede sólo con lo técnico, el derecho penal tiene una gran dosis de debate político y lleva una enorme cantidad de energía. Referéndum de por medio, no se puede ni empezar a conversar”, expresó.
El Consejo de Política Criminal y Penitenciaria exhortará al Parlamento a dar la discusión
El Consejo de Política Criminal y Penitenciaría (CPCP), que asesora al Ministerio del Interior, recomendará al Poder Ejecutivo que promueva en el Parlamento el avance de una reforma del Código Penal, según informó este jueves el semanario Búsqueda y confirmó la diaria.
Fuentes vinculadas al CPCP señalaron a la diaria que el órgano asesor no entregará un anteproyecto con las modificaciones específicas al código, sino un documento con los lineamientos principales que entienden que debe modificarse, así como la exhortación a retomar la discusión parlamentaria con base en los proyectos que ya están a estudio del Parlamento.
“Formular un proyecto sería desproporcionado para lo que puede hacer el CPCP, que actúa a título de sugerencia. Esto no supone una intimación o una resolución vinculante, es decir ‘es importante trabajar en esto’”, señalaron las fuentes.
Desde hace varias legislaturas que se está trabajando en diferentes proyectos de reforma del Código Penal, pero ninguna de las iniciativas logró ser aprobada. Las fuentes del CPCP señalaron que, si bien los proyectos que hay pueden estar desactualizados, “todos son mejores que el que tenemos, que es de 1934 y es absolutamente anticuado”.
Entre los aspectos considerados por el CPCP está la alteración de la dosimetría penal, el principio de proporcionalidad de las penas, que estuvo provocada por iniciativas legislativas que responden a casos o circunstancias particulares sin considerar las penas en términos comparativos con las dispuestas para otros delitos. ”Eso se ha seguido profundizando en todos los períodos legislativos de todos los gobiernos”, señalaron.
Para los integrantes del CPCP existen avances desde el punto de vista doctrinario y conceptual que no se ven reflejados en el código vigente, además de nueva jurisprudencia que marca la necesidad de actualizar aspectos como la definición de culpabilidad, de las penas o el concepto de prescripción. “Hay mucha cosa más en la parte general del código que en la parte especial de la definición de los típicos específicos”, opinaron.
Otro de los objetivos de la recomendación es lograr que el nuevo Código Penal cumpla el objetivo de un código que, teniendo el mismo valor que una ley en el ordenamiento jurídico, busca unificar la regulación de todas las circunstancias vinculadas a una rama del derecho, algo que actualmente está ramificado en otras leyes que establecen tipificaciones y penas. “No es un tema de comodidad, sino de que exista un ordenamiento lógico y que no se pierda el cuerpo único”, sostuvieron.
El consejo se reúne una vez cada 15 días y hasta ahora ha actuado en función de los pedidos que ha recibido desde el Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Rehabilitación. Además de estos lineamientos para reformar el Código Penal, el CPCP elaboró un protocolo general para regular la realización de actividades y los espacios educativos en cárceles.
El CPCP tiene previsto dividir sus tiempos para comenzar a trabajar en una agenda propia en la que se destaca la elaboración de lineamientos para definir una política criminal y de penitenciaría, que permitan revertir la situación en las cárceles y orientar la política punitiva del Estado.
Este ámbito fue creado por el artículo 88 de la LUC como un órgano honorario asesor colegiado presidido por la subdirectora nacional técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación, Lourdes Salinas, e integrado por representantes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Entre las competencias del CPCP, dispuestas en el artículo 91 de la LUC, se encuentra asesorar al Ejecutivo y al Legislativo por intermedio del comisionado parlamentario penitenciario, realizar recomendaciones sobre la estructura de la Justicia penal y proponer lineamientos para el diseño de políticas públicas para “acciones en la lucha contra el delito, y para lograr el cabal cumplimiento de los fines constitucionales de la pena”.