Los abogados de 25 de los 36 investigados en la causa sobre explotación sexual de menores conocida como Operación Océano presentaron este lunes un recurso de nulidad, luego de que se descubriera que uno de los principales archivos de la evidencia no había sido compartido con las defensas.
Además, en el caso de que la jueza Beatriz Larrieu no acceda a la nulidad de las formalizaciones, las defensas pidieron la exclusión como evidencia del celular al que no tuvieron acceso y del resto de los datos de los celulares y computadoras incautadas en la causa.
Los defensores resaltaron que desde la Fiscalía “insistieron con voracidad” en que los abogados tenían “la totalidad del contenido del legajo” y que sus acciones para reclamar el acceso a toda la evidencia “tenían una finalidad dilatoria”, señala el documento al que accedió la diaria.
En esa línea calificaron de “desdoroso episodio” el momento de la audiencia del 23 de febrero en que un oficial de Delitos Informáticos advirtió que en los discos que habían sido entregados, tanto a los abogados de las defensas como de las víctimas, no estaba incluida la carpeta correspondiente a un segundo celular de la víctima, sobre la que se tenía que preparar la declaración anticipada.
En el escrito citaron a la propia Larrieu que durante la audiencia del 23 de febrero recordó que es “obligación de la Fiscalía llevar el legajo correspondiente, como también se ha dicho y permitir el total acceso a la defensa de los imputados y a la de las víctimas”.
Si bien la fiscal Viera habilitó a Interpol y a la Policía Científica a entregar las pruebas directamente a los abogados, Larrieu señaló en esa instancia que “la Fiscalía es la responsable de ese cumplimiento y no la autoridad policial, que es un auxiliar de la Fiscalía”.
Además, en otro pasaje de la audiencia citado por los abogados de los imputados, Larrieu recordó que tanto la jueza anterior en la causa, Adriana de los Santos, como el Tribunal de Apelaciones de 1º turno consideraron que “si bien no es necesario que tengan la totalidad del contenido para la declaración anticipada, en este caso concreto quedó claro que para la declaración anticipada de las víctimas era necesario acceder al contenido de los teléfonos celulares”.
El documento señala que la situación genera “un inmenso perjuicio” a los imputados, que ven “vulnerados sus derechos fundamentales, tutelados por el ordenamiento jurídico nacional e internacional”, y aseguran que el proceso afectó esos derechos “desde su propia génesis”.
En diálogo con la diaria, Deus, que defiende a una de las víctimas, dijo que en esta etapa del proceso “no tiene sentido” la presentación de un recurso de nulidad. “Se están recolectando evidencias, y hubo un error administrativo que será subsanado”, señaló.
Deus dijo que la Fiscalía “es la primera interesada en que llegue la totalidad de la evidencia” a todas las partes, debido a que si el proceso llegara a la audiencia de control de acusación -donde se resuelve qué evidencias van a ser parte de las pruebas que se van a diligenciar en el juicio- sin las evidencias correctamente distribuidas y accesibles a las partes, esas evidencias no pueden utilizarse como prueba.