Tras la decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar las medidas para restringir la movilidad, los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) definieron extender la feria judicial extraordinaria hasta el 14 de mayo.
La resolución de la Corte fue acompañada de varias disposiciones para aumentar la actividad en el Poder Judicial, tal como prevé la Ley 19.879, que dio rango legal a la feria judicial decretada en abril de 2020.
Los ministros señalaron que durante la feria sanitaria, los jueces de Ejecución y Vigilancia deben cumplir con las visitas e inspecciones por medios telemáticos y explicitaron algunas tareas que deben cumplir los trabajadores del sistema, como la confección de oficios, exhortos o certificados pendientes, la realización de audiencias que no supongan la presencia de las partes en la sede, actividades administrativas y notificaciones.
También dispusieron que los informes de las oficinas actuarias deberán realizarse y ser enviados por correo electrónico, tramitar solicitudes de libertad condicional y registrar los datos de los abogados al Sistema de Ventanilla Única.
Además, recordaron a los magistrados su responsabilidad ante el cumplimiento de las obligaciones de servicio por parte de actuarios, secretarios y funcionarios, tanto en la modalidad presencial como en teletrabajo, tal como indica el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales (15.750).
El artículo 2 de la Ley 19.879 establece que durante la feria se mantenga el funcionamiento de las oficinas para atender medidas cautelares y autosatisfactivas, procesos de amparo, causas de violencia doméstica, o vinculadas a la protección de la niñez y la adolescencia, procesos penales con personas privadas de libertad, internaciones urgentes por razones de salud mental, apertura de cuentas y órdenes de pago y notificación de sentencias.
Las disposiciones dadas por los ministros de la SCJ sintonizan con los reclamos realizados por colegios y asociaciones de abogados de todo el país, para garantizar el acceso a la Justicia y el funcionamiento del sistema. En una reunión realizada esta semana entre autoridades del Colegio de Abogados del Uruguay y el director general de Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, los abogados cuestionaron la diversidad de criterios existentes en las distintas sedes y llamaron a “amortiguar los efectos” de la crisis sanitaria y “evitar la paralización” de las causas judiciales.