RAMT tenía 51 años y estaba recluido en el sector de admisión de la Unidad 13 Las Rosas. Ingresó al sistema penitenciario el 12 de junio. En el proceso de formalización, la defensa pidió una pericia psiquiátrica como insumo para determinar si debía cumplir su pena en la cárcel o en un hospital psiquiátrico. La pericia no se hizo, y con una pena de cinco meses por hurto y violación de domicilio, inicialmente fue derivado a la Unidad 22 Rocha.
El sábado fue trasladado a la cárcel de Maldonado. Según informó el Ministerio del Interior (MI), cuando llegó a la unidad tuvo una consulta con un psiquiatra de la Dirección Nacional de Sanidad Policial, que es el prestador de salud de la mayoría de las cárceles del interior.
Ayer intentó prender fuego su celda. El MI informó que fue visto por la enfermera de guardia y fue medicado. “Luego del episodio fue reintegrado a su celda, donde fue encontrado en la mañana de hoy sin signos vitales”, consignaron.
Según indicaron desde la cartera, tenía síntomas visibles de descompensación. Se acusó recibo de la solicitud de la defensa de que se realizara la pericia psiquiátrica, que por un tema de tiempo no llegó a hacerse.
El psiquiatra que lo atendió le indicó medicación, que fue la que se le suministró después de que prendiera fuego la celda. “Venía con conflictividad, le habían dado ropa, la había querido prender fuego”, informaron.
La Fiscalía de Maldonado de Primer Turno dispuso el relevamiento de la escena a cargo de la Policía Científica. Se indicó “recoger en actas el testimonio de los funcionarios y de los habitantes de las celdas contiguas”, informaron.
Se determinó la realización de una autopsia. Se aguardan resultados para confirmar las causas del deceso.
Marcelo Ayala: otra muerte dudosa
El mes pasado, la muerte dudosa de Marcelo Ayala en el módulo 12 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar) alertó acerca de la situación de las personas privadas de libertad con problemas de salud mental agudos. Una pericia psiquiátrica había determinado que era imputable. Un informe de Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, determinó que no debió haber sido derivado a una cárcel.