El colectivo Memoria en Libertad, que reúne a víctimas del terrorismo de Estado en la infancia o adolescencia, se expresó en contra de la iniciativa de Cabildo Abierto para reparar a las víctimas de grupos armados entre 1962 y 1976.
“No hubo dos bandos enfrentados, hubo una dictadura cívico-militar que reprimió a sindicalistas y estudiantes por pensar diferente. La mayor represión en este país fue en contra de gente que no estaba armada”, señaló a la diaria la integrante de Memoria en Libertad Victoria Sequeira.
En esa línea, cuestionó la intención de Cabildo Abierto al presentar el proyecto, señalando que podría ser una estrategia para “reflotar la teoría de los dos demonios”, y recordó que la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros estaba desarmada cuando se concretó el golpe de Estado.
Sequeira dijo que si bien el Estado puede reparar a víctimas de civiles, “antes que eso tiene que hacerse responsable de sus víctimas directas, a las que agentes del Estado ejercieron violencia, siendo niños, niñas o adolescentes, lo que todavía ni siquiera se ha reconocido”.
“Sufrimos exilio, allanamientos, abusos sexuales, torturas psicológicas y físicas en las visitas, no se ha respetado nuestro derecho a la vida, a la identidad”, agregó.
Además, señaló que existe una recomendación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo para reconocer y reparar a niños y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado y agregó que la pensión especial reparatoria no es reconocida como una reparación integral por los organismos internacionales, en la medida en que se considera incompatible con el cobro de cualquier jubilación.
Por otra parte, Sequeira advirtió que el Estado no está cumpliendo con lo dispuesto en las leyes 18.033 y 18.596, que amparan en el acceso a la salud a las víctimas de terrorismo de Estado. “Tenemos una ley que nos ampara en salud que no está funcionando, estábamos siendo atendidos por psicólogos que ya no trabajan para ASSE porque no se les renovó el contrato”, señaló. Agregó que tampoco están siendo atendidos por odontólogos y oftalmólogos, porque no les están pagando las consultas que llegan por la ley.
La representante del colectivo Memoria en Libertad dijo que los responsables de las víctimas de la guerrilla “pagaron condena, mientras que la mayoría de los agentes que ejercieron terrorismo de Estado contra la población de Uruguay ni siquiera pasaron por un juzgado, y los que sí pasaron gozan de beneficios que ningún preso común ni ningún preso político de esa época gozó”.
El proyecto de Cabildo Abierto
La propuesta de Cabildo Abierto plantea reparar a las familias de quienes fallecieron o fueron lesionados por los grupos armados, incluyendo aquellas víctimas que murieron accidentalmente como consecuencia de la acción de la guerrilla. El proyecto fue presentado en diciembre de 2020 por los senadores de Cabildo Abierto y se encuentra a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Además de una indemnización prevé un reconocimiento público a las víctimas de grupos armados, con la construcción de “uno o varios memoriales dirigidos a las víctimas que enaltezcan y visibilicen su condición” y “darle cabida al relato de las víctimas o sus herederos” en los programas de educación pública.
La semana pasada el ministro de Defensa Nacional, Javier García, se expresó a favor de la iniciativa y señaló que la condición de militares o policías “no disminuye su condición de víctimas de la guerrilla”.