La asociación civil Nada Crece a la Sombra presentó un recurso de revocación ante el Ministerio del Interior contra la prohibición del ingreso a las cárceles, dispuesto por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), a recomendación del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria.
El recurso plantea que cuando se les comunicó la resolución del INR plantearon que la decisión era a partir de un dictamen del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, cuando se trate de un órgano asesor, sin potestades para tomar esa resolución.
Además, señalan que el INR les planteó que era una medida general tomada para todas las organizaciones sin convenio cuando Nada Crece a la Sombra tiene dos convenios vigentes, en los que el Ministerio tiene la obligación de permitir el ingreso de los equipos técnicos y además no está cumpliendo con sus obligaciones para ejecutar los programas.
Sobre este punto, plantea que el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, reconoció la existencia de esos convenios, así como también lo hizo posteriormente el director del INR en una nueva notificación emitida.
La asociación señala que para dar cumplimiento a los convenios se pidió reunión con el director del INR, Luis Mendoza, para saber cómo avanzar con los convenios en cinco instancias entre marzo y mayo de 2021 y recibieron como respuesta que el Ministerio del Interior estaba “analizando la situación”.
Por otra parte, plantea que el acto administrativo concretado por el INR implica una “afectación grave” a los derechos laborales de los integrantes de Nada Crece a la Sombra, los derechos de las privadas de libertad, la política penitenciaria y las oportunidades de rehabilitación.
En el recurso presentado, la asociación reclama que se le notifique formalmente “qué sucede con los convenios vigentes, cómo se habrá de cumplir con el dinero ya depositado a la organización” y destaca “la buena voluntad de la organización en cumplir fielmente con los convenios firmados”.
Para uno de los dos convenios en ejecución, Presidencia de la República transfirió 3.620.000 pesos a la organización para la realización de talleres. Los fondos permanecen en la cuenta bancaria de la organización, según señala el recurso de revocación. El otro convenio en ejecución es el Plan de Salud Sexual y Reproductiva, uno de los 12 puntos del Plan Dignidad, que garantiza la atención ginecológica integral a todas las mujeres que están presas.