En la anterior gestión, por razones de seguridad y luego de recibir amenazas, se determinó que el ministro del Interior y otras autoridades de la cartera circulen en vehículos blindados. Tanto Eduardo Bonomi como Jorge Vázquez se desplazaban en autos de este tipo, como también lo hizo el exministro Jorge Larrañaga durante esta gestión hasta su fallecimiento y Luis Alberto Heber, actual ministro del Interior, hasta ahora.
Según informó El Observador, Heber resolvió dejar de usar vehículos blindados y usa una camioneta Audi Q5 que fue incautada al narcotraficante Luis Alberto “Betito” Suárez, uno de los delincuentes más conocidos actualmente, que está en prisión por delitos de narcotráfico y lavado de activos.
La camioneta fue incautada en mayo de 2021, en el marco de su última imputación. La Fiscalía pidió el decomiso del vehículo y quedó a disposición de la Junta Nacional de Drogas (JND) y del Fondo de Bienes Decomisados (FBD), que la adjudicó al Ministerio del Interior.
Además de Heber, su custodia maneja un BMW que pertenecía a otro narcotraficante y, según informó el periodista Gabriel Pereyra, Mario D’Elia, jefe de Policía de Montevideo, circula en una Chevrolet Captiva que había pertenecido a otro narcotraficante.
La administración y adjudicación de los bienes y fondos decomisados en causas por narcotráfico y lavado se hace a través FBD, bajo la órbita de la JND. El artículo 68 de la ley 17.930 plantea que cuando se confisquen bienes, productos o instrumentos que no deban ser destruidos ni resulten perjudiciales para la población, serán puestos a disposición de la JND, que tendrá la titularidad y disponibilidad de los mismos.
Este organismo es el que debe determinar el destino de los bienes que pueden ser retenidos para uso oficial de programas y proyectos de la JND, pueden ser transferidos a cualquier entidad pública que haya participado directa o indirectamente en su incautación o en la coordinación de programas de prevención o represión en materia de drogas y de prevención de lavado de activos. También pueden ser transferidos a una entidad pública o privada que se dedique a la prevención del uso problemático de drogas, o se lo puede vender y otorgar el dinero a esa entidad.
Según informó El Observador en base a fuentes del Ministerio del Interior, “el ministro no quiere andar en un auto blindado” y por eso anda en la camioneta del Betito, que “cumplía con las condiciones sin que le salga un peso a la gente”. El mismo medio consignó que “el mensaje del ministro” fue que “en Uruguay se acabó el tiempo de andar con autos blindados”.
Fuentes policiales afirmaron a la diaria que la decisión del ministro es “peligrosa” porque no analiza los riesgos que implican su investidura. Además, señalaron que es “inconveniente” que circule en un auto que pertenecía a un narcotraficante tan reconocido, porque sus enemigos no necesariamente tienen que saber que ese auto ya no le pertenece a él ni a su familia, sino que ahora lo usa el ministro del Interior.
Aseguraron que esto lo convierte en un “posible blanco” y “más ahora que se hizo público que el auto en el que circula no es blindado”. Finalmente, destacaron que no fue “una decisión caprichosa” sino que fue producto de un análisis de seguridad asociado a la criminalidad y las amenazas recibidas por personas asociadas al narcotráfico y a otros sistemas de poder.
Desde el Frente Amplio entienden que es una “violación a la normativa”
Los senadores del Frente Amplio Charles Carrera, Mario Bergara y Liliam Kechichian presentaron un pedido de acceso a la información pública en el que solicitan que se les aporten las resoluciones que justifican la adjudicación de varios vehículos, entre otros bienes, al Ministerio del Interior, entre otros organismos.
Carrera comentó a la diaria que en su opinión esto es “una clara violación a la normativa vigente y a la finalidad que deben tener los bienes decomisados. Los bienes incautados y decomisados no deben utilizarse para fines particulares y mucho menos como medio de transporte para los ministros de Estado”. “Deben ir a remate y lo recaudado debe servir para la ejecución de políticas públicas en beneficio de toda la sociedad”, indicó.
Por eso, los legisladores del FA exigen “transparencia del gobierno haciendo públicas las actas de la JND” y solicitan que se informe “el destino de todos los bienes decomisados”.
Milton Romani, exsecretario general de la JND dijo a la diaria que es una “espantosa señal pública” y que “es parte de la cultura narco”. Además, afirmó que “Heber miente” porque “lo incautado y decomisado puede y debe ir a remate”. “No se ahorra nada usando un auto narco”, indicó, porque “lo recaudado va al FDB para diversos destinos, previa solicitud fundamentada y decisión del pleno de JND”. Por eso, también sostuvo que “deben ponerse a disposición pública todas las actas de reuniones la JND” sobre estos temas, algo que “siempre se hizo y ahora no se hace”. Romani enfatizó en que “no puede haber cosas raras en este plano”.
Fondos asociados al narcotráfico
Romani hizo un pedido de acceso a la información pública que compartió con la diaria en el que se aportan datos sobre las adjudicaciones, remates y ingresos de la JND asociados a incautaciones de narcotráfico.
A través de remates, ingresaron entre 2020 y 2021 casi 860.000 dólares que corresponden a 55 vehículos, maquinaria, un inmueble, dos caballos, muebles, joyas y casi 50 mil kilos de harina de soja.
En 2020 ingresaron al FBD casi 88 millones de pesos y unos 430.000 dólares. En 2021 el ingreso fue de casi 27 millones de pesos y más de 5 millones de dólares.
Según detallan, en 2020 se realizaron transferencias de bienes por un valor de casi 240.000 dólares. 99.000 dólares fueron al Ministerio del Interior para la compra de cuatro vehículos y fondos para la compra de equipamiento tecnológico. Para Presidencia, se destinaron 130.000 dólares para la compra de cuatro vehículos. A la Secretaría Nacional de Drogas se le asignaron 10.000 dólares para la compra de mobiliario y equipamiento y al Dispositivo Ciudadela, un programa para el uso problemático de drogas, le dieron 500 dólares para la compra de celulares y vestimenta.
En 2021 se transfirieron casi 1.200.000 dólares. 853.000 dólares fueron para la compra de 70 vehículos para el Ministerio del Interior, 30.000 para un vehículo marítimo para la cartera y 10.000 para electrodomésticos, contenedores y leña. Además, le transfirieron fondos para la reparación de un inmueble, para la compra de equipamiento informático y para la compra de kits de detección de cannabis por 47.000 dólares.
Al Ministerio de Defensa se le adjudicaron dos vehículos terrestres con un valor de 20.000 dólares y a Presidencia otros cuatro vehículos por 130.000 dólares y un vehículo al Instituto de Regulación y Control del Cannabis por 12.400 dólares.
Por otra parte se pagó la contratación de una consultoría de 15.000 dólares para la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.