A María Eugenia la encontró muerta su hijo de siete años en el apartamento en el que vivían en la zona de Sayago junto a la pareja de ella el 19 de febrero de 2021. El niño gritó a los vecinos que su madre no respiraba.
La mujer era policía y trabajaba en la Unidad 1 Punta de Rieles del Instituto Nacional de Rehabilitación, cárcel de participación público-privada. A su pareja, de 23 años, lo conoció en la cárcel, cuando él estaba preso por un delito sexual.
Según la versión preliminar, el hombre cerró con llave la casa y se fue, dejando adentro a la mujer fallecida y al niño. Antes de irse, le dijo al hijo de la mujer que volvería “en una hora”. El niño encontró a su madre sobre la cama y notó que no respiraba, por lo que pidió ayuda. Un vecino y la hermana de la mujer, que vivía en el mismo complejo habitacional, rompieron la puerta y entraron.
Inicialmente, desde el Ministerio del Interior informaron que se descartó una muerte por asfixia. “La causa de muerte es indeterminada y el forense no ubica lesiones de relevancia”, consignaron. “Policialmente: muerte dudosa”, definieron desde la cartera, y complementaron diciendo que “se investiga”.
El hombre le había robado el arma de reglamento y el chaleco antibalas. También se llevó la moto, que era de la mujer, y su tarjeta de débito, y se fue a la casa de su expareja en Ciudad de la Costa a ver a su hijo. Le pidió a su expareja que sacara toda la plata que pudiera de un cajero con la tarjeta de débito: sacó 1.000 pesos.
El 24 de febrero, cinco días después, fue detenido en la casa de su expareja. Fue imputado con prisión preventiva por hurto especialmente agravado, violencia doméstica y omisión de asistencia. Según informó El País, la medida cautelar venció el 24 de setiembre de 2021 y fue liberado. La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 1° turno, a cargo de la fiscal Gabriela Fossati, asumió el caso y el juez actuante fue Humberto Álvarez.
Según El País, durante la investigación, la fiscal Fossatti y los abogados de la familia de la víctima, Juan Fagúndez y Daniel Piedra, insistieron en que se trataba de un homicidio y no de un suicidio, y trataron de impulsar medidas para demostrarlo.
En este marco se hizo una exhumación del cadáver, y una autopsia a cargo del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República concluyó que la causa de muerte fue el estrangulamiento.
En diálogo con la diaria, Fagúndez dijo que “cuando se obtuvo una pericia a favor de la hipótesis del homicidio se pidió la detención” de la expareja, pero “a los días lo mataron”. “Según tengo entendido estaba requerido”, indicó.
Al hombre lo mataron el 31 de enero de este año, casi un año después del femicidio. Ese día, sobre las 22.00, la seccional 30 de la localidad de 18 de Mayo en Canelones fue alertada sobre un hombre herido en la vía pública. La Jefatura de Policía de Canelones informó que el llamado fue respondido por dos policías en moto del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO). Al llegar a Antonio Sellanes y Rafael Alonso pidieron apoyo para el traslado del hombre. Un móvil policial lo llevó al Hospital de Las Piedras, donde le constataron un disparo de arma de fuego en el pecho, y el hombre murió.
Vecinos de la zona dijeron que escucharon entre seis y siete disparos, pero no vieron nada. En el traslado, los policías revisaron sus pertenencias y encontraron un arma con municiones, pronta para ser usada.
El departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones y la Fiscalía Departamental de Las Piedras, a cargo de la fiscal Verónica Bujarín, investigan el caso.