La jueza penal de 33° turno, María Noel Tonarelli, suspendió la audiencia de la causa Operación Océano, luego que uno de los defensores de los imputados advirtiera que se estaba ingresando como prueba mensajes de chat que estaban sacados de contexto y conversaciones con el orden cambiado.
Tonarelli dispuso que la evidencia se ordene adecuadamente en la carpeta de investigación dado que esas conversaciones deben ser admitidas como prueba en un eventual juicio, pero ya fijó audiencias para abril de manera de continuar con la declaración anticipada de la principal víctima de la causa.
La audiencia que se suspendió había sido convocada para discutir el pliego de preguntas específicas que se realizaría a la principal víctima sobre la primera tanda de imputados. Las audiencias de declaración anticipada se dividieron en cinco: una para discutir las preguntas en general y concretar la declaración, y las otras cuatro para discutir preguntas y realizar la declaración sobre los 36 investigados en la causa, que fueron divididos en un grupo de 20 y otro de 16.
A todo esto, el plazo para que la fiscal de Delitos Sexuales subrogante de 5° turno, Mariana Alfaro, acuse vencerá el 13 de mayo, cumplidos los dos años de iniciada la primera formalización.
En un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la Nación dijo que en octubre de 2021 se advirtieron errores en las carpetas, con relevamiento de chats entre los imputados y las víctimas que fueron subsanados en noviembre y que desde esa fecha están en la carpeta de investigación a disposición de todas las defensas que quieran retirarlas “para ejercer su derecho”.
Además, rechazaron versiones de prensa que hablaron de “falsificación” de documentación por parte de la Fiscalía, en referencia a esos chats. “Ni el equipo fiscal actuante en este caso ni la institución falsifican ningún tipo de documento para llevar adelante las investigaciones penales”, sostuvieron.
“En aras de la más absoluta transparencia, el propio equipo fiscal estuvo de acuerdo con que la sede judicial librara un oficio para que el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación de Fiscalía asigne una fiscalía que investigue este asunto”, agregaron, y llamaron “a la reflexión” a las partes que intervienen en la causa para “que transcurra con la mayor rigurosidad, responsabilidad y serenidad”.
Desde la defensa de los imputados señalaron a la diaria que si bien el error fue subsanado en noviembre, los abogados no fueron notificados de que dentro de la actualización de 37 archivos incorporados a la carpeta ese mes estaban los documentos corregidos, por lo que fueron con los PDF de los chats, tal como estaban en octubre, y por eso no coincidían con los que llevó la fiscalía.
En ese marco, el abogado Eduardo Sassón planteó que la conversación que se atribuía a su defendido estaba adulterada, lo que podría inducir a error al futuro juez de juicio, que escucharía -a través de las preguntas realizadas a la víctima en la declaración anticipada- referencia a conversaciones que no existieron en la forma en que fueron planteadas.
Como funcionarias públicas, tanto la fiscal como la jueza tienen la obligación de denunciar penalmente el hecho, aunque se trate de una situación que podría haberse subsanado con el mero uso de los documentos actualizados.
Ahora, una fiscalía de Flagrancia deberá investigar cómo se generaron esas conversaciones adulteradas, y por qué hay textos borrados y con el orden cambiado.