La Suprema Corte de Justicia (SCJ) inició un sumario a la jueza especializada en Familia de cuarto turno de Pando, Ada Siré, luego de analizar un informe sobre su publicación en la red social Tik Tok, en la que representaba conversaciones machistas.
Desde la SCJ señalaron a la diaria que la decisión no implica medidas suspensivas, por lo que la jueza continuará en su cargo mientras avanza el proceso. Además, manifestaron que el traslado de la jueza -que cuando se conoció la publicación fue enviada a otro juzgado en la misma ciudad- “no fue una medida disciplinaria”, sino una medida preventiva para evitar recusaciones y entorpecimiento en las causas en las que venía actuando.
Cuando se conoció la publicación, el 14 de febrero, la SCJ dio un plazo de 72 horas a la jueza para que entregara un informe sobre su actuación para definir si iniciaba o no un proceso disciplinario, pero la entrega se postergó hasta el 23 de febrero porque la magistrada pidió licencia médica.
“Del título 'las hijas de los otros... porque la mía es una santa' llega 'uy, la violaron, debe ser la culpa de ella'. Pero existen otros títulos también, como 'esa mina está histérica, debe estar menstruando', 'qué mal cogida está esa mina, por Dios' o 'qué se le va a hacer, es varón'. Bueno, lo único que espero es que algún día se terminen los estereotipos machistas y se dejen de elaborar construcciones teóricas a partir de seguimientos patriarcales”, afirma la magistrada en el video.
Aunque no hay normativa que regule el uso de redes sociales de los magistrados, la SCJ analizará la actuación de la jueza y especialmente su compatibilidad con lo estipulado por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, que elaboró el documento “Participación de jueces en las redes sociales”, que fue distribuido por la corte en 2016 y volvió a ser publicado en la web de la SCJ en febrero.
El documento plantea que el uso de redes sociales debe estar en consonancia con los principios del Código de Ética Iberoamericano, entre ellos “la imparcialidad, la responsabilidad institucional, la cortesía, la integridad, la transparencia, el secreto profesional y la prudencia”.
“[El juez] no puede embanderarse en posturas políticas partidarias ni, en general, exteriorizar posiciones que lo muestren susceptible de verse influido por grupos o personas por fuera de la objetiva fuerza de convicción que encuentre en las argumentaciones vertidas en un debate judicial”, sostiene el documento.
Por otra parte, la ley modificatoria de la Ley Orgánica de la Judicatura (19.830) establece que los jueces deben abstenerse de “todo comportamiento, acción o expresión que afecte la confianza en su imparcialidad”.
A raíz del hecho, la Asociación de Magistrados del Uruguay informó que está trabajando en un documento sobre el uso de redes sociales y el vínculo con los medios de comunicación. Además, respaldó el accionar de “los más de 500 jueces que día a día ejercen sus tareas, comprometidos con los valores de imparcialidad e independencia, aplicando la normativa nacional e internacional, fundamentales para el buen funcionamiento del sistema de justicia”. Por último, planteó la necesidad de crear “los espacios necesarios para realizar un debate profundo sobre libertad de expresión”.