En la tarde de este jueves el Comisionado Parlamentario Penitenciario presentó su informe anual sobre la situación del sistema carcelario. Lo hizo en el Parlamento y contó con la presencia de Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, y Lucía Etcheverry, diputada del Frente Amplio en representación de la comisión de seguimiento carcelario. En la jornada se homenajeó a Luis Parodi, exdirector de la cárcel de Punta de Rieles, que fue un centro modelo de referencia internacional al que renunció en mayo de 2020.
En el informe se plantea un panorama del sistema penitenciario, se detallan los principales problemas detectados, se posiciona un “plan de combate a la reincidencia y en favor de la rehabilitación” y se sugieren recomendaciones a futuro, entre otras cosas. Además, se dedica un capítulo entero a las muertes en custodia, que en 2021 registraron un récord histórico en Uruguay.
El año pasado, el equipo del Comisionado Parlamentario hizo 689 visitas a las 26 cárceles de todo el país. Se enviaron 106 recomendaciones al Ministerio del Interior, también 46 pedidos de informe. Además, se mandaron 83 oficios al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y 30 a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, que se encarga de la atención de salud en las cárceles de la zona metropolitana y Rivera. A su vez, presentaron 12 denuncias penales a Fiscalía: siete por violencia institucional, una por una muerte en custodia y cuatro por abusos realizados por privados de libertad. Por otra parte, hubo 35 acciones judiciales, entre las que se destacan varios amicus curiae.
La relación entre personas procesadas/imputadas y condenadas se invirtió desde la reforma del Código del Proceso Penal. Sólo 15% de la población está imputada pero no condenada, mientras 85% tiene condena.
Según un estudio que se presenta, se estima que el costo mensual por cada persona privada de libertad es de 39.000 pesos (casi 1.000 dólares), lo que significa que Uruguay tiene un costo mensual aproximado de 14 millones de dólares para mantener a las más de 14.000 personas que están presas. Por año, se estima que el costo de mantener a esta cantidad de personas privadas de libertad asciende a 168 millones de dólares.
“Colapso del sistema” y “explosión demográfica”
Se plantea que “el colapso del sistema, desbordado por su llamativa explosión demográfica”, ha hecho “muy ardua” la transformación de las cárceles. Nunca hubo tantas personas privadas de libertad: cuatro de cada 1.000 personas que viven en Uruguay están presas. La tasa de prisionización aumentó en 2022, llegando a 14.302 personas privadas de libertad en el día de hoy. El promedio de 2021 fue de 13.693 presos, lo que significa una prisionización de 3,86 cada 1.000 y ubica a Uruguay en el puesto 12 del mundo.
En 2021 ingresaron 9.134 personas a las cárceles y fueron liberadas 7.179 personas, “lo que significa que en un año han pasado por la cárcel más de 22.000 personas privadas de libertad”, según se informó.
El crecimiento ronda en 12,5% anual, con una importante diferencia entre géneros: el aumento promedio anual de varones fue 9% y de mujeres 28%. La cantidad de niñas y niños que viven en cárceles se mantiene estable: son un promedio de 50.
La densidad penitenciaria promedio de 2021 es de 123%. Para el Comisionado, “el aumento de población señalado se ha desarrollado sin un aumento proporcional en el presupuesto, en la cantidad de funcionarios y en el número de plazas en las cárceles”. Además, se indica que “el sistema penitenciario tiene una significativa debilidad técnica en la medición del número de plazas, lo que hace que los indicadores globales de hacinamiento no tengan la confiabilidad necesaria para evaluar este aspecto fundamental del sistema, no sólo para evaluar el cumplimiento de condiciones mínimas dignas de alojamiento”, sino también para el desarrollo de políticas.
Se explica que si bien desde el Ministerio del Interior se habla de un aumento de 1.900 plazas, “dado que no ha habido construcciones grandes ni grandes ampliaciones” y que no se ha recibido “información técnica metodológica detallada sobre los cambios referidos”, por lo que “se carece de información conceptual y metodológica”, plantean que “no se ha logrado comprobar” que haya un “cambio práctico” y por eso los datos sobre densidad “no son comparables” con años anteriores.
En el informe se resalta que la densidad carcelaria es heterogénea y que hay lugares que llegan a duplicar o triplicar la cantidad máxima de alojamiento. Enfatizan en la situación crítica que atraviesa la Unidad 5 Femenino, cárcel de mujeres de Montevideo, que alberga a la mitad de las mujeres que están presas en el país y tiene una ocupación de 143%. Por el contrario, hay cárceles tipo chacra, como son la Unidad 2 Chacra del Penal de Libertad (43% de ocupación) y la Unidad 10 Juan Soler (69%), que están por debajo de la capacidad. La Unidad 6 Punta de Rieles, excárcel modelo, también tiene 69% de ocupación.
La cárcel con más hacinamiento del país es Salto, con 318%. Se plantea específicamente que en las cárceles del interior, con excepción de Colonia (96% de ocupación), hay “hacinamiento crítico”. Se enfatiza: “Hay un aumento de la sobrepoblación que viene acumulándose desde hace varios años, con situaciones extremadamente críticas”.
Nueve de cada diez presos no tienen oportunidades de integración social
34% de la población carcelaria recibe tratos crueles, inhumanos o degradantes. 56% tiene insuficientes condiciones para la integración social y sólo 10% tiene oportunidades de integración social.
Récord histórico de muertes en cárceles
En 2021 hubo 86 muertes bajo custodia, lo que, según el Comisionado Parlamentario, “se trata de la mayor cifra ocurrida en un año en Uruguay, superando ampliamente al mayor registro anterior, que fue en 2010, con 53 muertes”. 2021 también fue el año en que se registraron más muertes violentas, con 45 casos, de las cuales 21 fueron homicidios, 18 suicidios y seis muertes accidentales o de causas violentas no aclaradas.
Además, en 2021 hubo 41 muertes por patologías, enfermedades y otras causas “naturales” o “indeterminadas” (también récord). En nueve de ellas no se contó con información suficiente para determinar la causa de muerte. Estos 41 fallecimientos más que triplican la cifra de 2020 (13) y supera ampliamente la mayor cifra registrada, que fue en 2013, con 29 fallecimientos de este tipo.
Desde el Ministerio del Interior se ha cuestionado esta cifra y se ha planteado que el aumento es en términos absolutos y no relativos. En el informe se analiza esta situación y se concluye que “la cifra total [de muertes] es la mayor registrada en la historia también en términos relativos” y que “lo mismo puede decirse respecto de las muertes violentas”, que supera la cifra de los años con mayor incidencia de este tipo de muertes, que fueron en 2010, año en que se registró el incendio en la cárcel de Rocha, y 2016. Por otra parte, “la tasa de muertes no violentas registra un fuerte aumento respecto al año anterior” y también es la máxima de la historia en términos absolutos.
La principal conclusión del informe anual del Comisionado en lo que respecta a las muertes en custodia es que “se verificó un importante incremento en las cifras de muertes de personas privadas de libertad” y que “este aumento ocurrió a expensas tanto de las muertes naturales como de las violentas”.
La tasa de homicidios en 2021 fue de 152 cada 100.000 habitantes: 15 veces mayor a la tasa nacional. La tasa de suicidios fue de 131 cada 100.000 habitantes: más de seis veces mayor a la tasa nacional.
41% de las muertes fueron en la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar), donde se aloja a 29% de la población carcelaria del país. En el caso de las muertes violentas, casi la mitad (47%) fueron en el Comcar. Hubo diez muertes en el módulo 3 del Comcar, espacio que concentra la mayor letalidad de todo el sistema carcelario.
De las 86 personas que murieron, 84 fueron varones (98%) y dos mujeres. Todas cisgénero. 52% de las muertes fueron violentas, 37% por problemas de salud y en 10% de los casos (nueve personas) no se pudo determinar la causa de muerte. De las muertes violentas, 21 (47%) fueron homicidios, 17 (38%) suicidios y cuatro (9%) accidentes. En tres casos la manera de la violencia no se pudo determinar con la información disponible.
Según el Comisionado, “se aprecia una mayor participación de las muertes naturales, lo que debería ser motivo de especial preocupación”. También señala que “se mantiene un porcentaje inaceptable de muertes en las que la información disponible ni siquiera permite señalar que su manera de ocurrencia sea natural o violenta”. “Estas nueve muertes ocurridas de manera indeterminada se podrían esclarecer rápidamente con la obtención de información básica”, subrayó.
Todos los homicidios fueron responsabilidad de otra persona privada de libertad. En 18 de los 21 casos se usaron cortes carcelarios, en dos casos fue mediante incendio y en un caso no se sabe.
16 de los 17 suicidios fueron por ahorcamiento. En el caso restante fue por quemaduras con fuego. 65% de los suicidios se dieron durante el primer año de reclusión, algo que fue advertido por el Comisionado como riesgo en el informe anterior.
Las cuatro muertes clasificadas como accidentes derivaron de un incendio en el Comcar generado a partir de un desperfecto de la instalación eléctrica. Sobre este caso se hizo un informe especial en el que se indicó que “el Estado fue responsable”.
De las 32 muertes por problemas de salud, 14 (44%) fueron por enfermedades infecciosas y cinco por covid-19. El resto de los casos fueron por una patología oncológica (siete muertes, 22%), seis por enfermedades cardiovasculares (19%), una (3%) por encefalopatía de Korsakoff [trastorno cerebral por falta de vitamina B1] y una (3%) asociada a un cuadro agudo de abdomen. En las tres restantes no se pudo determinar con la información disponible.
En el informe se señala que “llama la atención el alto número de muertes de personas jóvenes por enfermedades infecciosas”. “Este dato general sugiere mal terreno biológico, malas condiciones ambientales en las cárceles y/o falta de tratamientos oportunos”, explican. Y subrayan: “En especial, las muertes por tuberculosis y por covid-19 parecerían indicar cierto nivel de fracaso de la protección de la salud y la vida de las personas privadas de libertad”.
En un tercio de las muertes hubo negligencias o fallas asistenciales
En coordinación con la cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, se analizaron caso a caso las muertes en cárceles. En un tercio de las muertes hubo negligencias o fallas asistenciales asociadas al resultado letal. “El estudio médico-legal de estas muertes se vio sumamente dificultado por la carencia de la información mínima en la mayoría de los casos”, se indica. Sin embargo, se concluye que “con los limitados datos obtenidos se determinó que en 18 de las muertes violentas, en siete de las muertes naturales y en dos de las indeterminadas se presentaron manifiestas negligencias o fallas asistenciales en relación con el resultado letal”. “Eso hace un total de 27 muertes, lo que significa que en casi un tercio del total se verificaron estas fallas ostensibles relacionables con la muerte, aun sin contabilizar la pésima situación general de base en cuanto a condiciones de vida y respuesta sanitaria”, enfatizaron.
Se llegó a la conclusión de que en 40% de las muertes violentas se detectaron negligencias o fallas asistenciales con manifesta relación con el resultado letal. Entre estos casos se consideran los cuatro fallecidos en el incendio antes mencionado y varios suicidios en los que no se tomaron medidas mínimas para evitarlos, en personas privadas de libertad de alto riesgo.
En siete de las muertes por problemas de salud (29%) hubo “manifiestas negligencias o fallas asistenciales con incidencia en el resultado letal”.
El informe reitera una y otra vez la dificultad que genera la falta de información: “Incluso en las nueve muertes en que la falta de información fue tan importante que no se pudo siquiera determinar su etiología médico-legal, los mínimos datos disponibles revelaron dos casos de manifiestas negligencias o fallas asistenciales con manifiesta relación con el resultado letal”.
“Los casos que no pudieron ser concluidos por la falta de información o colaboración de instituciones públicas, cualquiera sea la causa burocrática, normativa o cultural involucrada, no hace sino dejar en pie la potencial responsabilidad del Estado por la muerte de personas que estaban bajo su protección”, concluye el informe. El caso a caso de las muertes en que hubo negligencias o fallas asistenciales lo presentaremos en otra nota más adelante.