Una delegación del Partido Demócrata Cristiano se reunió este viernes con el fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, para conocer los avances de la investigación sobre el asesinato de Luis “Nucho” Batalla, ocurrido en Treinta y Tres en mayo de 1972.
En el encuentro Perciballe realizó una puesta a punto del caso, que espera resolución del juzgado penal de 27° turno desde marzo de 2019. La causa pasó por tres sedes penales, en las que actuaron María Noel Tonarelli, Ana De Salterain y Silvia Urioste.
En una declaración emitida tras el encuentro con Perciballe, la Junta Nacional Ampliada del Partido Demócrata Cristiano expresó que “las pruebas del homicidio son abrumadoras” y que “tres años de solicitud del procesamiento es demasiado tiempo”.
“Nuestro país no puede seguir con tantas heridas abiertas. La búsqueda de los detenidos desaparecidos, a la que jamás renunciaremos, debe culminar con el conocimiento de la verdad. Para los familiares y por el conjunto de la sociedad uruguaya”, agregaron.
La causa fue abierta en 1986 en el juzgado penal de 9º Turno y remitida al Poder Ejecutivo para que se expidiera sobre si el caso podía ser investigado por el Poder Judicial, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Caducidad que estableció que “el juez interviniente en las denuncias correspondientes requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1”.
En 1988 el Ejecutivo determinó que el caso estaba comprendido en el amparo dispuesto por el artículo 1 de la Ley de Caducidad por lo que la Justicia determinó la clausura de la investigación penal y el archivo de los antecedentes.
En 2013 se solicitó el desarchivo de la causa y el 22 de marzo 2019, un año después de la puesta en marcha de la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, el fiscal Perciballe pidió el procesamiento con prisión de Héctor Rombys y Arquímedes Maciel, por un delito de homicidio muy especialmente agravado. Además determinó una serie de diligencias para determinar la responsabilidad de otros militares, entre ellos Pedro Mato, quien se encuentra prófugo de la Justicia uruguaya en Livramento, donde reside desde 2001.
En diálogo con la diaria, el dirigente del PDC Cesar Falcón señaló que el fiscal Perciballe dijo que el caso Batalla refleja la actuación del Estado en causas de crímenes de lesa humanidad y planteó que en la situación de Mato también hay responsabilidad del Ministerio de Defensa y de Cancillería.
Batalla fue detenido en la madrugada del 21 de mayo y trasladado al Batallón de Infantería N° 10. En la mañana del 25 de mayo, un grupo de militares ingresó a su casa para solicitarle a la familia supuestos remedios para el corazón, pero el militante del Partido Demócrata Cristiano nunca había padecido problemas cardíacos. Una hora y media después, le informaron que había muerto de un paro cardíaco y entregaron el cuerpo a la familia, a cajón cerrado.
Al sospechar de la causa de muerte, un compañero del PDC, Francisco Laxalte, planteó a la familia la posibilidad de hacer una autopsia sobre el cuerpo de Batalla. El diputado del PDC Daniel Sosa Días viajó a Treinta y Tres junto a los médicos Walter Buscasso y Raúl Antiga, quienes constataron que la causa de la muerte había sido una anemia aguda causada por una ruptura traumática de hígado.
Sosa Días conversó con el entonces Jefe de Policía de Treinta y Tres, Coronel Alsina, quien le informó que la Policía no había intervenido, por lo que definió hacer la denuncia policial. El caso fue tomado por el juez Helguera García, quien luego de no poder obtener ninguna información por parte de las FFAA dispuso la realización de la autopsia del cuerpo, que se concretó el 26 de mayo y confirmó la causas establecidas en el examen anterior. Batalla, un albañil de 32 años, fue el primer asesinado bajo torturas en un centro militar.
“Su muerte es un campanazo en medio de la vida nacional. Hasta ahora hubo quienes quisieron cerrar los ojos a la existencia innoble de la tortura. Algunos quisieron ilusionarse pensando que eran denuncias de sentido político. Escándalo para capitalizar oposición. Hoy cualquiera que se acerque a este féretro que fue enterrado en Treinta y Tres, cuya sombra está entre nosotros, sabe que es una realidad tangible”, expresó el entonces senador Juan Pablo Terra en una columna publicada el 2 de junio en el semanario Marcha.
Al revelarse las causas de la muerte, el ministro de Defensa de ese entonces, el Gral. Enrique Magnani, fue interpelado en la Cámara de Representantes el 22 de junio de 1972. El ministro en un primer momento intentó mantener en reserva la información del caso, aduciendo que estaba siendo investigado por la Justicia en etapa presumarial, pero finalmente terminó admitiendo la aplicación de torturas contra los detenidos, lo que motivó una declaración de la cámara instando a que se investigue el hecho.
En una columna publicada por el semanario Marcha el 23 de junio de 1972, Sosa Días lamentó la posición del ministro: “Entendemos, en primer lugar, que se ha cometido un homicidio. El ministro debe dar los nombres de quienes han sido procesados por este delito. En segundo lugar, debe señalar cuáles fueron las órdenes que en todo el escalón jerárquico, impartió el ministerio respecto al trato a los detenidos, así como las medidas adoptadas para su cumplimiento. Resulta inaudito que haya sido necesaria una interpelación para que pueda conocerse que Batalla fue asesinado”. Magnani renunció a su cargo el 19 de julio de ese año.