Camiseta mostaza, pantalón verde oscuro, tapaboca negro. Jorge Néstor Tróccoli se presentó este jueves en el aula búnker de Rebibbia para asistir a la primera audiencia del segundo juicio que se celebra contra él en Italia, tras ser condenado a cadena perpetua por el Tribunal Supremo de Italia el 9 de julio de 2021, junto a 14 militares y jerarcas de Chile y Uruguay, acusados de la muerte de ciudadanos italianos en el marco del plan represivo que se desarrolló en América Latina en las décadas de 1970 y 1980, el Plan Cóndor.
Tróccoli está acusado, en este nuevo juicio, de la muerte y desaparición del matrimonio ítalo-argentino Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza, y de Elena Quinteros.
Llegó a la sala escoltado por los guardias de la prisión tras un viaje en furgón policial desde la cárcel Gian Battista Novelli de Carinola, en la provincia de Caserta, donde cumple su condena, que durante los tres primeros años incluye el aislamiento diurno. Su presencia generó sorpresa entre los abogados de los querellantes y los asistentes al juicio, ya que durante las audiencias del juicio Plan Cóndor sólo estuvo dos veces y había decidido no someterse al examen de los abogados, sino sólo hacer declaraciones espontáneas.
Esta vez las cosas parecen haber tomado un rumbo diferente. Sus propios abogados, Francesco Guzzo y Marco Bastoni, declararon a la diaria que habían “convencido a su cliente para que participara activamente en el juicio asistiendo a las audiencias y siguiendo así el proceso para poder responder mejor a los cargos que se le imputan”.
Las víctimas en el caso de este juicio son Rafaela Filipazzi y Agustín Potenza, que fueron detenidos en mayo de 1977 en el hotel Hermitage de Montevideo, trasladados a dependencias del Fusna, y cuyos cadáveres aparecieron en Asunción (Paraguay) en marzo de 2013; y Elena Quinteros, militante del Partido por la Victoria del Pueblo, desaparecida luego de ser detenida en su domicilio en Montevideo el 26 de junio de 1976, recluida en el centro clandestino de detención conocido como 300 Carlos y nuevamente secuestrada en el predio de la Embajada de Venezuela en Montevideo, luego de haber logrado escapar.
En la audiencia de este jueves la Tercera Sección de la Corte de Asís de Roma, presidida por la jueza Antonella Capri y con la jueza Francesca Russo, se escucharon todas las peticiones de las partes civiles en el juicio. Las solicitudes llegaron por parte de familiares de las víctimas, del Frente Amplio y de los sindicatos italianos CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) y UIL (Unione Italiana del Lavoro). Los abogados de los acusados se opusieron a algunas de estas solicitudes, en particular las relativas al Frente Amplio, representado por el abogado Andrea Speranzoni, y a la de Graciela Almeida Duquini, prima segunda de Elena Quinteros, representada por la abogada Alicia Mejía.
El abogado Bastoni dijo a la diaria que “en un juicio penal pueden entrar sólo los que realmente tienen un interés civil, y el Frente Amplio no tiene un interés civil inmediato y directo. Este interés debe determinarse antes y en una fecha anterior a los hechos controvertidos”.
La abogada Mejía señaló que existen algunos pasajes de la sentencia de la primera audiencia del juicio del Plan Cóndor en los que se reconoce al Frente Amplio un interés directo e inmediato en constituirse como parte civil. Mejía también dijo a la diaria que la constitución de Almeida Duquini como actor civil es una “gran incógnita” porque “no hay jurisprudencia pacífica que prevea la constitución como actor civil de personas que no tienen una relación directa con la víctima del delito”.
La próxima audiencia ha sido fijada para el 27 de setiembre: se dará respuesta a las constituciones de los demandantes civiles y se fijará un calendario de audiencias que, según la jueza Antonella Capri, no comenzará antes de 2023.