El abogado Andrés Ojeda, que representa al policía imputado por abuso de funciones a raíz de los traslados del mexicano González Valencia desde la Guardia Republicana a Cárcel Central, dijo a la diaria que en el expediente no hay nada que vincule estos traslados con la fuga de Morabito. Si bien desde la Fiscalía se manejó esa posibilidad, Ojeda expresó que en la carpeta de investigación no hay ninguna referencia a ese nexo.
Según la versión de la Fiscalía, González Valencia fue trasladado 12 veces desde la Guardia Republicana -en donde estaba recluido por razones de seguridad- a Cárcel Central, sin la autorización debida y con un costo por traslado de 94.000 pesos correspondiente al operativo de seguridad que debía montarse dado el riesgo.
Ojeda señaló que si bien el policía imputado pertenece a la Guardia Republicana, donde estaba recluido González Valencia, es el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) el responsable del privado de libertad, mientras que la competencia de la Republicana era la custodia. Así lo confirma un documento, firmado por el entonces director del INR Gonzalo Larrosa, que forma parte del expediente, al que accedió la diaria.
“La Guardia Republicana no gestiona al preso ni la cárcel, le da seguridad en este caso a un preso en particular, pero todo lo que pasaba con él lo decidía el INR”, afirmó Ojeda. En esa línea sostuvo que la Guardia Republicana lo llevaba hasta la puerta de Cárcel Central, pero dejaba de ser su responsabilidad desde el momento en que culminaba el traslado. Es decir, desde que González Valencia ingresaba a la sede de Cárcel Central, donde la responsabilidad era de la Subdirección Operativa del INR, de quien depende la seguridad en las cárceles. En ese momento el área estaba a cargo de Gerardo Bidarte, quien fue sumariado tras la fuga de Morabito y que volvió a tener un cargo en el Ministerio del Interior tras el cambio de gestión.
Además, Ojeda señaló que cuando ocurrió el hecho, el policía imputado “no tenía ni grado de capitán [comisario]”, por lo que no tenía la jerarquía de haber tomado la decisión de trasladar a González Valencia sin la autorización del INR. Señaló que su cliente le planteó que podían comunicarse con González Valencia para que él dé su versión de los hechos.
Consultado sobre el teléfono que se le entregó a González Valencia para que tenga comunicación con su familia, Ojeda señaló que su cliente le dijo que fue entregado por el Ministerio del Interior, en particular, por el exdirector general Charles Carrera.
Según señaló Ojeda, durante los interrogatorios en Fiscalía, Ricardo Lackner, fiscal especializado en Delitos Complejos de 2° turno, hizo escuchar a su cliente una conversación telefónica a la que accedió tras haber interceptado el teléfono del policía ahora imputado, en la que el policía cuestionaba al fiscal.
Consultado por la diaria sobre los dichos del abogado, Carrera respondió: “No entiendo el comentario del doctor Ojeda o la referencia a mi persona. Las competencias de la Dirección General eran referentes a temas netamente administrativos, lo operativo no estaba bajo mis competencias o control. En su momento, se definió recluir a Valencia en la Guardia Republicana por razones de seguridad y no puedo opinar más allá de esto”.
En el mismo sentido, se expresó el exdirector de la Guardia Republicana Alfredo Clavijo, quien señaló a la diaria que “al ser trasladado González Valencia por razones de seguridad a la Guardia Republicana, él solicitó comunicarse con su familia en México” y, a partir de esa solicitud, se realizó la consulta a las autoridades del INR, quienes “indicaron que las personas migrantes privadas de libertad tenían derecho a llamadas a sus países de origen”. “En base a ese asesoramiento, la Dirección General de Secretaría autorizó un celular que posibilitara hacer llamadas al exterior dado que en el lugar que fue alojado no había línea telefónica para hacer llamadas al exterior”, agregó. Clavijo añadió que se informó a la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, que eran los que estaban llevando el caso, y mediante orden judicial el teléfono fue interceptado.