Marcelo Ayala murió en mayo de 2021 en el módulo 12 del Comcar. Días antes de su muerte, estuvo en aislamiento por covid-19; había ingresado al módulo 12 tres días antes de su muerte en custodia. Tenía 20 años y era de Maldonado. Murió solo, no se sabe cómo, en una celda de aislamiento en el sector de salud mental; tenía una patología psiquiátrica severa y una discapacidad mental. No sabía ni escribir su nombre, pero en su condena dijo que tenía bachillerato completo. Estaba condenado por haberse sacado una tobillera electrónica por una orden de restricción de acercamiento que tenía con su padre.
Marcelo medía casi dos metros y llegó a la cárcel con 125 kilos, y en unos meses bajó 50 kilos; murió pesando 75 kilos. Su comportamiento era “aniñado” y solía mojar su ropa y tirarse encima de ella.
El día de su fallecimiento, los enfermeros responsables del control matinal lo encontraron acostado en el piso en el único lugar que estaba seco. Como Marcelo no podía moverse, para cambiarlo de celda lo envolvieron en una frazada y en un colchón y lo trasladaron envuelto en andas entre los enfermeros. Pasó de la celda 4 a la 8. Lo acostaron en la cama, de costado, para que no se ahogara si vomitaba. Antes de dejarlo, le tomaron la presión y el pulso. Al mediodía estaba muerto. Cuando ingresaron a la celda, constataron la ausencia de signos vitales.
Según un informe del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, Marcelo no debió haber sido derivado a una cárcel, pues tras analizar el caso concluyó que “debió haber estar internado en un servicio especializado de atención de salud mental, apropiado para su afectación”. Respecto de las causas de muerte, señaló que “hasta el momento, realizada ya la autopsia en la morgue de Montevideo y pendientes algunas diligencias forenses, no existe una causa clara para su muerte”. Según indica, el cuerpo no tenía heridas y en el registro fílmico disponible no se observan hechos previos de violencia. Si bien el comisionado analiza todas las muertes en custodia, “las características de la muerte de Marcelo Ayala y su historia de vida nos indican que se trata de un caso altamente significativo, representativo de varias fisuras y carencias existentes en el entramado institucional”. Apunta que el repaso de los hechos “deja varias interrogantes abiertas”. El informe plantea distintos aspectos a ser considerados: su trayectoria, su salud, su proceso judicial, su estadía carcelaria y su muerte.
En el camino a la muerte de Marcelo hay varias cuestiones llamativas: desde el proceso penal por el que atravesó hasta su recorrido dentro de la cárcel. Entre otras cosas, para analizar su imputabilidad se consideró una pericia psiquiátrica de un delito anterior que había cometido: haberse sacado la tobillera electrónica. La pericia se hizo 40 días antes y planteó que su “nivel mental” era “normal”. Alcanzaba con escuchar hablar a Marcelo, lo que puede hacerse en el audio de la audiencia a la que fue sometido, para notar lo poco ajustado a la realidad de esta pericia. Además, una pericia psiquiátrica determina si una persona es capaz de comprender el carácter ilícito de sus actos y es un insumo a considerar para dictaminar que se es responsable penalmente. La pericia determina la imputabilidad en el momento del hecho. Es situacional y se puede solicitar ante cada caso de sospecha de imputabilidad. Una pericia no es un determinante ad eternum, ni para determinar una imputabilidad ni para una inimputabilidad. El resultado puede variar en el tiempo y por eso la defensa puede solicitar que se realice una pericia ante un nuevo hecho delictivo.
También se presentaron “datos biográficos” que no son acordes a la realidad: “cursó primaria y secundaria completa sin repetir. Niega estudios terciarios. Cursos de cerámica, yeso, carpintería. Trabaja conduciendo maquinaria pesada, previamente trabajó de forma zafral en el rubro de la construcción”. Marcelo no sabía leer ni escribir, iba a un colegio para discapacitados y cursó con muchas dificultades hasta tercero de escuela.
En lo que refiere a antecedentes médicos, en la pericia se plantea que se “niegan”. Y los antecedentes psiquiátricos que se presentan refieren a un “abordaje con psicólogo y psiquiatra desde su infancia por trastornos conductuales” porque era “hiperactivo”. Por eso, había sido “medicado con estabilizador del ánimo y antipsicótico a dosis sedativas”. De acuerdo con su historia clínica, que fue entregada luego de su muerte, Marcelo tenía indicado: quetiapina (antipsicótico), ácido valproico (para el tratamiento de episodios maníacos), levomepromazina (antipsicótico, sedante, analgésico), clonazepam (ansiolítico) y pipotiazina (antipsicótico inyectable conocido como piportil).
Su muerte pasó a ser investigada por Fiscalía y recayó en el fiscal Raúl Iglesias, a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 15º turno, que archivó el caso. Fuentes cercanas al caso dijeron a la diaria que no hubo mayor investigación para tomar esta decisión.
La defensa de la familia de Marcelo pidió el reexamen ante el Poder Judicial. Después de varias instancias en las que el fiscal Iglesias no se presentó, finalmente se dio la audiencia para solicitar el reexamen y el juez penal de 30º turno, Marcelo Souto, solicitó el reexamen porque consideró que “aún quedan diligencias investigativas útiles a realizar”. Por eso, resolvió el reexamen y que se disponga en forma urgente un fiscal subrogante. La fiscal asignada fue Ana Vallverdú, a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 14º turno, quien ahora deberá determinar si mantiene el reexamen o reabre la investigación para determinar si existieron responsabilidades institucionales en la muerte de Marcelo.
No se consideraron las circunstancias de la muerte
Para pedir el reexamen, la defensa de la mamá de Marcelo planteó que faltó una debida diligencia en la investigación, ya que por tratarse de una muerte en custodia se entiende que la investigación tiene determinadas complejidades que no estuvieron satisfechas al ver los argumentos vertidos por la Fiscalía al comunicar el archivo de la investigación, donde sólo se remitió a establecer que “teniendo a la vista las pericias médicas realizadas sobre el occiso, se puede determinar que no fue una muerte violenta, por lo tanto se procederá al archivo de las presentes actuaciones”.
Que Marcelo no tuvo una muerte violenta era algo que se sabía desde la descripción inicial de cómo murió. Las grabaciones de las cámaras existentes de las horas previas a su muerte no fueron valoradas. En una de ellas se lo ve tratando de vestirse, casi sin poder mantenerse en pie. En otra se lo ve ya tirado en el piso, donde parece sedado y el cuerpo no le responde.
Tampoco se consideró que hubo algunas grabaciones dañadas de las horas previas a su muerte ni que cuando lo movieron, y todavía estaba vivo, no se sabía si estaba descompensado o qué. Marcelo se quedó en el piso al menos una hora. Lo acostaron atado. Luego, se intentó levantar casi sin poder sostenerse. Más tarde, como pudo, limpió su celda, con la tendencia compulsiva de tirar agua que había adquirido en la cárcel.
En otra grabación se ve que no estaba en su celda y que su cuerpo es movido a la celda 4, donde lo dejaron una hora y media en el piso. A las 11.36 del lunes 17 de mayo intentaron –sin éxito– reanimarlo.
En la audiencia de solicitud del reexamen, la defensa de la madre de Marcelo, a cargo de la abogada Lucía Fernández Ramírez, planteó varios hechos significativos, entre ellos, que Marcelo no pudiera sostenerse por sí mismo y el contexto de medicación extrema en el que estaba. Se puso sobre la mesa el alto nivel de sedación que presentaba y que nunca antes había tenido episodios compulsivos de tirar agua.
Se cuestiona qué llevó a esta situación, si la medicación fue brindada correctamente o si hubo excesos en su suministro; también se pregunta sobre los motivos por los que fue administrada. En la “investigación” tampoco se citó al personal que participó de la reanimación, tal como había sido solicitado. Esa diligencia tampoco se practicó.
Marcelo estaba muerto en el piso, sobre un colchón, tapado con una manta hasta la cabeza. Para ingresar a la celda fue necesario abrir tres puertas que estaban cerradas. No había signos de violencia en el cuerpo. La autopsia no pudo identificar una causa de muerte. Según los informes clínicos, se cayó y se golpeó la cabeza, pero se desconoce cuánto tiempo estuvo tirado en el piso sin asistencia y si su muerte podría haber sido evitada si hubiera recibido atención a tiempo.
En la carpeta investigativa luce un “informe definitivo” de la aparente causa de muerte. Se solicitó a la Fiscalía una ampliación de este, para contar con los hechos que antecedieron al deceso, para que se haga una autopsia y para que se consideren elementos que colaboren a entender la conclusión a la que se llegó, que fue la de una “aparente muerte natural”.
En dos escritos presentados se hizo mención a la diferencia en la presencia del medicamento Midazolam [benzodiazepina inyectable ansiolítica sedativa] en el informe toxicológico, pero no así en el informe denominado “definitivo”. En la misma línea, se solicitó contrastar si toda la medicación encontrada en el cuerpo de Marcelo estaba indicada, lo que tampoco se hizo.
A su vez, se solicitó la intervención de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, a través de la Cátedra de Medicina Legal, a efectos de que reconstruya la historia clínica, que fue aportada a la investigación por parte de la defensa de la familia para obtener mejor información acerca del estado de salud de la víctima previo a su fallecimiento, de la medicación que utilizaba, y establecer así una crónica forense a partir de la reconstrucción de la historia clínica. Si bien esto fue aceptado, no se tiene conocimiento de que se haya practicado, tampoco fue notificado un resultado.
En todos los escenarios se plantea que la investigación fiscal no aclara ninguna de las situaciones y ni siquiera ahondó en el tema, ya que archivó de plano el caso porque consideró que, como no tenía signos de violencia externa, la muerte de Marcelo no fue violenta, ni su cuerpo estaba violentado.
Para la defensa, faltan diligencias por observar, varias aportadas por la familia, de las que se desconoce su valoración. A la hora de solicitar el reexamen, indican que es clave el planteo de hipótesis alternativas, que se establezca una investigación minuciosa y acorde a derecho para determinar cómo murió Marcelo, pero también para prevenir futuras muertes de este tipo en el sistema carcelario, ya que los casos en los que se entrecruzan los problemas de salud mental severos y el abandono no son aislados. Para solicitar el reexamen, que fue aceptado por el Poder Judicial, se pide lo básico: que se investigue, tal como estableció el juez competente, quien solicitó que se subrogue a Iglesias de forma urgente.