El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Alejandro Machado, comenzó la indagatoria en la causa que investiga presuntas irregularidades en la entrega del pasaporte uruguayo a Sebastián Marset en noviembre de 2021, cuando el narcotraficante uruguayo se encontraba preso en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, por intentar salir del país con un pasaporte falso paraguayo.
Según informaron a la diaria fuentes allegadas al caso, la primera en declarar fue Karina Antenor, la instructora sumariante de la investigación administrativa realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Antenor, que declaró en calidad de testigo, fue consultada sobre las conclusiones de la investigación interna en la cancillería que determinó que el procedimiento había sido ajustado a derecho, pero también reveló que muchos de los funcionarios de la cartera estaban al tanto de quién era Marset.
Pese a los dichos del canciller uruguayo, Francisco Bustillo, durante la interpelación del 22 de agosto de 2022, de que “nadie sabía” quién era Marset, la investigación interna reveló que esa información llegó a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, a la exdirectora general de Asuntos Consulares y Vinculación Pauline Davies, y a quien la sustituía provisoriamente en el cargo, Santiago Viale, a la cónsul en Abu Dabi, Fiorella Prado, y al embajador uruguayo en Emiratos Árabes Unidos, Álvaro Ceriani.
La investigación permitió conocer que diez mails vinculados al caso Marset que fueron enviados a una casilla genérica de la subsecretaría, a la que accedían varios funcionarios, fueron borrados de la bandeja de entrada.
Tras la declaración de Antenor por vía telemática, con la representación del abogado Gustavo Bordes, Ceriani declaró por más de una hora y ratificó en términos generales lo que planteó en su declaración en la investigación administrativa, en cuanto a que él se limitó a cumplir las órdenes dadas por la cancillería, tras sugerir una revisión sobre el caso, considerando la situación jurídica de Marset ante las autoridades paraguayas, algo que para los directores de cancillería no constituye un impedimento legal para obtener el pasaporte.
Este miércoles declararán ante el fiscal Machado Pauline Davies, que se desempeña como cónsul general en Washington, y declarará vía Zoom con la asesoría legal de Jorge Barrera, y Fiorella Prado, quien concurrirá con el abogado Eduardo Sassón.
Uno de los puntos que serán tratados en la indagatoria de Prado es la forma en que se dejó sin efecto la solicitud del pasaporte pedido por Marset ante el consulado uruguayo en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, en enero de 2019, para dar trámite al pedido desde Emiratos Árabes.
Si bien en un audio enviado a Balbi Prado dice que se modificó dentro del sistema el estado de esa solicitud de suspendido a anulado y eso le permitió avanzar con la solicitud del pasaporte desde el consultado en Abu Dabi, fuentes allegadas a la investigación informaron a la diaria que las pericias sobre este punto, pedidas por el abogado de Carolina Ache, Jorge Díaz, determinaron que no fue tal como dijo Prado, porque el sistema no lo permite, y que el trámite ya estaba anulado cuando la cónsul ingresó al sistema.
En esta primera ronda de indagatorias en Fiscalía por esta causa declararán 14 personas, entre ellas, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y Bustillo, además del subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, quien el 3 de noviembre de 2021 advirtió a Ache sobre la peligrosidad de Marset. También declarará Alejandro Balbi, uno de los abogados de Marset, quien asumió la mayor parte de las comunicaciones con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Poder Judicial para que el trámite se concretara, incluyendo una reunión en el despacho de Ache el 24 de noviembre de 2021.
El pasaporte de Marset fue impreso el 25 de noviembre de 2021 y entregado luego de que Marset autorizara al abogado Carlos Andrés Balbi a retirar el documento en la cancillería. Una copia escaneada del documento fue enviada al consulado a pedido de Balbi, para poder presentarlo a las autoridades judiciales de EAU, con la estrategia de plantear que Marset había sido engañado en Paraguay por quienes le entregaron el pasaporte, debido a que no tenía motivo legal para recurrir a un documento falso.