Una mujer estuvo internada en un hospital público durante diez días entre abril y mayo de 2021. Un enfermero, de iniciales GWFS, ingresó solo a su habitación y cuando la bañó abusó sexualmente de ella en dos oportunidades, en diferentes días: la tocó de manera indebida e hizo comentarios inadecuados sobre la víctima, según informó la fiscalía.
El centro de salud llevó adelante una investigación administrativa. Por otro lado, la denuncia se llevó a la órbita penal.
La Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 8° turno, a cargo del fiscal Maximiliano Sosa, investigó el caso. A través de un juicio oral obtuvo la condena del enfermero como autor penalmente responsable de dos delitos de abuso sexual en régimen de reiteración real a la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. El juez a cargo del caso fue Alejandro Asteggiante.
Además, se dispusieron como penas accesorias la pérdida y la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, la tutela, la curatela, la guarda y la tenencia de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, así como para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad o personas mayores en situación de dependencia y para cargos públicos o privados en la educación y en la salud por un plazo de diez años. También la obligación de reparar patrimonialmente a la víctima por un monto equivalente a 12 ingresos mensuales o en su defecto a 12 salarios mínimos nacionales. Además, fue incluido mediante perfil genético en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.
En cuanto al centro de salud, en la sentencia se destaca que “este organismo poco hizo para no revictimizar a la víctima debiendo relatar los acontecimientos padecidos a varios funcionarios y autoridades del hospital, e incluso se le solicitó que lo hiciera por escrito contando esta con dificultades para movilizar normalmente sus extremidades superiores y aún fue visitada por una escribana de la institución para la investigación administrativa y la volvió a interrogar, todo alejado de cualquier protocolo institucional de protección a los derechos de víctimas de violencia hacia la mujer”.