La jueza en lo penal de 42° turno, Dolores Sánchez, accedió al pedido de los denunciantes en la causa Katoen Natie de reexaminar con otra fiscalía la decisión de archivar el caso que investiga el acuerdo firmado entre el gobierno y la empresa belga para la concesión de la terminal especializada en carga y descarga de contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081.
En una audiencia en la tarde de este martes, los legisladores del Frente Amplio Charles Carrera, Mario Bergara y Enrique Rubio volvieron a plantear la necesidad de avanzar en la investigación penal contra quienes participaron en el acuerdo firmado el 25 de febrero de 2021: el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, el subsecretario, Juan José Olaizola, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo.
Para los senadores frenteamplistas, que realizaron la denuncia en setiembre de 2021, el fiscal especializado en Delitos Complejos de 3° turno, Gilberto Rodríguez, dejó elementos sin indagar que pueden ser útiles para determinar responsabilidades penales en el acuerdo.
Según se denuncia, el pacto implica múltiples violaciones a las leyes que regulan la actividad portuaria, como el literal D del artículo 20 de la Ley 17.243, que plantea que debe asegurarse “la prestación de servicios en igualdad de condiciones” y no comprometer restricciones en otras áreas del puerto; o el 377 de la Ley 19.355 (ley de presupuesto 2015-2019), que establece que las concesiones “que afecten un espacio territorial del recinto portuario pueden prorrogarse por resolución del Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la ANP”.
En los fundamentos para pedir el reexamen por parte de otro fiscal, los legisladores sostienen que Rodríguez sólo investigó el abuso innominado de funciones, previsto en el artículo 162 del Código Penal, cuando podría haber ampliado la indagatoria en otras tipificaciones, como falsificación ideológica por funcionario público y fraude, planteadas por los denunciantes.
Los senadores señalaron que la estrategia de la defensa de los cuatro investigados fue reinterpretar la normativa vigente “para darle un sentido que no tenía”. “Para eso, utilizaron a consultantes contratados por la propia empresa Katoen Natie que se prestaron para ese trabajo. Estas consultas fueron los elementos que utilizó el fiscal para entender que había ‘dos bibliotecas’ y, por tanto, no existía mérito para asegurar que los indagados actuaron con conciencia de la ilegalidad”, sostuvieron en los argumentos presentados ante la Justicia.
Además del abuso de funciones, que al entender de los denunciantes les cabe a los cuatro investigados, también reclaman que se analice la comisión de un delito de falsificación ideológica por el manejo de los expedientes administrativos en los que se diligenciaron los asesoramientos correspondientes para avanzar en el acuerdo con la empresa y en el nuevo reglamento de atraque.
Según los denunciantes, el ministro Heber pidió el asesoramiento a la ANP luego de firmar el acuerdo con la empresa, cuando la consulta es un requisito legal para evaluar la posición del organismo.
“El ministro de Transporte y Obras Públicas a las 17.00 pide que se le asesore acerca de la conveniencia de firmar un decreto que él ya había firmado personalmente esa misma mañana y que en su texto consignaba que se había recibido el asesoramiento de la ANP, cuando en realidad ese asesoramiento recién se estaba pidiendo horas después de firmado el decreto por todo el Consejo de Ministros”, plantearon.
En cuanto al delito de fraude, los legisladores del Frente Amplio señalaron que tanto Heber como Ferrés incurrieron en la conducta tipificada en el artículo 160 del Código Penal y procedieron buscando “engañar” con la urgencia de la amenaza del juicio internacional que Katoen Natie supuestamente realizaría contra el Estado uruguayo. Agregaron que al firmar el acuerdo generaron “un gran daño al patrimonio estatal”.
“Los denunciados actuaron con dolo, omitiendo deliberadamente solicitar la opinión a las asesorías jurídicas de todas las dependencias estatales que debían intervenir, lo que les habría permitido proceder favoreciendo ilícitamente a la concesionaria e intencionalmente en perjuicio de los intereses públicos”, agregaron.
Además, los denunciantes sostienen que el hecho de que el presidente de la ANP, Curbelo, haya dado el asesoramiento en forma personal, cuando la ley establece que es el directorio el responsable de hacerlo, constituye en sí un delito de abuso de funciones. También destacaron que los otros miembros del directorio conocieron el acuerdo cuando ya estaba firmado.
La defensa de los legisladores sostuvo que el dictamen de archivo reconoce que se trata de un caso análogo al del expresidente del BROU Fernando Calloia, “pero paradójicamente el fiscal entiende que en ese caso sí existía delito, porque el economista tenía una mejor comprensión de la normativa que Curbelo, quien es abogado con 20 años de experiencia profesional y tres años de experiencia en el directorio de la ANP”.
La causa había sido archivada el 28 de noviembre por el fiscal Rodríguez, quien consideró que si bien existieron desprolijidades administrativas no había mérito para continuar con la investigación penal.
El artículo 100.3 del Código del Proceso Penal habilita a los denunciantes a reclamar, en caso de archivo, la revisión de la causa por otro fiscal, que en este caso será la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° turno, Silvia Porteiro.
Rodríguez: “los argumentos al momento del archivo fueron contundentes”
Conocida la noticia, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo a la diaria que el FA “evidentemente tiene sus razones” para haber hecho el pedido de revisión del caso, las cuales para él son “pura y exclusivamente de orden político”, porque “los argumentos al momento del archivo de las actuaciones, desde el punto de vista jurídico, fueron contundentes”.
“Es una perla más, de las que el FA ha dado muestras, de la judicialización de la política. Cuando cualquier decisión de carácter política de un jerarca público, que está dotado de cierto poder discrecional para tomar sus resoluciones, se cuestiona desde el punto de vista jurídico y se le pretende atribuir arbitrariedad, el paso siguiente termina siendo la denuncia penal. Ahora, cuando la Fiscalía entiende que no es procedente, creo que es argumento suficiente como para dejar de embromar con el tema. Pero el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”, sostuvo Rodríguez.
Agregó que este episodio es uno más en el que el FA “pretende instalar como un relato, que busca atribuirle al gobierno nacional una falta de transparencia”, entonces, “según el FA, toda la concesión del puerto está sometida a un manto de oscurantismo absoluto, de dudosa legalidad”, etcétera. “Pero la realidad es que los hechos son tercos, y demostraron que no van en línea con lo que el FA pretende instalar”, finalizó.
A su vez, el senador blanco Jorge Gandini dijo a la diaria que fue un procedimiento “con un resultado obvio”, y subrayó que “las partes interesadas no aportaron elementos ni testigos nuevos”, por lo tanto, “no hay nada nuevo”. “Me parecía obvio que si el FA lo planteaba, el juez le iba a hacer lugar. Pero veo que el FA agota su último recurso; es la bala que le queda, la tiene que jugar”, subrayó. Por último, Gandini dijo que la revisión del caso la toma con tranquilidad, porque “lo que se hizo está bien y la Fiscalía lo corroboró, no creo que haya delito”.
Por otro lado, el senador del FA Mario Bergara dijo en entrevista con Telemundo que esta es una “buena noticia” para la oposición porque el archivo del caso en noviembre les generó “gran insatisfacción”, ya que entendían que no todo lo que habían planteado “había sido tomado en cuenta” y había “algunas interpretaciones erróneas”. “Para nosotros es una buena noticia porque este es un tema muy grave. Entendemos que en el proceso del acuerdo que hizo el gobierno, escandaloso, de entrega de un monopolio por 60 años en el Puerto de Montevideo, se incurrió en delitos”, consideró.