En junio del año pasado, los jugadores de Peñarol Walter Gargano y Lucas Viatri fueron denunciados por un presunto acoso sexual a dos trabajadoras de un salón de eventos, donde parte del plantel aurinegro había organizado una fiesta.
A Gargano lo denunciaron por un presunto delito de abuso sexual y a Viatri por el mismo delito y, además, por amenazas. Inicialmente, también habían denunciado a Agustín Canobbio, quien no había participado de la fiesta porque tenía una fractura en la cara producto de una lesión.
El caso fue investigado por la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia de Género de 8º turno, a cargo del fiscal Maximiliano Sosa, que resolvió el archivo del caso, según informó Telemundo y confirmó la diaria.
Desde Fiscalía informaron que el fiscal “no logró el umbral probatorio necesario para realizar una imputación y menos para realizar una acusación en un juicio oral”. Consignaron que “a partir de que se dispone el archivo, las denunciantes tienen un plazo de 30 días para pedir el reexamen”. Según el fiscal, “agotó todas las diligencias posibles en cuanto a cámaras y testigos y no encontró la evidencia suficiente para avanzar en la investigación”.
En la fiesta, que se realizó tres meses antes de la denuncia, se dio un incidente porque no se permitían celulares y alguien que integraba el personal del local intentó filmar una discusión. Luego, dos mujeres presentaron la denuncia por un presunto delito de abuso sexual.
Tanto a Gargano como a Viatri se le impusieron medidas cautelares de comunicación y acercamiento con las denunciantes, lo cual es de orden en las denuncias por violencia de género.
Gargano fue defendido por el abogado Homero Méndez, que planteó evitar la mediatización del caso. Señaló que la intención era dejar trabajar a la Justicia y que estos episodios, además de generar una alta exposición y vulneración a las personas que denuncian, generan un impacto en las personas denunciadas, porque “no respeta en ningún caso la presunción de inocencia”.
Por su parte, Viatri fue representado por el abogado Ignacio Durán. Las defensas indicaron que las mujeres intentaron llegar a un acuerdo económico con los jugadores antes de radicar la denuncia.