El fiscal especializado en Delitos Económicos Alejandro Machado tomó declaración al ministro de Ambiente y exvicepresidente de Antel, Robert Bouvier, en la causa que investiga presuntas irregularidades en la construcción del Antel Arena.
Bouvier llegó a la Fiscalía junto al abogado denunciante en la causa, Gustavo Bordes, y declaró como testigo por más de una hora, principalmente con base en la auditoría externa que realizó el organismo sobre el proceso de construcción, concretado en el anterior gobierno.
“Seguimos en el convencimiento de que todo el proceso de construcción del Antel Arena tuvo unos cuantos vicios importantes, a nuestro entender. El hecho de que hubo falta de transparencia, de integridad en las compras, la compra directa fue la regla y no la excepción. Un funcionario público debería tener mucho celo en que los dineros públicos sean realmente administrados en forma correcta”, señaló Bouvier en rueda de prensa, a la salida de la Fiscalía.
Bouvier dijo que cuando asumió su cargo en el directorio de la empresa estatal “tenía la responsabilidad de aclarar estos temas” y planteó que la obra fue construida sin el control social y parlamentario adecuado. En ese sentido, defendió la auditoría externa como mecanismo de contralor.
“Fue el tratamiento objetivo, transparente e independiente de Antel a los efectos de que evaluara qué compras se habían realizado, cuáles fueron los procedimientos, si había habido apartamientos o no, cuál era el costo total de la obra, cuál era el nivel de endeudamiento que teníamos. Todos análisis que eran externos, independientes y objetivos”, agregó.
La causa fue iniciada en noviembre de 2021, luego de recibir la auditoría externa y un informe de la Junta de Transparencia que se basó en esa auditoría. En principio fue diligenciada por el fiscal Enrique Rodríguez, que luego fue trasladado a la fiscalía de Lavado de Activos.
En julio de 2022, acompañada del abogado Gonzalo Fernández, declaró ante el fiscal Rodríguez la expresidenta de Antel Carolina Cosse, quien calificó como una “opereta política” la denuncia penal y destacó su confianza en los trabajadores implicados en el proyecto. Además, calificó la auditoría como una “seudoauditoría” elaborada por el estudio de abogados de un “militante herrerista”.