Se agregó un aditivo en la Rendición de Cuentas que limita por tres años el ejercicio profesional de los fiscales en caso de cese. También ordena esta limitación para el fiscal de Corte.
La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) manifestó en un comunicado su “más absoluto rechazo” a este proyecto que “afecta gravemente el derecho al trabajo y la libertad”. Por eso, solicitan que “el Parlamento reconsidere la aprobación de esta norma, pues, es claro que el análisis a realizar debe ser precedido de múltiples ponderaciones que los plazos exiguos de las leyes de Rendición de Cuentas no permiten”.
“Nos preocupa que se limiten derechos consagrados constitucionalmente, sin invocarse razones de interés general”, plantearon desde AMFU, y expresaron que “por el contrario, como surge de la versión taquigráfica, quien lo propone expresa ‘quiero decir que esta iniciativa responde a una solicitud que se formuló desde la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay y diría que a un reclamo bastante generalizado en el foro’”. Según manifiestan desde la asociación de fiscales, “se refieren razones de interés particular de quienes son nuestra contraparte, en el rol de acusadores que desempeñamos”.
Criticaron que no se aprueban leyes que no los perjudiquen mientras las que sí avanzan con fluidez: “Lamentamos que reivindicaciones tan claras en su justicia, como la Equiparación Salarial entre Adjuntos y Adscriptos por realizar la misma tarea, naufraguen permanentemente en todas las instancias presupuestales y prosperen iniciativas que nos restringen derechos”.
Finalmente, anunciaron que este martes realizarán “una Asamblea General Extraordinaria, a los efectos de evaluar las medidas a tomar, ante esta realidad de acoso permanente al Ministerio Público y sus representantes”.
En diálogo con la diaria, el presidente de AMFU, Willian Rosa, contó que “el sentimiento generalizado entre los fiscales es de indignación, sobre todo al ver que no se han contemplado las principales reivindicaciones del gremio, derivadas de la sobrecarga laboral, escasez de recursos y de inequidades salariales, evidenciadas a partir de noviembre de 2017; y en cambio está a punto de aprobarse una norma que nos restringe derechos, siendo una limitación que no tiene ninguna razón de interés general invocada en su tratamiento exprés en dicha comisión”.
“Es una norma con claros visos de inconstitucionalidad, reconocida incluso por el diputado Eduardo Lust, que es profesor de Derecho Constitucional”, resaltó. Agregó que “los artículos 7 y 36 de la Constitución son claros, en cuanto a que el derecho al trabajo y/o a ejercer nuestra profesión [abogados] no puede limitarse si no es por razones de interés general, que en la versión taquigráfica no surgen explicitados”. “Quien lo propone hace alusión a una solicitud de la Asociación de Abogados Penalistas, siendo que el presidente de esa gremial me expresó que jamás propusieron nada respecto a los fiscales”, afirmó.
“Lo que refleja esta situación es un ensañamiento contra el colectivo de fiscales, que al rascar un poco aparece una aversión a determinadas personas con nombre y apellido y ese no puede ser el argumento para retacear derechos de un grupo de ciudadanos”, indicó Rosa.
En ese sentido, señaló que “cuando vemos una línea del tiempo que incluye culparnos por cifras de inseguridad, acusarnos de actuar con sesgos espurios, querer criminalizar nuestra tarea con el delito de ‘prevaricato’ y ahora esta propuesta, hay una situación de acoso tal que nos hace reaccionar. Siempre que hay un embate contra el colectivo procuramos llamar a la reflexión, proponer diálogo; hemos trajinado explicando hasta en los detalles más ínfimos nuestras reivindicaciones y nada. Sin embargo, estas normas perniciosas se proponen y se aprueban en tiempos récords; no estaba en el proyecto original, ni el que salió de diputados”.
“Ojalá en el Plenario se pueda quitar de la Ley de Rendición de Cuentas esta propuesta que no tiene nada de presupuestal y se incluyan los reclamos que hace seis años venimos realizando incansablemente”, concluyó el presidente del gremio de fiscales.