En el marco de la Operación César, que investiga una organización criminal vinculada a la falsificación de documentos jurídicos asociados al pasaje de la cárcel a una prisión domiciliaria del narcotraficante Juan Antonio González Bica, se detectó una organización criminal, de la que forma parte la abogada Mercedes Acosta que se dedica a la falsificación de documentación para lograr movimientos de personas que están presas, como traslados y cambios en las medidas cautelares o en las condiciones de reclusión.
La abogada fue detenida este viernes. También fue detenido el líder de la organización: Matías Campero, un secuestrador y estafador que había logrado su propia prisión domiciliaria falsificando documentación en la que planteaba que por razones de salud no podía estar en una cárcel. Además, se detuvo a su pareja.
Este sábado los tres fueron imputados y se dispuso la prisión preventiva para todos, por lo que Campero volvió a la cárcel. Fueron formalizados por falsificación de documento privado y estafa porque, según indicaron desde el organismo, “se trata de una estafa procesal, claramente”. Además, en el caso de Campero se dispuso la formalización por usurpación de título, porque se hacía pasar por abogado. La fiscal Ferrero destacó la importancia de este caso en cuanto a la estafa procesal y el daño que puede ocasionar en el sistema de administración de justicia, porque busca inducir error a los operadores judiciales para que haya imputados que se beneficien de eso. Por eso, resaltó la importancia de haber detectado esta maniobra y poder sancionar a los responsables.
Tras la audiencia del caso, desde Fiscalía informaron que se dispuso una reserva judicial estricta, por lo que no se van a hacer más declaraciones al respecto.
Según informó El País, hace al menos cinco años que esta organización funciona y varios abogados, de quienes se desconoce hasta el momento la identidad, han usado estos servicios para lograr mejoras para sus clientes. La falsificación principal está asociada a documentación del Instituto Técnico Forense y de médicos para lograr que personas asociadas al narcotráfico pasen de la cárcel a prisión domiciliaria u otras medidas menos gravosas.
Campero vive en Maldonado y cobra en el entorno de 60.000 dólares para producir estos documentos. En el caso de González Bica, indicaron que le cobró 100.000 dólares. Este narcotraficante fue imputado en junio de 2022 en el marco de la Operación Pitágoras, luego de que le incautaran 172 kilos de cocaína y 251 kilos de pasta base, también un arma y dinero, que trasladaba en una falsa ambulancia por la ruta 8 desde Cerro Largo a Montevideo. González Bica, líder de la organización, fue condenado a más de cuatro años de prisión por varios delitos asociados al narcotráfico. El caso estuvo a cargo de la Fiscalía de Estupefacientes de 1° turno, a cargo de la fiscal Mónica Ferrero.
La prisión domiciliaria fue el resultado de un proceso que comenzó en mayo de este año cuando su defensa, a cargo de la abogada Mercedes Acosta, que pidió que pasara a este régimen por razones de salud, por una supuesta insuficiencia renal. La fiscal Ferrero apeló, pero la jueza del caso, María Elena Mainard, del Juzgado Especializado en Crimen Organizado de segundo turno, hizo lugar al pedido y González Bica se fue a su casa en La Floresta, Canelones. Tras la fuga, la Fiscalía apeló otra vez la decisión de Mainard -la que también fue criticada por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber- y pidió que se corrobore mediante la lectura de la historia clínica que efectivamente González Bica tiene una insuficiencia renal. A su vez, se libró una requisitoria internacional para el narcotraficante. La abogada Acosta, ahora imputada, renunció a la defensa un día antes de la fuga.
Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, presentó una denuncia penal por la falsificación de documentos asociados a su oficina que refieren al caso de González Bica. Los documentos son apócrifos e informan sobre la situación del narcotraficante ahora fugado. Petit informó que en reunión con la fiscal Ferrero encontraron que en al menos tres casos más hay documentos falsificados de su oficina y continúan relevando en cuántos casos más podría haber materiales apócrifos. Para el comisionado, esto demuestra una organización criminal muy importante con una “capacidad de daño sin precedentes”.
Por otra parte, Heber planteó que se investiga el involucramiento de abogados y médicos en la organización y pidió que se “revise” la situación de otro narcotraficante que también está en prisión domiciliaria monitoreado con tobillera. “Esto abona la tesis de que los jueces no se pueden quedar únicamente con el certificado que la defensa presenta, sino pedir las historias clínicas para que no mientan sobre enfermedades para eludir la seguridad de una prisión. Se tiene que pedir la historia clínica para probar si la enfermedad existe”, alertó.
Exabogado declaró como testigo
Ignacio Durán fue la defensa de González Bica hasta marzo de este año. Acosta lo había señalado como el iniciador del pedido de la prisión domiciliaria para su defendido, lo cual fue descartado por Durán mediante la presentación de pruebas de conversaciones con la abogada. Justamente, como Durán no hizo movimientos para lograr un cambio de medida, González Bica resolvió cambiar su defensa y que sea asumida por Acosta.