La Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitirá una circular instando a los jueces que hayan otorgado prisiones domiciliarias a cerciorarse de la autenticidad de los documentos en los que se basaron, luego de que la semana pasada una investigación de la fiscal de Estupefacientes de primer turno, Mónica Ferrero, detectara una organización para falsificar documentos.
La presidenta de la corte, Doris Morales, recibió por parte del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, un listado de 50 casos en 2023, en los que se les otorgó la prisión domiciliaria a personas privadas de libertad vinculadas al narcotráfico, según informó El Observador.
En la sesión de acuerdo del jueves, los ministros de la SCJ definieron iniciar una investigación administrativa sobre el caso que otorgó prisión domiciliaria al narcotraficante Juan Antonio González Bica, quien tras acceder a esa medida cautelar, a través de certificados médicos y un documento del comisionado parlamentario falsificado, rompió la tobillera y se fugó.
La organización criminal dedicada a la falsificación de documentos judiciales estaba integrada por la abogada Mercedes Acosta y el estudiante avanzado de abogacía Matías Campero, quien se encargaba de emitir los certificados médicos falsos.
El viernes pasado la jueza de Crimen Organizado de segundo turno, María Helena Mainard, formalizó el proceso contra Acosta y Campero por falsificación de documentos, constatando que habían ingresado al expediente judicial del caso González Bica, documentos apócrifos del Comisionado Parlamentario, del Instituto Técnico Forense y de instituciones médicas.
El caso fue denunciado por el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, quien se reunió con Ferrero y Mainard y constató la existencia de varios escritos que simulaban ser un recurso presentado por el comisionado. Para ello, habían copiado y pegado textos originales del comisionado, adaptándolos con la información del caso concreto.