Cuando una persona está privada de libertad y debe presentarse a una audiencia judicial, es conducida desde la cárcel al juzgado con custodia policial. La gestión está a cargo del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del Ministerio del Interior. Cuando están detenidas, la responsabilidad es de cada jefatura departamental.
En marzo de este año, el fiscal Willian Rosa, que preside la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), reveló que la situación respecto a las custodias es crítica, lo que repercute directamente en la eficiencia del sistema de justicia.
Según decía Rosa en aquel momento, “las audiencias penales en Montevideo no se hacen en hora porque faltan policías para custodiar a los detenidos”. Lo definió como “un problema que se arrastra desde hace meses y no se soluciona desde el Ministerio del Interior”.
“Las dilaciones perjudican el trabajo de la Fiscalía y del Poder Judicial”, señaló, y ejemplificó con la situación que atravesaba ese día: “Hace más de una hora estoy esperando para que se haga una audiencia. Este rato que estoy perdiendo acá me quita tiempo de estar trabajando los otros 11 casos que tenemos por resolver en Fiscalía, y es trabajo que no puedo adelantar desde acá, lamentablemente”.
“Maximizar recursos para que las instituciones funcionen adecuadamente urge”, expresó, y agregó que lo hacía público porque “es un tema que no se ha solucionado, a pesar de arrastrarse desde hace tiempo y de estar en conocimiento de las autoridades”.
A meses de publicar este reclamo, volvió a expresarse al respecto en su red social X, donde indicó que “ocho meses después de haber reclamado por esto, sigue sin solucionarse”. “Las autoridades deben comprender la imperiosa necesidad de solucionar cuestiones instrumentales que permitan mejorar la eficiencia del sistema”, manifestó.
En diálogo con la diaria, Rosa afirmó que “se dan dos problemas de trascendencia e impacto en la dinámica diaria del sistema de justicia penal. Por un lado tenemos el tema de la falta de custodias para las personas que están detenidas y son llevadas al juzgado, y por otro el asunto de la conducción de personas recluidas en centros carcelarios que deben ser llevadas a audiencias donde se va a dilucidar algún asunto puntual sobre su situación procesal”.
“En cuanto a lo primero, se debe a que cuando una persona está detenida y la llevan a audiencia, al menos un funcionario policial debe custodiarla para garantizar su seguridad y la de los demás”, explicó, y se explayó diciendo que “lo que sucede es que en Montevideo tanto en la mañana como en la tarde funcionan al mismo tiempo cuatro juzgados y la cantidad de policías muchas veces no alcanza para cubrir todas las audiencias; eso genera que las audiencias se atrasen y eso impacta considerablemente”.
La afectación del sistema de justicia
Esto tiene repercusiones directas sobre el trabajo de los fiscales, las que describió: “Por ejemplo, para un fiscal de turno ir y hacer una audiencia en el tiempo que es fijada es fundamental para volver a su despacho y trabajar con otros detenidos respecto de los cuales hay plazo de detención a vencer”.
“Ha pasado que por esta cuestión se declararon vencidos plazos de detención y se debió -porque así lo establece la Constitución- liberar personas porque la audiencia no se realizó antes de las 24 horas”, señaló el presidente de AMFU, y dijo que este “es un tema muy delicado porque afecta -viéndolo desde el punto de vista de la Fiscalía- la posibilidad del Estado de ejercer oportunamente su función de persecución penal”.
“Hemos planteado reiteradamente este problema sin que se solucione por parte del Ministerio del Interior, que es el organismo encargado de las custodias”, lamentó Rosa, y planteó que “en lo que tiene que ver con los traslados de la cárcel a los juzgados o a las fiscalías es otro dolor de cabeza, constantemente se nos contesta desde el INR que no se efectivizará el traslado por no contarse con móvil o porque falta personal para custodiar a las personas a trasladar”.
Las demoras o la ausencia de las personas conducidas “repercute gravemente en las dinámicas de trabajo de las instituciones en primer lugar, pero también en el normal funcionamiento de los procesos; si un traslado para un juicio no se da, esa audiencia se suspende, y hay que tener en cuenta que muchas veces la realización de una audiencia requiere una preparación tremenda”.
Según relató, “que un testigo o una víctima sensible vaya a juicio a declarar pende de un hilo, donde el trabajo de la Unidad de Víctimas y Testigos es fundamental, entonces la suspensión hace correr el riesgo de frustración de la prueba, y si se frustra la prueba corre riesgo el caso. Y el resultado final de eso es que, al no contarse con prueba, se absuelve, no porque el imputado no haya cometido el hecho, dándose situación de impunidad por causas instrumentales o laterales, esa es la gravedad de estas cuestiones”.
Afirmó que esto “es desde el punto de vista de la Fiscalía, desde la mirada del poder punitivo, que es el que represento como fiscal, pero también desde el punto de vista de la defensa la no conducción de personas recluidas impacta sobre el derecho de los justiciables, alargamiento de medidas cautelares de prisión preventiva cuando podría estar resuelta la situación del preso con un abreviado que le permita saber la fecha cierta de su pena y también realizar trabajos y estudios que le permitan redimir pena”.
Rosa señaló que aunque “parece una cuestión menor, tiene importantes impactos en el desarrollo del sistema, por eso es tan importante que se solucione y es un interés que tienen todas las partes”.
Carencias en INR
Sobre los contactos que han tenido con el INR, indicó que “las respuestas siempre aluden a carencias y no tenemos elementos para dudar de las respuestas que nos esgrimen, es por eso que el reclamo siempre lo dirigimos a las autoridades, que en último término deben dar respuesta con el reforzamiento de estas áreas que permitan cumplir con esas conducciones adecuadamente”.
Soluciones
Respecto a cómo podría solucionarse está situación, indicó que “la respuesta es unívoca”: “Reforzar los funcionarios dedicados a estas tareas. Reforzar las coordinaciones interinstitucionales para detectar los problemas y solucionarlos. Tener conciencia efectiva de los efectos negativos de las faltas de custodias y de las demoras o faltas de conducción”.