El Ministerio del Interior y el Banco Interamericano de Desarrollo presentaron el Libro blanco de reforma penitenciaria, escrito por la doctora en sociología Ana Vigna, en marco de la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva del MI.
Durante la presentación del libro, que establece lineamientos para políticas de Estado en materia de rehabilitación, el ministro del Interior Nicolás Martinelli destacó el valor de la publicación como insumo para las políticas públicas y destacó el “compromiso con la transparencia y con las generaciones futuras”, por parte del Ministerio. “Presentamos este documento, que no sólo incorpora los avances logrados, sino que también sirve como hoja de ruta para quienes asuman esta responsabilidad en el futuro. Vamos a entregar un Ministerio mucho mejor que lo que encontramos en marzo de 2020 y deseo que en 2030 se entregue un mejor Ministerio, porque de eso se trata, de evolucionar y mejorar”, expresó.
El ministro resaltó los avances de la política pública en cárceles mencionando la creación de una oficina del Ministerio de Desarrollo Social en la Unidad N.° 4, Santiago Vázquez, el incremento de los cursos dictados por la Universidad de la República para la población carcelaria, la incorporación de UTU y el incremento de las plazas para personas privadas de libertad en los cursos impartidos por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), que alcanzó a 600 personas. Por otra parte, destacó los avances en materia de inversión tecnológica con la instalación de cámaras de videovigilancia y escáneres para el control del ingreso a las cárceles.
Por su parte, Vigna destacó la disposición del MI y del Instituto Nacional de Rehabilitación para brindar la información necesaria para realizar el trabajo y el apoyo técnico del BID, más allá de la financiación del proyecto. Vigna recordó que la iniciativa de elaborar el libro surgió de la constatación de diferentes actores del sistema político, la academia y de la sociedad civil de la situación de crisis estructural en el que se encuentra el sistema penitenciario desde hace varias décadas y que se viene “tensionando y agravando en función del argumento constante de la población encarcelada”.
Vigna señaló las deficiencias del Estado para generar condiciones para la rehabilitación “y los efectos criminógenos que tiene la cárcel en el estado actual que termina muchas veces consolidando trayectorias delictivas y eventualmente grupos criminales”. La socióloga dijo que “no partimos de cero” en materia de esfuerzos para mejorar o reformar el sistema penitenciario, a partir de diversas iniciativas estatales y añadió que, si bien se toma como referencia experiencias internacionales, el libro busca ajustar las estrategias a las especificidades del contexto local y de las culturas organizacionales. Además destacó la importancia del trabajo interinstitucional. “La política penitenciaria es necesariamente una política intersectorial que requiere de acuerdos tanto programáticos como financieros de múltiples actores del Estado”, señaló.
Vigna detalló que fueron entrevistadas más de 90 personas vinculadas al sistema penitenciaria, el sistema de justicia, autoridades involucradas en la política penitenciaria, personas privadas de libertad, la academia y organismos internacionales, además de la realización de talleres con representantes de los tres poderes del Estado. “Tenemos un debe en definir una meta o el cometido que debería orientar a la política penitenciaria y en este documento propongo que dicha meta sea la reinserción social, que tiende a ser más integral que el mero concepto de rehabilitación, que deposita el foco de la intervención sobre la persona que cometió delitos y tiende a tener una visión más integral que incorpore a diferentes actores estatales y de la sociedad civil en este proceso complejo de alejamiento del mundo del delito”.
Vigna dijo que la política penitenciaria debería estar basada en algunos principios orientadores como el enfoque de derechos humanos, la interinstitucionalidad e integralidad, la intervención técnica basada en la evidencia con el objetivo de la reinserción social, una política participativa, planificada y abierta al monitoreo la evaluación y la mejora continua.
Además, detalló las líneas estratégicas que propone el documento: repensar los niveles de encarcelamiento y jerarquizar las medidas alternativas a la prisión; tener un instituto penitenciario con autonomía técnica y presupuestal que implique la salida de las cárceles de la órbita del MI; la creación de una ley de ejecución penal integral; una ley orgánica del INR; la creación de un Consejo interinstitucional que permita comprometer los recursos necesarios y acuerdos programáticos en política penitenciaria; dignificar y profesionalizar la tarea del trabajador penitenciario; una intervención técnica orientada a atacar los factores individuales asociados a la reincidencia; programas de acceso al ejercicio efectivo de derechos básicos, como la educación, el trabajo, la salud, el acceso a la justicia, entre otros; fortalecer los mecanismos de contralor externos, y las políticas postpenitenciarias a las que calificó como “un eslabón clave” en la intervención, y la sensibilización ciudadana. “Sabemos que estas temáticas no son las más redituables desde el punto de vista electoral, entonces se requiere un compromiso por parte del espectro político y un cambio a nivel de la ciudadanía que debe estar orientado en base a hacia información confiable y precisa de cuáles son las necesidad de la población, cuáles con las intervenciones que estamos desarrollando y cuáles son los resultados que esas intervenciones están teniendo”, afirmó.