La Fiscalía General de la Nación inició una nueva causa contra Romina Celeste por calumnias contra el fiscal especializado en Estupefacientes de 2° turno, Rodrigo Morosoli, luego de que la Justicia archivara la denuncia que Papasso inició contra Morosoli, a quien acusó de haberla forzado a firmar una condena por un acuerdo abreviado por el incidente en la Intendencia de Montevideo, según informaron a la diaria fuentes judiciales.
“Me parece muy importante [decir] que con Rodrigo pudimos hablar de manera muy cordial, que él también se dio cuenta de que soy una persona impulsiva, sin pelos en la lengua, pero educada. De mi parte no va a volver a pasar”, expresó Papasso al final de la audiencia de juicio abreviado, celebrada el 27 de enero de 2023, en la que aceptó ser condenada a siete meses de prisión en calidad de libertad a prueba.
Papasso fue condenada por un delito de atentado especialmente agravado por el incidente ocurrido frente a la Intendencia de Montevideo cuando decidió manifestarse en contra de la visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y mantuvo un altercado con la jefa de inspectores del Servicio de Convivencia Municipal, a quien escupió.
Pese a haber expresado en varias oportunidades su acuerdo con el proceso durante la audiencia de condena realizada por la jueza penal de 34° turno, Blanca Rieiro, nueve meses después, el 25 de setiembre de 2023, Papasso cambió su posición y decidió ir contra el fiscal Morosoli señalando que no había acordado libremente, y reclamó una resolución judicial que anule la condena y su antecedente penal. Papasso denunció a Morosoli por falsificación ideológica por funcionario público, incitación al odio por razones de género y abuso innominado de funciones.
Concretamente, denunció que en el proceso se utilizó un documento con el nombre anterior al cambio de identidad, que estuvo detenida 48 horas -el plazo máximo previsto por la ley-, que no se le permitió incorporar una prueba a su favor y que fue “ridiculizada” al condenarla a realizar un tratamiento psiquiátrico.
La investigación del caso estuvo a cargo de la fiscal de Flagrancia de 16° turno, Betina Ramos, quien el jueves definió el archivo de la causa iniciada por Papasso. En el documento, al que accedió la diaria, Ramos señala que Morosoli “siempre se ha referido en forma respetuosa a la denunciante, identificándola según su género como Romina Papasso o imputada”, y aclaró que el nombre anterior de Papasso surgió “en forma automática” por una falta de actualización del sistema informático, “pero eso no es un actuar imputable a una voluntad deliberada de ofender por parte del fiscal actuante”.
La resolución de Ramos cita declaraciones de la propia Papasso en la Fiscalía en las que retrocede en su intención de ir contra Morosoli: “En realidad, no es una denuncia contra el fiscal, sino contra el sistema [...] Morosoli en la previa en un momento se acercó, se presentó, o sea, en ningún momento me trató mal ni nada, vino aparte a una habitación con el abogado, estuvimos charlando”.
Ramos también desestimó la versión de que no le había permitido incorporar una prueba a su favor, que estaba en su celular, y puso como evidencia la declaración de su abogada defensora Mael Rodríguez, quien dijo que el celular de Papasso no fue entregado en la causa “por razones estratégicas evitando la divulgación de su información personal entre otros motivos y que fue debidamente conversado entre las partes”.
Ante el archivo, la Fiscalía General de la Nación decidió iniciar una investigación contra Papasso por calumnias contra el fiscal Morosoli y envió el caso al Departamento de Depuración, Priorización y Asignación de la Fiscalía para que lo derive a una de las fiscalías. La fiscalía también chequeará si el abogado que realizó la denuncia de Papasso, Pablo López Gamio, está habilitado por la Suprema Corte de Justicia.
La otra causa que enfrenta Papasso -además de la iniciada por la falsa denuncia contra Orsi- está vinculada a la generación de un chat falso que intentó ser incorporado a la carpeta de investigación del caso Penadés.
El hecho fue denunciado por el entonces abogado de Penadés, Javier Vega, y el abogado de Sebastián Mauvezin -el profesor de historia imputado junto al exsenador-, Juan Carlos Fernández Lecchini, por la generación de chats falsos de Instagram, que buscaban generar evidencia de la intermediación de Mauvezin en los delitos sexuales.
La causa fue inicialmente investigada por el fiscal Raúl Iglesias, pero luego de que Papasso lo denunciara por divulgar información personal, Iglesias decidió inhibirse de actuar, y el caso quedó en manos de la fiscalía de 14° turno.
Una de las hipótesis que manejan allegados a la causa es que la estrategia de la defensa de Papasso fue eliminar el antecedente del caso que investigó Morosoli para enfrentar la causa sobre la falsificación del chat del caso Penadés sin antecedentes penales. De esa manera, evitaría la prisión efectiva en caso de una eventual imputación, dado que la denuncia fue realizada dos semanas después de que la fiscal del caso Penadés, Alicia Ghione, decidiera investigar por separado la generación de los chats falsos, porque de las pericias realizadas surgió que habían sido enviados desde una casilla asociada a Papasso y utilizada en coordinación con un joven privado de libertad.